Cómo la inflación marcará las elecciones

El calendario electoral de Pedro Sánchez que, como ha publicado este medio, se trabajaba ya desde julio con el problema de la vivienda como núcleo de la campaña y está determinado por la Ley de Nietos, vendrá a su vez marcado por el dato económico con mayor relevancia en el bolsillo de los ciudadanos: la inflación. La escalada de precios se disparó en septiembre hasta el 4,9%, su máximo desde 2023. Antes de la cita con las urnas, se conocerán los datos definitivos de septiembre y octubre y el avance de noviembre.

Este último se publicará el viernes 27 de noviembre, coincidiendo con el cierre de campaña, y es muy relevante porque determinará la subida de las pensiones en 2027. Desde la reforma de José Luis Escrivá en 2021, los pensionistas tienen garantizado por ley su poder adquisitivo, con una revalorización anual de su nómina en función del IPC.

De esta forma, un día antes de la jornada de reflexión,  Sánchez, como cabeza de lista del PSOE, podrá anunciar a más de 9,5 millones de pensionistas cuál será el porcentaje de subida. Y, a tenor de las previsiones de inflación, será una tasa relevante de entre el 3,5% y el 3,7%. No es baladí, ya que este grupo de población representa alrededor del 25% de los votantes, sobre un censo electoral de 38,3 millones (pendiente de la decisión del Tribunal Supremo sobre la Ley de Nietos), según los datos del INE.

“Salarios dignos”

Frente a este colectivo que tiene protegido su poder adquisitivo, los asalariados también estarán muy pendientes del dato de inflación, pero con un sentido opuesto. Para la mayoría de los trabajadores, la subida de los precios se traduce en una pérdida de capacidad de compra cuando sus salarios no aumentan en la misma proporción. Y así lo reconoció en 2025 la Agencia Tributaria: “en el caso de los salarios las subidas salariales no han sido suficientes para compensar el incremento de los precios, mientras que en el caso de las pensiones públicas medias su evolución supera la del índice de precios”.

La reivindicación de “salarios dignos para acceder a una vivienda digna” es el argumento que ayer esgrimieron los sindicatos CCOO y UGT para convocar una huelga general de 24 horas y avalar la iniciativa del Sindicato de Inquilinas. La legislación vigente requiere la implicación de los sindicatos de clase para su convocatoria, ya que esta solo puede ampararse en el ámbito laboral y las Inquilinas no podían promover por sí solas esta movilización.

La subida de la inflación afecta especialmente a los trabajadores con los salarios más bajos, que en España se corresponden con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Desde 2018, se ha revalorizado un 66%, mientras que la inflación hasta diciembre de 2025 (último dato utilizado para calcular la subida de 2026) rozó el 25% en este periodo. Tal y como reconoce el Ministerio de Trabajo, la subida del SMI beneficia directamente a 1,66 millones de trabajadores, el 70% de ellos mujeres y jóvenes, aunque sus efectos indirectos alcanzan a 2,5 millones de personas.

Salarios por debajo de la inflación

La importancia que el Ejecutivo concede al SMI quedó patente en el último acuerdo con los sindicatos y Yolanda Díaz, que contó con Pedro Sánchez para su firma. En febrero de 2026, el presidente valoró la apuesta del Gobierno por que “el trabajo permita vivir con dignidad” y aprovechó para lamentar la ausencia de CEOE: “¿Dónde está la patronal cuando el Ibex alcanza máximos históricos? ¿Dónde está la patronal cuando la economía española crece al 2,8%, muy por encima de la media europea? ¿Dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales baten récords año tras año?”.

La mesa de negociación para el SMI arranca habitualmente en otoño, pero este año previsiblemente se modificará el calendario y, salvo sorpresa, quedará en manos del próximo Gobierno. “Esta ha sido una legislatura que ha tenido un marcado carácter populista”, reflexiona Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo y profesor de IE Business School, quien explica que, a pesar de ello, los salarios no han crecido al mismo ritmo que la inflación y están marcados por la caída de la productividad.

La subida de los precios hasta el 4,9% en septiembre se explica en gran parte por el encarecimiento de los carburantes por la guerra de Irán. Aunque el Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de septiembre un nuevo paquete de medidas, los sectores profesionales del transporte y los agricultores han señalado que son insuficientes y también amenazan con movilizaciones. Su evolución determinará los próximos datos de IPC, que tanto afectan al bolsillo del ciudadano de a pie.

¿Ha crecido el poder adquisitivo de los ciudadanos como dice Sánchez?

“A lo largo de estos tres años, nuestro país se ha convertido en la economía que más crece y más empleo crea de toda la Unión Europea. El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado el triple que en Francia y en Alemania. Y nuestros niveles de desigualdad y pobreza, que continúan siendo altos, han caído al mínimo desde que existe serie histórica que la registra”, afirmó Pedro Sánchez, en su discurso de convocatoria electoral.

“La renta disponible no crece al mismo ritmo que la inflación porque los salarios no lo hacen en la misma proporción. Además, hay que tener en cuenta el efecto de la no deflactación del IRPF que, además de favorecer al Gobierno con niveles récord de recaudación fiscal, provoca que una parte de los incrementos nominales de renta tribute a tipos marginales superiores, lo que reduce el importe neto”, explica Rafael Pampillón.

Renta disponible

Por su parte, Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) e investigador asociado de Fedea, señala que “no es cierto que la renta disponible en España haya crecido. Eso lo demuestran los datos del salario neto, es decir, después de pagar impuestos, que en el mejor de los casos se ha mantenido, pero para buena parte de la población se ha reducido por el incremento del IRPF al no actualizar su tarifa con la inflación”. En este sentido, cifra en 2,5 puntos la pérdida de poder adquisitivo desde 2018, considerando el efecto de la inflación y la no deflación del impuesto a las rentas del trabajo.

“El aumento del nivel general de precios reduce la renta real y la capacidad adquisitiva de los hogares cuando los ingresos no evolucionan al mismo ritmo, con un impacto proporcionalmente mayor sobre quienes destinan una parte más elevada de su renta a bienes básicos”, recuerdan desde el servicio de estudios de la Cámara de Comercio de España.

De los 50€ a la incógnita salarial

Los pensionistas llegarán así a las urnas sabiendo cuánto aumentará su nómina en enero. La subida media de las pensiones superará previsiblemente los 50 euros mensuales si en octubre y noviembre no se producen sorpresas con la inflación y se cumplen las previsiones de los analistas, que sitúan en torno al 3,6% la tasa que servirá de referencia para la revalorización de las pensiones. El dato de noviembre oscilará entre el 4,3% y el 5,4% para que la inflación media para el cálculo de la revalorización se sitúe en el 3,6%. “Si se obtiene una cifra por debajo del 4,3% sería del 3,5%. Y si es superior al 5,4% será del 3,7%”, señala María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.

La diferencia es que para los asalariados es que, de momento no tienen esa garantía y parten con una desventaja respecto a los pensionistas. Mientras que la pensión media ha crecido por encima de la inflación, los salarios medios no han logrado alcanzarla. La inflación también llegará a las urnas.