La investigación sobre Servinabar 2000, participada por Santos Cerdán junto al empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola, ha sacado a la luz, un año después, las prácticas del grupo Hirurok, cuya traducción del euskera al castellano significa “nosotros tres”. Este grupo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica como una organización con intereses “esencialmente económicos” y orientada al beneficio propio, está formado, además de por Antxón, por Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y Leire Díez, más conocida como la fontanera del PSOE.
Aunque ellos tres constituyen el núcleo de la trama que ha salpicado hasta la cúpula de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -su presidenta, Belén Gualda, está investigada por el rescate de Tubos Reunidos- sus tentáculos alcanzaron el corazón de la Administración del Estado en un área especialmente sensible: la contratación pública.
La UCO sostiene que Hirurok habría contado con la “connivencia y participación” de quien entonces era la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), María de la Concepción Ordiz Fuerte, a quien el grupo se refería como “Conchi” o “Conchita”.
“Conchi ha cumplido”
¿Quién es “Conchita”, como ella misma se identifica en su perfil de LinkedIn? Para entender su participación cabe recordar que previamente a ocupar la presidencia del TACRC había coincidido con Fernández durante su presidencia en la SEPI como directora de Asuntos Jurídicos y como secretaria general del Consejo de Administración. Ordiz, abogada del Estado, abandonó la SEPI en marzo de 2019 para incorporarse a Red Eléctrica como vicesecretaria general. Abandonó la filial de Redeia en marzo de 2020 y, tras unos meses como abogada independiente, en junio de 2021 fue nombrada presidenta del TACRC a propuesta conjunta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Este es el cargo que ocupa en la actualidad, además de representar a España en la Red Europea de Órganos de Revisión de Contratación Pública en Primera Instancia (EU Network of First Instance Public Procurement Review Bodies), que agrupa a las autoridades nacionales encargadas de resolver los recursos en materia de contratación pública.
En un mensaje interceptado por la UCO, Vicente Fernández escribía a los otros dos miembros del grupo, Antxón Alonso y Leire Díez: “Conchita ha cumplido”. Según la investigación, la actuación de Ordiz habría facilitado que Erri Berri, vinculada a la trama, se adjudicara un contrato en Asturias por valor de 2,8 millones, pese a que su oferta había sido considerada anormalmente baja y un competidor habría tratado de impedir la adjudicación con un recurso especial.
Así maniobró Hirurok
Para llegar a esa adjudicación, que acabó reportando al grupo Hirurok unos ingresos de más de 575.000 euros, la trama habría comenzado a mover sus hilos casi un año antes. En el segundo trimestre de 2021, el 26 de abril, una UTE competidora de la constructora vasca Erri Berri resultó adjudicataria del desmantelamiento de unas Baterías de Coque y Gasómetros en Avilés (Asturias) por 18,9 millones de euros. Esta adjudicación fue recurrida por la empresa, logrando la anulación y una nueva licitación. Todo ello pese a que, según refleja la UCO, la propia trama era consciente de la dificultad.
Aun así, el objetivo, según escribió Leire Díez en una conversación mantenida a través de Threema —la aplicación de mensajería que utilizaban por considerarla más segura que WhatsApp—, era que el presidente del órgano de contratación “les debiera algo”.
En el nuevo concurso, Erri Berri presentó una oferta anormalmente baja, pero, según la UCO, con las gestiones de la trama logró fuera admitida. Tal y como recoge el informe, los miembros de Hirurok habrían tenido acceso a información reservada. “Se deduce que Vicente dispuso de información proveniente del órgano de contratación”, concluye la Guardia Civil. El 1 de diciembre de 2021 se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la adjudicación.
Como ya había ocurrido en la licitador anterior, el competidor presentó un recurso. En una conversación intervenida, Leire Díez manifestó que ya tendría conocimiento de su presentación. El 13 de diciembre de 2021, el expresidente de SEPI informó al grupo: “He quedado con la Presidenta del Tribunal de Contratos para que esté alineada con nosotros cuando se produzca el recurso”. Para tratar que fuera inadmitido se trató de acelerar la formalización de la adjudicación.
“Este es el camino”
Entretanto, Fernández maniobró con Sepides, la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial, filial de SEPI, órgano licitador. Así lo acredita otra conversación incorporada al informe: “El abogado ( … ) que lleva la defensa de Erri Berri está coordinándose con nuestro hombre en Sepides“.
Finalmente, 20 de enero de 2022, el TACRC resolvió inadmitir a trámite el recurso del competidor. Un día después, Vicente comunicó la noticia al resto del grupo con un mensaje tan escueto como relevador: “Conchita ha cumplido”.
El 22 de enero, Fernández hizo balance del resultado obtenido. Como acredita el informe de la UCO, escribió: “Ha sido un año de trabajo, de gestiones con unos y con otros”,para añadir después que todo había sido posible “gracias al esfuerzo de los tres, cada uno en su ámbito”. Concluía el mensaje celebrando que habían conseguido revertir una situación que “parecía casi imposible” y remataba: “Este es el camino”.
El TACRC, un órgano encargado en resolver recursos
La relevancia de la participación identificada por la UCO de la entonces presidenta del TACRC radica en la propia función que desempeña este órgano. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales constituye el principal mecanismo de control de la legalidad de las grandes licitaciones de la Administración General del Estado. Es el órgano encargado de resolver los recursos especiales en materia de contratación, revisar las adjudicaciones cuando una empresa denuncia posibles irregularidades y, en su caso, suspender o anular procedimientos de contratación pública.
Por ello, si, como sostiene la UCO, la trama logró influir también en el órgano llamado precisamente a fiscalizar la legalidad del procedimiento, el control administrativo quedaría desactivado. Es decir, no solo se habría condicionado la adjudicación de un contrato público, sino también el mecanismo institucional diseñado para corregir posibles irregularidades y garantizar la igualdad entre los licitadores.
“Si se compromete la independencia del órgano que debe revisar las adjudicaciones, se resiente uno de los principales controles del sistema de contratación pública“, resume un experto en derecho administrativo consultado por Artículo14.