La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vive su particular déjà vu. El 1 de octubre de 2019, Vicente Fernández, entonces presidente del holding empresarial del Estado, presentó su dimisión tras su citación como imputado por la Audiencia de Sevilla en la causa penal sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Hace casi siete años, la reapertura de la investigación por la concesión de esta explotación llevó a quien había sido secretario general de Industria de la Junta de Andalucía durante el Gobierno de Susana Díaz a presentar su dimisión al frente de la SEPI.
A este cargo llegó de la mano de María Jesús Montero como titular del Ministerio de Hacienda, al que está adscrito la SEPI. De hecho, quien le nombró fue también quien anunció su dimisión -la puesta a disposición de su cargo-. “Habrá que dejar que la Justicia actúe, pero recordar que ha sido un caso que se ha archivado ya en dos ocasiones y que forma parte de las tareas desarrolladas por esta persona durante su etapa anterior. Nada tiene que ver con el desarrollo de su actividad actual”, aseguraba Montero. Tres días después, el BOE publicó su cese, a petición propia.
El puesto de presidente de la SEPI -uno de los mejor pagados de la administración estatal- estuvo vacante hasta el primer trimestre de 2021. Durante casi año y medio ejerció como presidente interino su vicepresidente, Bartolomé Lora. El 30 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros nombró presidenta a Belén Gualda González, hasta entonces al frente de Navantia. Su designación también llevó el sello de María Jesús Montero, ya que ambas habían trabajado juntas en la Junta de Andalucía.
Belén Gualda, investigada
Ayer, 29 de junio, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz citó como investigada a Belén Gualda, en la pieza separada del ‘caso Leire Díez’ sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. En total, hay 25 personas imputadas en esta pieza, que incluye tanto a directivos de empresas públicas como privadas. Paradójicamente, el aterrizaje de Gualda en la presidencia de SEPI tuvo lugar apenas 20 días después del polémico rescate de Plus Ultra.
El pasado 5 de diciembre, su antecesor fue absuelto de todos los cargos en el ‘caso Aznalcóllar’. Sin embargo, apenas seis días, la Unidad de Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le detuvo por el rescate de Plus Ultra, junto a Leire Díez.
Aunque Gualda ha tratado de cuidar al máximo los riesgos con un perfil prudente y discreto -durante todo su mandato apenas ha tenido apariciones públicas ni ha concedido entrevistas-, su compromiso con el CEO de Tubos Reunidos, Francisco Vicente Irazusta, en su solicitud de acceso al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) está en el origen de la investigación. Según la providencia a la que tuvo acceso Artículo14, el juez describe ese compromiso para que la ayuda “fuera aprobada por el consejo gestor del fondo, el 29-06-21, o a más tardar el 06-07-21″.
Respaldo del Gobierno a Gualda
El precedente de Vicente Fernández reabre el debate sobre la continuidad de Gualda. Sin embargo, tras conocerse la investigación contra Belén Gualda, el Gobierno salió en defensa de la presidenta de la SEPI. Según fuentes gubernamentales, “en las diligencias no aparece ningún elemento que comprometa a la presidenta de SEPI, Belén Gualda. Por lo tanto, mantenemos toda la confianza en ella y en el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos”.
El Ejecutivo destacó que, “como no puede ser de otra manera”, está plenamente garantizado el respeto a las decisiones judiciales y la colaboración con la investigación, al tiempo que reivindicó “la integridad de los profesionales que integran la SEPI” y “el rigor de los expedientes” tramitados en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
La defensa de la presidenta contrasta con la dimisión “forzada” del expresidente. Cabe recordar que la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado solo prevé el cese en caso de condena formal.
Cúpula de SEPI, imputada
A diferencia de 2019, cuando el vicepresidente Bartolomé Lora asumió de forma interna y sin estar nombrado para ello la gestión del ente estatal, ahora él mismo también podría verse obligado a cesar si se reprodujera el precedente marcado por Vicente Fernández. En su caso, comparecerá el viernes 3 de julio como investigado por presunta prevaricación en el préstamo de 475 millones de euros que la SEPI concedió a la aerolínea Air Europa en 2020.
En esta causa, que instruye el juez José María Escribano, el magistrado también ha acordado requerir a la SEPI que identifique al resto de los miembros del consejo gestor que aprobaron el citado préstamo. Asimismo, Escribano ha dejado pendiente su citación —la del resto de consejeros— “en la forma que corresponda”, una vez declare Lora.
Entre las diferentes causas, hay en total quince altos cargos, entre ellos la presidenta de la SEPI, investigados. La que sigue es la lista de todos los imputados en esta pieza separada del caso Leire Díez sobre el presunto amaño de contratos:
1. José Vicente Berlanga Arona. Expresidente de Enusa (empresa pública integrada en la SEPI) y amigo de José Luis Ábalos, fue quien situó a Leire Díez en Enusa.
2. Rosario Arévalo Sandez. Exconsejera de Medio Ambiente en Castilla La Mancha; también fue directora de Auditoría Interna, Cumplimiento y RSC en Enusa.
3. Francisco Javier López Buciega. Exdirector de Servicios Urbanos y Medio Ambiente de Acciona.
4. Juan Antonio Carrilo Donaire. Catedrático de Derecho Administrativo; ha participado en diferentes mesas de administraciones públicas en materia de contratación y regulación y sospechan que en ocasiones para favorecer a Acciona.
5. María Teresa Castillo Pasalodos. Exdirectora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de MERCASA (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A., S.M.E., M.P.)una sociedad del sector público estatal, participada en un 51 % por la SEPI.
6. José Ramón Sempere Vera. Expresidente del Consejo de Administración de MERCASA.
7. Mikel Arrarás Abejón. “Arquitecto Técnico” de SERVINABAR 2000.
8. Julián Mateos Aparicio Prieto. Director del FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas) .
9. Miguel Ángel Figueroa Teva. Director de Participadas III de la SEPI entre 2018 y 202
10.Francisco Irazusta Rodríguez. Exdirector de Tubos Reunidos.
11. Jesús Pérez Rodríguez Urrutia. Exconsejero de Tubos Reunidos.
12.Miguel Ángel Santiago Mesa. Exdirector corporativo de SEPI.
13.Carlos López de las Heras. Director ejecutivo de Tubos Reunidos
14.Rosario Martín Manzanedo. Exdirectora de Participadas II de la SEPI
15.Félix Azcona Lacarra. Administrador de varias sociedades, entre ellas CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI-BERRI.
16.Fernando Albert Aragon. Presidente de una mesa de contratación de SEPIDES (SEPI Desarrollo Empresarial).
17.María de la Concepción Ortiz Fuerte. Presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
18.Antonio José Sánchez Campos. Hijo del dueño de Forestalia
19.Marcos López Domingo. Participó en la presentación de ofertas de CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI-BERRI para conseguir contratos públicos.
20.Fernando Samper Rivas. Director del grupo Forestalia.
21.Roberto Pérez Águeda. Abogado del grupo Forestalia.
22.Eduardo Pérez Águeda. Administrador del grupo Forestalia.
23.Carmelo Aznarez Pellicer. Administrador formal de MEDIACIONES MARTÍNEZ (vinculada a SERVINABAR).
24.Juan Ignacio Fernández-Micheltorena. CFO de CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI-BERRI.