Tras ocho años en La Moncloa, un día después de la convocatoria de elecciones del 5 de octubre, Pedro Sánchez compareció después del Consejo de Ministros para ‘resucitar’ los dos decretos de vivienda. Estos habían decaído el 2 de octubre y tras las movilizaciones por la crisis residencial, prendieron la mecha para la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Frente al primer problema de los españoles, el Gobierno respondió tirando también de “chequera” con la movilización de 10.000 millones de euros extra para préstamos de hasta 50.000 euros a tipo cero para financiar la compra de la primera vivienda -con letra pequeña, porque el precio tanto de venta como de alquiler queda blindado para siempre-.
Ante los medios, el presidente aprovechó la comparecencia en La Moncloa para comenzar a sembrar el miedo y la duda sobre las pensiones. “He leído ahora al portavoz del Partido Popular decir textualmente algo así como que el sistema robusto, el sistema es sólido -el de las pensiones, me refiero- y desde luego garantizamos absolutamente que las pensiones van a tener la viabilidad que tengan con el modelo actual y con los que vengan, dice el portavoz del Partido Popular. Y con los que vengan, ¿cuál es el que vendría si no hubiera una mayoría que creyera en este sistema de pensiones?”, afirmó.
Atención. Mensaje a los pensionistas de hoy y a los que lo seréis mañana.
El único fondo que nos importa es el fondo de pensiones. https://t.co/RoqAsaQIu4
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2026
Arranca la maquinaria electoral
“Sánchez tiene un historial de burlar a oponentes desprevenidos. […] El propio Sánchez no teme polarizar el debate al destacar los peligros de la extrema derecha, cuando esto desvía la atención de su propia gestión”. El editorial del Financial Times del día 7 de octubre resumía así la fórmula electoral del candidato Pedro Sánchez. Y, en la primera semana de precampaña, ya se han empezado a definir dos de sus ingredientes: la vivienda y el miedo a los “recortes masivos de derechos”.
Un concepto muy amplio, pero que, traducido a potenciales votantes, alcanza los 18,2 millones de personas, considerando a los pensionistas, funcionarios, trabajadores con menores salarios (SMI) y perceptores de prestaciones, en teoría los más sensibles a estos mensajes. Es decir, el equivalente al 47,5% del censo electoral español, integrado por 38,3 millones de electores.
Tras el primer disparo del presidente, el resto de los miembros del Gobierno empezó a engrasar la maquinaria. Elma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, se preguntaba: “¿Cuáles son las recetas del Partido Popular para las pensiones. Privatizar. Congelar. Recortar. Las pensiones no son un regalo. Son un derecho”. “A la hora de la verdad, ¿a quien va a votar la gente? ¿A quienes suben sus pensiones o a quienes la congelan?“, afirmaba Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Hoy, la campaña del PSOE basada en el miedo a los recortes está en marcha.
El fondo que es de todos. 🌹 https://t.co/TVqvCkCIXr
— PSOE (@PSOE) October 7, 2026
De la vivienda a las pensiones
Como explica a Artículo14, Luis Miller, sociólogo e investigador del CSIC, el problema de la vivienda ha servido para el arranque de la campaña electoral pero en la recta final estará desgastado. El caso Maricarmen, tal y como ha informado este medio, estaba en el radar del Gobierno desde antes del verano y, tras el desahucio de la anciana, optó por “apropiarse” de la movilización de la calle, hasta el punto de que el subconsciente traicionó a la coordinadora de la campaña María Jesús Montero, a quien se le escapó que se trataba de hacer una huelga general a la oposición.
Pero el problema de la vivienda, donde la realidad es que, tras ocho años en el Gobierno, no se ha sido capaz de acelerar la construcción y, tal y como acaba de reconocer el Banco de España hace falta construir un millón de viviendas hasta 2030, no puede sostenerse durante toda la campaña.
