Siguiendo el guion esperado por los expertos en campañas electorales, la sostenibilidad del sistema de pensiones centró ayer parte del debate político. Tras las exclusivas de Artículo14 sobre los desahucios en el entorno del PSOE –la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que maneja un ‘holding’ inmobiliario, ha desahuciado a inquilinos, al igual que Óscar López a un inquilino de Muface-, el Gobierno trasladó el terreno de juego de la vivienda (el desahucio de Maricarmen) a las pensiones.
“El plan tanto de la derecha como de la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego si les da la suma y pueden gobernar recortar a los pensionistas su jubilación”, afirmó Pedro Sánchez, desde Bruselas. Tras apelar al miedo entre los 9,5 millones de pensionistas, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE lanzó un mensaje de “absoluta tranquilidad” a los pensionistas “de hoy y de mañana”: “el sistema público de pensiones es un sistema sostenible”.
Nuestra intención es que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año.
Mientras, el plan de la derecha y la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29N y después, si logran gobernar, recortar la jubilación a los pensionistas.
Quiero transmitir, de nuevo, tranquilidad y calma. Nuestro sistema público de pensiones es sostenible.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 15, 2026
Y aún fue más allá al destacar que el Gobierno va a concluir la legislatura “con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones” frente a los 5.000 millones que había en 2018, cuando gobernaba Mariano Rajoy.
La ‘cláusula de salvaguarda’ del 13,3% del PIB
Pero lo que obvió Pedro Sánchez es que la subida de la inflación en 2026, que implicará una revalorización de las pensiones por encima del 3,5% -lo que elevará el gasto en más de 16.000 millones, hasta situar su coste total en los 246.000 millones en 2027-, podría situar al sistema al borde de la activación de la ‘cláusula de salvaguarda’ prevista en la reforma de las pensiones impulsada por el entonces ministro José Luis Escrivá en 2023.
En virtud de una regla de gasto pactada con Bruselas como un hito para recibir los fondos europeos, si la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) detecta en sus evaluaciones que el gasto neto promedio en pensiones entre 2022 y 2050 supera el 13,3% del Producto Interior Bruto (PIB), se activa un mecanismo que obliga al Gobierno a plantear medidas de ajuste de los gastos o de los ingresos, por ejemplo, incrementando las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
Un cumplimiento con recursos insuficientes
Esta regla no mide directamente el déficit de la Seguridad Social ni su endeudamiento, sino el gasto medio proyectado en pensiones, descontando el efecto estimado de determinadas medidas de ingresos. Por tanto, el sistema puede cumplir formalmente este límite y seguir necesitando recursos del Estado para financiar las prestaciones.
“En el año 2023, cuando se hizo la reforma de pensiones, Pedro Sánchez le pasó al próximo Gobierno el ajuste de las pensiones que se ha negado a hacer durante estos años. Será una patata caliente”, asegura a Artículo14, el economista Daniel Lacalle. En su opinión, la reforma de Escrivá incluye una ‘bomba de relojería’, por la cual, si no se cumplen los objetivos de ingresos y gastos –”que ya no se cumplen”–, el próximo Ejecutivo tendrá que hacer un drástico ajuste del sistema de pensiones en 2028. En este sentido, recuerda que el gasto subirá, además, de por la revalorización de la inflación, por la entrada en el sistema de la generación del ‘baby boom’, muy numerosa y con pensiones más altas.
El sistema no se financia con las cotizaciones
“Puede saltar, y ya está saltando. Tratarán de retrasarlo todo lo que pueda y cuando tenga de suceder pues seguramente habrá otro Gobierno. No es que salte la cláusula, sino que el sistema de pensiones arrastra un déficit contributivo que se suple con transferencias del Estado, que se están financiando con deuda pública y que no va a disminuir, al menos, en una década y media, porque cada vez se jubilan más personas. La revalorización con el IPC se incorpora año a año a la base de las pensiones y así, el déficit del sistema sigue aumentando porque es insuficiente por la vía de ingresos”, advierte a Artículo14, José Antonio Herce, socio fundador de LoRIS.
