El final de la legislatura adelantado que está ensayando Pedro Sánchez se diseñó entre el 21 y el 27 de julio. Del martes 21 de julio es un borrador del Real Decreto-ley de vivienda que el Gobierno quería aprobar en el Pleno del martes 28 de julio. El fin de semana del 25 y 26 de julio la decisión ya estaba tomada y el lunes 27 de julio el Ejecutivo anunció que no validaría el texto al día siguiente, como había anunciado. Todo apunta que el objetivo era guardarlo hasta el 23 de septiembre, día en el que el Juzgado había fijado -decisión que se conocía desde el 19 de junio– el desahucio de Maricarmen.
La excusa oficial era que no había apoyos, lo que no puede sorprender a nadie en esta legislatura. Sin embargo, lo ocurrido aquellos días y una lectura atenta de la hemeroteca apunta a que no era así. En aquel momento había cierto consenso y el texto podía prosperar. De hecho, desde Junts se mostró sorpresa y malestar con esta decisión: “El Gobierno de Pedro Sánchez no puede permitirse vacaciones políticas ante la emergencia social en la que se encuentra la vivienda en España”, trasladaron los de Carles Puigdemont el 27 de julio.
El 21 de julio PSOE y Sumar acordaron incluir la prórroga de los alquileres hasta julio de 2028. Sumar prometió aprobar el Decreto antes de que acabara el verano y avanzó parte del contenido del texto. La composición del Parlamento no permite negociaciones fáciles, pero antes del parón de agosto el ala socialista del Gobierno había llegado a un pacto con Sumar, y Junts estaba en ánimo negociador.
Aunque a principios de julio Podemos se había mostrado reivindicativo, la posibilidad de alcanzar un acuerdo con medidas de consenso era posible a finales de julio.
La decisión de posponer la validación del texto se tomó, en principio, antes de que se conociera el asalto a Ceuta del 30 y 31 de julio. Eso sí, coincide con las alertas que estaban trasladando el propio Juan José Vivas y la ciudad, según recogen las portadas de esos días de El Faro de Ceuta, y las comunicaciones que se conocen del CNI, la Policía y el Ejército. En todo caso, se produjo en un momento en el que coincidían una serie de condicionantes que pueden indicar que al Ejecutivo le convenía retrasar la validación de la norma a finales de septiembre, lo que causó malestar y extrañeza a Junts, lo que expresó. ¿Sospechaban algo los de Puigdemont?
El desahucio y las elecciones en Madrid
El elemento clave en estos momentos, el desahucio de Maricarmen, se sabía que se iba a producir el 23 de septiembre. En concreto, desde el 19 de julio que el Juzgado lo fijó tras una segunda prórroga. En agosto no se producen lanzamientos pero en septiembre se preveían varios, entre ellos, de personas vulnerables vinculadas al Sindicato de Inquilinas, como el de esta vecina de Retiro y el de Paquita, de 83 años, de la Latina, también en Madrid.
El lugar no parece baladí. Aunque Barcelona triplica los desahucios de Madrid, las movilizaciones en la capital y en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso arrancan de esta manera ocho meses antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo, en línea con la campaña de los cribados del cáncer de mama contra Juanma Moreno Bonilla en Andalucía que empezaron hace justo un año.
Los casos que llegan al Sindicato de Inquilinas, próximo a Sumar, no son desconocidos para el Gobierno. Pero el posible uso mediático de un desahucio por Sánchez viene de atrás. El 30 de octubre de 2020 intentó promover con José Luis Ábalos otro caso Maricarmen con una mujer del madrileño distrito de Carabanchel llamada Adoración, de entonces 63 años, que fue desahuciada con sus cuatro nietos de la casa que okupaba. “Dadle publicidad”, ordenó Sánchez a Ábalos, según muestran unos whatsapp que ha desvelado OkDiario.
El ático y los mensajes preparados
En este sentido, hay otra fecha clave a finales de julio: El País publica la primera noticia sobre el ático que compró la Comunidad de Madrid en la madrugada del 29 de julio, una información que preparaba desde hace tiempo y sobre la que había preguntado a la Comunidad de Madrid al menos desde la víspera, según relata.
