Bajar a pasear una mañana cualquiera por el barrio de la Concepción, a pocos metros de la silueta blanca de la mezquita de la M30 —el centro islámico más grande de España—, permite tomar el pulso a una realidad que se ha vuelto asfixiante para muchas mujeres en nuestro país.
Por estas calles pasean y hacen su vida cotidiana muchas familias árabes; especialmente madres que, a primera hora de la mañana, llevan a sus hijos al colegio.
En uno de los bancos del barrio se ha sentado hoy Articulo14: con Fátima, Lina y Salma. Todos son nombres ficticios, porque el miedo al señalamiento y a las represalias se ha vuelto una constante en sus vidas y en esta casa, ya lo saben, se protege a quien lo necesita.
Nombres aparte, todas son mujeres musulmanas que practican su religión con naturalidad, pero que sienten que, en las últimas semanas, coincidiendo con la escalada del discurso de odio tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta, la presión sobre ellas se ha multiplicado.
“Culpan a nuestros hijos de lo que está pasando en España”
“Mis hijos llegan a casa del colegio diciendo que los otros niños se han metido con ellos”, cuanta Fátima. En su rostro se aprecia dolor. El dolor que cualquier madre puede sentir cuando tocan a lo más preciado: sus hijos. “Les dicen que la culpa de todo lo que pasa en España es suya y que no deberían ni compartir el mismo pupitre”.
Sus tres hijos tienen 7, 12 y 17 años. El mayor, relata, intenta defenderse mejor porque entiende el contexto, pero los pequeños no alcanzan a comprender por qué sus compañeros los señalan. Esta hostilidad cotidiana hacia la infancia constituye una forma implacable de violencia hacia sus madres: Fátima, Lina y Salma sufren en carne propia cada impacto psicológico que reciben sus hijos.
Autonomía y libertad de movimiento limitado
El resultado de esta realidad que, cuentan les consta no es solo la suya, es un encierro progresivo y voluntario por pura supervivencia. Las tres coinciden en que apenas salen de casa más allá de lo estrictamente necesario.
Cosas tan cotidianas como hacer la compra o cruzar la calle se han convertido en episodios de violencia sorda: grupos de gente las miran de arriba abajo con desprecio, haciéndolas sentir culpables de una crisis de la que son meras víctimas. Su libertad de movimiento y su autonomía como mujeres quedan de facto limitadas.
Un conductor veja y humilla a una mujer musulmana en Valladolid
En esta conversación, aprovecho a enseñarlas el vídeo grabado hace solo unos días en un autobús de la línea Zamora-Madrid a su paso por Medina del Campo —noticia sacada a la luz por el periodista Juan Navarro en El País. El horror en sus rostros es inmediato.
En el vídeo, un conductor increpa e humilla salvajemente a una viajera magrebí con hiyab que no habla castellano fluido y cuya plaza reservada estaba ocupada por dos jóvenes. “¡¿Te quieres sentar ya, coño, o llamo a la Guardia Civil?!”, “¡No hablas español para lo que no quieres!”, le grita el chófer mientras la humilla públicamente hasta provocarle el llanto.
“¿Ves? ¿Ves?”, me dicen Fátima, Salma y Lina mirando la pantalla. “Esto es exactamente lo que tenemos miedo de que nos pase a nosotras. Por eso preferimos no salir, ir a por los niños y volver directas a casa”.
La vulnerabilidad en cifras
Esta parálisis- impuesta por el miedo- conecta directamente con la radiografía institucional presentada esta misma semana desde la Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo del Ministerio de Igualdad.
Su directora general, Beatriz Carrillo, ha dado a conocer los datos de la Memoria Anual del Servicio para la Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica (CEDRE). La tendencia confirma un crecimiento sostenido desde 2022: solo durante el último año se atendieron 2.811 casos, situando a la Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla y León a la cabeza de los territorios con más incidentes registrados.
El informe constata además un sesgo de género y edad demoledor en este tipo de agresiones: en el 49% de los casos las víctimas han sido mujeres, concentrándose mayoritariamente en la franja de los 26 a los 45 años (el 43% del total).