Los datos de ejecución presupuestaria reflejan que, entre enero de 2019 y agosto de 2026, el Estado transfirió casi 345.000 millones a la Seguridad Social. En 2025, estas transferencias aumentaron un 10,12%, hasta rozar los 53.000 millones, el equivalente al coste de cuatro nóminas de pensiones contributivas, cuya media mensual fue de 13.580 millones. Durante 2026, el Estado ha transferido casi 43.700 millones, el mismo importe que en todo el año 2023.
“La Seguridad Social no tiene que devolver estas transferencias que recibe, sino que estas pasan a formar parte del endeudamiento del Estado, que debe salir a financiarse a los mercados con un mayor coste financiero”, recalca Herce, para quien el aumento de la hucha de las pensiones es ficticio porque enmascara el persistente déficit contributivo del sistema.
La hucha de las pensiones en el punto de mira
Para los economistas, la clave de la sostenibilidad está en cómo se financia el sistema de pensiones, que, a partir de 2011, entró en un déficit crónico, lo que obligó a ir retirando recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, que llegó a contar con 66.000 millones de euros y que, entre 2019 y 2022, no alcanzó 2.200 millones. Con la reforma de Escrivá, se introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un gravamen adicional en la nómina de los trabajadores y en las cotizaciones empresariales, que se transfiere íntegramente a este fondo.
Ayer, el Gobierno presentó como un éxito el crecimiento de la hucha de las pensiones. “El sistema público de pensiones se refuerza con empleo, cotizaciones y reformas que garantizan su sostenibilidad sin recortar derechos. En España ya tenemos más de 22,4 millones de afiliados y una hucha de las pensiones que cerrará el año con 20.000 millones“, destacó Elma Saiz, ministra de Seguridad Social.
“El MEI no llega a los recursos corrientes del sistema porque va a la hucha de las pensiones y, esa diferencia, son recursos adicionales que tiene que poner el Estado en forma de más transferencias. Es que es muy fácil decir, como ha dicho la ministra que acabaremos con 20.000 millones en el fondo de reserva, lo que no ha dicho es que eso aumentará correspondientemente la deuda soberana. Es una vana ilusión monetaria“, incide José Antonio Herce.
Récord en la deuda de la Seguridad
“No es que esté aumentando la hucha de las pensiones, lo que está haciendo es aumentar la deuda de la Seguridad Social con el Estado. Es totalmente falaz porque es a costa del endeudamiento del Estado”, puntualiza Daniel Lacalle. En este sentido, subraya que, con el Gobierno de Pedro Sánchez, esta deuda se ha disparado en más de 100.000 millones, hasta los 136.000 millones en julio de 2026.
Así, hay que distinguir entre las transferencias del Estado, que la Seguridad Social no tiene que devolver, y los préstamos, que sí incrementan su deuda con el Estado. Ambos mecanismos permiten financiar el sistema, pero tienen un tratamiento contable diferente.
Por su parte, José Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, puntualiza que, además de las transferencias extraordinarias del Estado, que ya superan los 50.000 millones, desde la reforma de 2023 se viene concediendo un préstamo de 10.000 millones, tal y como refleja la evolución de la deuda de la Seguridad Social. “¿Y cómo se paga? Pues con deuda o con más impuestos o gastando menos en otros ámbitos”, aclara.
En su opinión, el problema no es tanto el incumplimiento de la regla de gasto acordada con Bruselas, sino el déficit que arrastra el sistema. “La regla de gasto es una forma de medir que se ha diseñado el Gobierno y, al final, se puede forzar para ajustarlo, pero el problema no se soluciona, tal y como viene alertando la AIReF”, recuerda Devesa.
Aviso de la AIReF: la regla de gasto no garantiza la sostenibilidad
Cabe recordar que, en su último informe, publicado en mayo de 2026, la AIReF constató que el gasto en pensiones, descontado el impacto de las medidas de ingresos, con datos de 2025, se situaba en el 13,0% del PIB en promedio entre 2022 y 2050, por debajo del umbral fijado en la normativa. De hecho, este resultado supuso una mejora de casi dos décimas respecto al pronunciamiento anterior, que la institución presidida por Inés Olóndriz justificó por una mayor estimación del impacto de las medidas de ingresos destinadas a reforzar el sistema.
Pero, más allá de este dato, el foco de su preocupación es que el cumplimiento de esta regla no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que el mecanismo se limita a evaluar el gasto en pensiones sobre el PIB, descontando el efecto estimado de determinadas medidas de ingresos cuya definición ha cuestionado la propia institución.