Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, ha enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Juan Carlos Peinado por haber vulnerado el derecho de defensa.
En el escrito, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, Camacho expone que tuvo conocimiento “a través de los medios de comunicación” de la apertura de juicio oral contra Gómez y la adopción de medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de territorio nacional.
Medidas cautelares sin comunicación
Peinado envió a juicio a Begoña Gómez este sábado por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.
“Lo verdaderamente alarmante y objeto de la presente queja radica en que dichas resoluciones, dictadas presuntamente este sábado, día 20 de junio de 2026, no han sido notificadas a esta parte en ningún momento, de suerte que el compareciente -en su condición de defensa técnica- ha debido enterarse de su existencia y contenido a través de la prensa, sin que hasta la fecha de presentación de este escrito haya recibido notificación alguna por los cauces procesales legalmente establecidos”, argumenta el abogado en la queja, remitida a las 12:07 horas de hoy.
Subraya, en particular, la gravedad de que se adopten medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de territorio nacional, sin comunicación previa o simultánea a la defensa, lo que impediría el ejercicio inmediato de los recursos procesales disponibles.
Para Camacho, se trata de una “grave irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial, contraria a los principios y garantías que informan el proceso penal en un Estado de Derecho”, por vulnerar el derecho a la defensa y la tutela judicial y por adoptar medidas cautelares sin comunicación.
Pregunta sobre los motivos por los que no se notificó
La defensa invoca en su escrito los artículos 160 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecen la obligación de notificar todas las resoluciones judiciales a las partes personadas, sin que dicha obligación quede condicionada al día de la semana en que se dicten.
La queja solicita al CGPJ que admita el escrito y lo tramite conforme al procedimiento legalmente establecido, que la Inspección de Tribunales verifique las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones y los motivos por los que no se procedió a su notificación, que se adopten las medidas oportunas si se acredita un funcionamiento anormal del órgano judicial y que se comunique al compareciente el resultado de las actuaciones.
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