Estos elementos confluyen el 23 de septiembre. En el día en el que estaba fijado el desahucio de Maricarmen, el Gobierno dedicó la sesión de control en el Congreso a criticar el lanzamiento, del que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se condujo ajena y culpó directamente a Ayuso. Una conjunción de declaraciones del Ejecutivo y sus socios que siguió durante el resto del jornada, acompañada de una cobertura de varias horas sin interrupción por parte del canal 24 Horas de TVE, y de la rueda de prensa de Pedro Sánchez en la ONU en Nueva York en la que responsabiliza a “Ayuso y Almeida” del desahucio.
Esa tarde, una manifestación improvisada concentra a 10.000 personas debajo del ático. A lo que se ha añadido la acampada improvisada en Sol.
El Decreto ‘fantasma’ de Sumar
Artículo14 publicó el pasado lunes 29 de septiembre los dos borradores de real decreto-ley de vivienda que manejaba el Gobierno. Uno, el que promovía el PSOE con acuerdo con Sumar desde julio, al que se le habían añadido pequeños cambios. Y otro de Sumar, que puede llamarse ahora Decreto fantasma, porque se ha esfumado. Era un texto, como desveló este periódico, centrado en la expropiación para casos como el de Maricarmen, no muy extenso, pero trabajado, y todo indica que preparado desde antes del 23 de septiembre que la mayoría de los ciudadanos conocieron sobre el caso de Maricarmen.
El viernes 25 de septiembre el texto estaba cerrado. Establecía que el Gobierno podría expropiar una vivienda si el inquilino es mayor de 70 años y ha residido en ésta los últimos 15 años. La expropiación la decidiría el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Vivienda para cada inmueble, lo que se regulaba de acuerdo con una ley de expropiación franquista, y Casa 47 quedaba como beneficiaria.
El Decreto incluía un anexo de fincas -un excel vacío- que consideraba a expropiar ya por procedimiento de urgencia por necesidad de vivienda.
Este texto incluía la prórroga forzosa de contratos más allá de lo previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) incluso para contratos ya extinguidos siempre que no haya sentencia firme, lo que parece el germen del Decreto de Sumar que finalmente aprobó el Consejo de Ministros el martes. A pesar de lo llamativo de la expropiación, la norma del partido de Yolanda Díaz que se ha validado es más radical, ya que puede tratarse de una expropiación de facto y de efecto muy amplio, a diferencia del borrador de expropiación, pensado para casos muy tasados de inquilinos de edad avanzada. Es decir, el texto definitivo podía causar un rechazo mucho mayor de Junts y los partidos conservadores.
El negro futuro judicial, ¿en suspenso?
El 23 de julio, José Luis Rodríguez Zapatero dio su primera entrevista tras ser imputado y descubrirse las joyas de más de 1,3 millones y origen dudoso escondidas en su despacho el 19 de mayo. En Mañaneros 360 en RTVE, se presentó por primera vez ante un medio justo cuando su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez, había decidido colaborar con la Justicia y había confirmado el 21 de julio que Zapatero medió por Plus Ultra y cobró un 1% del rescate, lo que también refrendaron exdirectivos de la aerolínea, en escritos el 20 de julio.
El escenario judicial al que se enfrenta el expresidente es complejo, y también lo es para el PSOE mientras avanza la causa de las cloacas del partido. Por no mencionar el juicio a Begoña Gómez. El 16 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó el juicio con jurado.
Aunque algunas voces sostienen que a Sánchez le conviene seguir en Moncloa en este contexto, es posible que en los casos judiciales que cercan a su partido se produzcan avances significativos en los próximos meses, con lo que el periodo electoral los paralizaría de momento por la máxima no escrita de los tribunales de no actuar en esas circunstancias.
En plano asalto de Ceuta, el sábado 1 de agosto, Sánchez grabó el polémico vídeo en el que recomendaba su playlist para el verano. Con aspecto muy relajado iniciaba sus vacaciones más largas y casi inamovibles.
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