“Tanto el Gobierno como los partidos van lanzando globos sonda a ver cómo responde la opinión pública. En el próximo mes y medio, el Ejecutivo necesitará más temas que le permitan lograr lo que está intentado hacer, que no haya un descalabro en número de votos”, añade Miller.
Las pensiones, el salario de los funcionarios, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o las prestaciones son cuestiones recurrentes en las campañas electorales, aunque, una vez que el bipartidismo ha pasado a la historia en España, su capitalización en términos de votos es mucho más compleja. Pese a todo, no pueden obviarse por el gran número de potenciales votantes.
Los grandes números del voto del miedo
Los pensionistas representan, sin duda, el mayor colectivo de votantes: 9,5 millones de personas, que perciben 10,54 millones de pensiones. Del total, el 61% corresponde a pensiones contributivas de jubilación, con una previsión de crecimiento del 10% de aquí a 2030, la pasar de 5,8 a 6,4 millones, por el progresivo retiro laboral del ‘baby boom’, según los datos de INTegraSS de la Seguridad Social. Es decir, en los próximos cuatro años entrarán el sistema alrededor de 600.000 personas que hoy ya están pendientes de posibles cambios.
“Desde el punto de vista sociológico de la campaña, activar las pensiones es algo que encaja con un gobierno de izquierdas”, explica Luis Miller. Sin embargo, en términos de ganancia de votos, es prácticamente neutral. “Entre la población mayor de 65 años el voto está completamente dividido entre el PSOE y el PP o dicho de otra forma no ceo que Partido Popular dé miedo a que pudiera haber un cambio radical”, añade.
Desde la reforma de José Luis Escrivá en 2021, los pensionistas tienen garantizado por ley su poder adquisitivo, con una revalorización anual de su nómina en función del IPC. El calendario electoral favorece al Gobierno, el INE publicará el viernes 27 de noviembre, coincidiendo con el cierre de campaña, el dato adelantado del IPC del mes, que permitirá anticipar la subida de las pensiones en 2027. Sánchez, como cabeza de lista del PSOE, podrá anunciar en el último mitin a 9,5 millones de votantes la subida de las pensiones, que previsiblemente superará el 3,5%.
Funcionarios y trabajadores de rentas bajas
Con 3,5 millones de funcionarios, el Ejecutivo tiene otra baza electoral. Óscar López, ministro de Función Pública, ya ha anunciado que hará “todo lo posible” antes de dejar el Gobierno para que los funcionarios vean incrementados sus salarios. Aunque la subida será del 5% porque así está acordada con los sindicatos, López quiere dejarla materializada para cumplir con sus compromisos “hasta el último minuto”.
La misma fórmula sigue Yolanda Díaz al frente de Trabajo, que ha pisado el acelerador para iniciar cuanto antes el diálogo social para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que este año, con el análisis del grupo de expertos del Ministerio, contará con un apartado específico sobre el efecto de la inflación en las rentas más bajas. Una fórmula para facilitar una recuperación del poder adquisitivo perdido este año con la inflación. De hecho, CCOO ya ha apuntado a una subida del 5% igual a la que tendrán los funcionarios. En el caso del SMI, el coste de la subida corresponde a los empresarios, con más de 2,5 millones de trabajadores del sector privado sujetos a esta retribución.
Perceptores de prestaciones
En la base de votantes de menor poder adquisitivo se encuentran los perceptores de prestaciones, que suman 2,7 millones de personas, si se incluyen junto a los parados que cobran la prestación contributiva (1,02 millones en septiembre), los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que llega a 905.792 personas, y los perceptores de subsidios por desempleo -prestaciones asistenciales-, un total de 750.000 personas, de las que el 62% cobra la prestación para mayores de 52 años.
Tras la Covid-19, en 2020, el Gobierno lanzó el IMV, una renta mínima con carácter indefinido entendida como la última red de seguridad, que depende del Ministerio de Inclusión. Por su parte, en 2023, Yolanda Díaz logró desencallar la reforma de los subsidios por desempleo, tras varios desencuentros con la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, en el marco de de los hitos a cumplir para el cuarto desembolso de los fondos europeos: “Este Gobierno no hace más que ensanchar derechos laborales. Somos el Gobierno de las políticas útiles“, afirmó entonces Díaz.