Unos incidentes que impactan con especial fuerza en la población árabe y magrebí —así como en personas de origen latinoamericano y gitano— y que se manifiestan de forma cotidiana en ámbitos clave como el acceso a la vivienda, el empleo, los servicios públicos o el transporte. Desde el CEDRE subrayan dos factores críticos que coinciden con los testimonios a pie de calle: el constante crecimiento de los delitos de odio y la persistencia de una altísima infradenuncia, motivada precisamente por el pavor a exponerse, las barreras administrativas o el temor al señalamiento social.
Repunte de violencia también en Melilla
A esta vulnerabilidad estructural se le suma el diagnóstico de las responsables del Proyecto Alfa en Melilla. Desde la ciudad autónoma, las trabajadoras sociales y activistas del proyecto advierten de cómo el repunte del racismo y el cierre institucional vivido desde la entrada masiva a Ceuta hace dos meses ha repercutido de manera desproporcionada sobre las mujeres transfronterizas y migrantes.
Muchas de ellas, cuentan a Artículo14, han quedado atrapadas en circuitos de invisibilidad, expuestas a situaciones de explotación laboral, trata o agresiones en el ámbito privado sin posibilidad real de acudir a las fuerzas de seguridad por pánico a ser objeto de expedientes de devolución.
En los campos de Huelva: cacerías, fuego y “trata institucional”
Si en los barrios de Madrid la violencia se traduce en miradas, insultos y encierro doméstico, en la provincia de Huelva adopta tintes de extrema gravedad.
Ana Pinto, portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha, insiste en que, a pesar de que esta realidad – el señalamiento y la persecución hacia las migrantes- no es nueva, el impacto de la crisis en Ceuta se nota.
“Desde lo de Ceuta se ha acentuado aún más la cosa, pero aquí llevamos viendo persecuciones, discursos de odio y relato antiinmigratorio, sobre todo en los pueblos freseros, prácticamente desde que llegaron”, explica Pinto.
“Te metes en los grupos de Facebook de los pueblos y ves a la gente diciendo ‘este ya no es nuestro pueblo, nos están robando‘. Los culpan de quitar las casas y el trabajo, sin tener en cuenta que la fresa o el empleo de interna las 24 horas son trabajos durísimos que la gente de aquí ya no quiere hacer”, detalla a Artículo14.
Discursos de odio que se normalizan en bares
Pinto denuncia la violencia explícita que se respira en municipios como Lepe, Moguer, Palos de la Frontera o Lucena del Puerto: “Yo he llegado a escuchar en los bares de Palos de la Frontera decir que la solución sería poner una valla, cerrar todos los asentamientos chabolistas, meter un cerillazo y meterle fuego para que no quedara ni uno. Y casualmente ahí han vuelto a arder las chabolas y en menos de dos semanas han fallecido dos compañeros migrantes: un compa mauritano en Palos y otro maliense en Lucena.”
La portavoz de Jornaleras apunta directamente a la responsabilidad de los discursos de extrema derecha: “Azuzan para ganar el voto, pero después son los mismos que se los llevan a trabajar a sus tajos. Antes de lo de Ceuta, en plena campaña, ya salieron batidas a la calle a cazar personas migrantes en Almonte y en Moguer”.
“Una misma lucha contra la división”
Tanto en los tajos de la fresa como en las calles colindantes a la M30 madrileña, el patrón patriarcal y xenófobo persigue el mismo fin: atemorizar a las mujeres migrantes, precarizar sus vidas y dividir a la clase trabajadora.
Lina, Salma, Fátima o las 20.000 jornaleras que llegan cada año a Huelva comparten un mismo horizonte de vulnerabilidad, pero también de resistencia.
Nos lo recuerda Ana Pinto desde el campo andaluz de esta manera: “Nuestro enemigo no es la compañera que está en peores condiciones que nosotras y a la que explotan todavía más. Nuestra lucha es con quien nos explota y utiliza el discurso de odio para dividirnos”.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.