El Tribunal de Cuentas alerta de la elevada deuda de la Seguridad Social que compromete su sostenibilidad a largo plazo. Con datos al cierre de 2024, el organismo que preside Enriqueta Chicano sitúa en 106.138,7 millones de euros el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social. Una magnitud que refleja el “desequilibrio” acumulado del sistema en los últimos años. En su Declaración sobre la Cuenta General del Estado, publicada ayer, el organismo fiscalizador requiere que se adopten medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema que depende, en parte, de las transferencias anuales del Estado.
De hecho, el Tribunal de Cuentas desveló en su informe que Gobierno tuvo que recurrir en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que ha generado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023.En este sentido, expone que esta actuación del Gobierno realizó bajo unos fundamentos jurídicos “que deberían haber quedado mejor justificados”.
En su opinión, existe “una incertidumbre” sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio.
✅El Pleno aprueba la Declaración de la Cuenta General del Estado 2024.
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— Tribunal de Cuentas de España (@tcu_es) May 5, 2026
Advertencia sobre la Seguridad Social
En su último informe, el tribunal explica que el origen del patrimonio neto negativo de la Seguridad Social se encuentra en los resultados negativos acumulados desde 2010, que suman 196.625,9 millones. A su vez identifica que es consecuencia directa del desajuste entre ingresos y gastos ordinarios del sistema. “Los recursos (…) resultan insuficientes para afrontar los gastos asociados, provocando desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería”, señala.
Ante este desfase, el Estado ha recurrido de forma reiterada a la concesión de préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Como señala el informe, entre 2017 y 2024, estos ascienden a 109.001,6 millones. A estos, se suman otros 17.168,6 millones concedidos entre 1992 y 1999 para hacer frente a desequilibrios anteriores.
Con estas vía de financiación, el endeudamiento total acumulado de la Seguridad Social frente al Estado se sitúa en 126.170,2 millones. Es decir, una cifra equivalente al 7,91% del PIB en 2024.
Préstamos sin devolución
“Ninguno de estos préstamos ha sido devuelto, a pesar de haber transcurrido 32 años desde la concesión del primero de ellos. Los que carecen de plazo de vencimiento continúan sin ser
reintegrados y los que sí lo tienen han sido sistemáticamente prorrogados”, alerta en su informe el Tribunal. En este sentido, cuestiona también que cuando la Seguridad Social tuvo capacidad financiera suficiente para su devolución, los recursos se destinaron a las dotaciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Como resultado, el Tribunal insiste -como en años anteriores- que la financiación por medio de préstamos del Estado no resuelve los problemas estructurales de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social. “No contribuye al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados y no tiene reflejo en su neto patrimonial”, recalca. Y así, la Seguridad Social va elevando su endeudamiento frente al Estado: a 31 de diciembre de 2024, el equivalente al 7,91 % del Producto Interior Bruto (PIB).
Transferencias corrientes
En paralelo junto a los préstamos, el Estado ha reforzado la financiación del sistema mediante transferencias corrientes. Con datos del Tribunal de Cuentas, entre 2018 y 2024, estas aportaciones alcanzan los 103.209,3 millones. Así, explica que 29.616,3 millones se concentraron hasta 2021 para sostener el equilibrio presupuestario, mientras que 73.593 millones adicionales se han transferido entre 2021 y 2024 en el marco de la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Dado que para el Tribunal de Cuentas la perspectiva a futuro es que el Estado continúe con la concesión de transferencias anuales debe abordarse el saneamiento del sistema. Así, concluye que la situación financiera de la Seguridad Social requiere la adopción de medidas tanto en relación con su endeudamiento como con su equilibrio presupuestario para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social a medio y largo plazo
Aviso de la gestión de la incapacidad temporal
Otros apuntes relacionados con la Seguridad Social, es la existencia de un “importante déficit estructural” en el ámbito de la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) , el cual alcanza los 2.677,3 millones. En este sentido, avisa de que la ratio de cobertura de prestaciones con ingresos por fracción de cuota ha descendido de 1,32 a 1,25. Con datos de las Mutuas, el aumento del número de procesos de incapacidad temporal y su duración, ha elevado un 14,35% el gasto por trabajador protegido.
Por todo ello, la institución recomienda adoptar las medidas para revertir esta situación, con foco en las MCSS. Según alerta si se extiende en el tiempo, existe un riesgo potencial de que se genere un desequilibrio económico financiero en el sector. “Han de abordarse soluciones que afronten este incremento del gasto asociado a las contingencias comunes, ya que, de no hacerse, la sostenibilidad financiera del sistema podría llegar a verse comprometida“, concluye..