Riesgo de desincentivo al trabajo
En su última opinión, sobre el IMV, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió de que el 46% de los hogares perceptores continúa en el sistema tras 60 meses (cinco años). Y alertó de que, cuanto más se acerca la ayuda al nivel de renta garantizada del hogar, más le cuesta a los beneficiarios incorporarse al mercado laboral.
La AIReF publica su quinta y última Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital, cerrando cinco años de evaluación de esta prestación.
🔹El 51% de los perceptores combinó el IMV con al menos otra prestación en 2024.
La AIReF propone reforzar la coherencia del IMV con otras prestaciones y revisar su diseño a partir de la experiencia europea.
Consulta la Opinión completa aquí: 👉https://t.co/rVv9I4vyDe
#AIReF #IMV#AIReF #IMV
— AIReF (@AIReF_es) July 23, 2026
Algunos economistas comparten esta visión de que el diseño tanto del IMV como de las prestaciones puede desincentivar la vuelta al mercado laboral. En esta línea, un estudio de Fedea publicado el pasado mes de junio advierte de que la reforma del subsidio para mayores de 52 años “reduce los incentivos a la reincorporación al mercado laboral”, especialmente en empleos de baja remuneración o a tiempo parcial. Según sus estimaciones, la reforma de 2019 elevará el número de perceptores en más de 300.000 personas hasta 2030, con un coste adicional para la Seguridad Social de 17.935 millones de euros.
“Las prestaciones deben proteger durante los momentos difíciles, pero tienen que ir acompañadas de incentivos económicos suficientemente potentes para que volver a trabajar merezca claramente la pena. Y quizá deberíamos cambiar también la forma de medir el éxito de estas políticas”, explica a Artículo14, Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo y profesor de IE Business School.
“Que cada año haya más personas cobrando una prestación no puede presentarse automáticamente como un éxito de la política social. El verdadero éxito no debería medirse solamente por cuántas personas entran en el sistema, sino por cuántas consiguen salir de él porque han encontrado un empleo y pueden vivir de su trabajo“, concluye.
¿Por qué se recurre al voto del miedo?
Aunque la amenaza de los recortes sociales por parte de la derecha es un mantra que el PSOE y los grupos a su izquierda están tratando de activar, la realidad, con los datos de las pasadas elecciones, es que esta estrategia no necesariamente se traduce en una mayor movilización electoral. “El Gobierno está intentado movilizar al electorado con el nivel de renta más bajo, pero las personas mantenidas con subvenciones y prestaciones se movilizan poco en las urnas”, advierte Luis Miller.
Es lo que los investigadores Braulio Gómez y Manuel Trujillo definieron como los ‘agujeros negros’ de la democracia, las barriadas más humildes donde dos de cada tres vecinos se quedan en casa en la jornada electoral. “Y, precisamente, en estas elecciones sí están pensando en votar lo harán a Vox”, advierte Miller, que recalca: “paradójicamente ahora el PSOE está compitiendo con Vox en las rentas bajas, un voto tradicionalmente de izquierdas“. Según destaca Miller, las próximas elecciones serán claramente una competición a tres: PSOE, PP y Vox.
“No me atrevo a decirlo aún pero en esa necesidad de arañar votos, creo que la estrategia del Gobierno será tirar hacia muchos frentes. Y, a la derecha le ha pillado con el pie cambiado porque de repente empiezan a moverse temas muy emocionales para la opinión pública. Ya hemos visto el arranque con la vivienda, la continuación con el miedo a un recorte de las pensiones y prestaciones sociales, y en las próximas semanas surgirá con mucha fuerza todo el paquete de medidas para atraer el voto femenino“, resume el investigador del CSIC. Esta es la explicación de la estrategia del voto del miedo.