El subsidio para mayores de 52 años es una de las prestaciones más criticadas de los últimos años tras la reforma que se aprobó en 2019 y que revirtió los cambios que había llevado a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy. Seis años después, Fedea ha publicado el estudio Los mayores de 50 años en la ocupación y prestaciones por desempleo (2005-2025). El caso específico del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, en el que señala que el coste de este subsidio para el año 2025 fue de 2.643 millones de euros.
Del informe también se destaca que de 791.200 personas desempleadas mayores de 50 años que había en España en 2025, el número de beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años fue a 458.890, lo que supone un 55% del total de parados.
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Según las previsiones de Fedea, el gasto de 2.643 millones para 2025 se incrementará en 2026 hasta los 2.716 millones, a los 2.895 millones en 2027; y en 2028 rebasará la barrera de los 3.000 millones. Concretamente, en dos años el gasto por el subsidio a mayores de 52 años ascenderá a 3.063 millones, crecerá hasta los 3.224 millones en 2029 y 3.370 millones, en el año 2030.
Cabe destacar que las cifras para 2026 podrían verse incrementadas, ya que el estudio de Fedea señala que en 2026 habrá unos 462.311 perceptores, mientras que los datos de prestaciones por desempleo del SEPE señalan que, hasta el mes de abril, en España había 467.749 personas perceptoras del subsidio por desempleo, 5.438 más.
Sobrecotización
Estos datos, además, llevan implícito un sobrecoste por la reforma del año 2019. Los cambios que se realizaron en la norma fueron una rebaja en tres años de la edad de acceso -que pasó de 55 a 52 años-, los cambios en la evaluación de las rentas a la forma individual en lugar de por unidad familiar, la extensión de la ayuda hasta la edad ordinaria de jubilación y el aumento de la base de cotización por contingencias comunes del 100% al 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Fedea señala que se trata de unos cambios que mejoran la cobertura de los perceptores, aunque alerta que puede reducir los incentivos a la reincorporación al mercado laboral (especialmente en empleos de baja remuneración o a tiempo parcial) e implica un coste adicional no menor para la sociedad española. Cabe destacar que el Banco de España ya alertó la semana pasada que la sobrecotización del subsidio “desincentiva” la vuelta al trabajo y apuntó que si se rebajara la cotización de esta prestación aumentarían las probabilidades de volver a trabajar.
Estos cambios provocan un sobrecoste de hasta 1.487,5 millones en el año 2026, que se ha ido incrementando desde el año previo a la pandemia (en 2019 el sobrecoste fue de 400,5 millones) y que escalará hasta los 1.818,5 millones en el año 2030 derivado del gasto adicional como consecuencia de la última reforma.
Envejecimiento de la población
La composición de la población española ha cambiado en los últimos años y desde 2005, el número de personas mayores de 50 años ha aumentado en 6,8 millones, hasta representar el 43% de la población total. Este aumento de la población de más de 50 años ha provocado que su presencia en el mercado laboral se haya casi triplicado, pasando de 3,8 millones a cerca de 8 millones en 2025.
Sin embargo, esta mayor presencia no ha evitado que el desempleo castigue con fuerza a los trabajadores más senior. Los parados mayores de 50 años suponen hoy el 30,3% del total de desempleados, frente al escaso 12,6% que representaban en 2005.
En este escenario, el subsidio por desempleo se ha consolidado por las dificultades que tienen para reincorporarse al mercado laboral, y que el número de beneficiarios ascienda a 437.817 personas en 2025, que sobre el volumen de parados representen un 55%.
Según los datos de abril de 2026, que cifran en 462.311 los perceptores del subsidio para mayores de 52 años, y se multiplica por los 5.875 euros de media que cobrarán a lo largo del año, da como resultado un coste de 2.716 millones de euros. Si bien es cierto, el número de perceptores a lo largo del año puede variar.
Coste adicional para la Seguridad Social
El estudio elaborado por Fedea también señala que la reforma del subsidio para mayores de 52 años que se realizó en el año 2019 lleva implícito un coste adicional para la Seguridad Social de 17.935 millones entre 2019 y 2030, y que provocará un gasto para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de 1.818 millones para 2030 por el aumento de la prestación y el mayor número de sus perceptores.
En este sentido, estima que la reforma incrementó el número de perceptores del subsidio en más de 300.000 personas. Así, el informe de Fedea ya alerta del sobrecoste que supondrá para las arcas públicas, pues este aumento en el número de perceptores supone un coste adicional notable para el sector público.
Por un lado, derivado del pago del propio subsidio por desempleo, que aumenta de forma gradual y se estima en unos 1.818 millones para 2030 y, por otro, de un aumento de las obligaciones futuras en pensiones (con un valor de 9.456 millones) por el mayor número de perceptores en el periodo estudiado y el aumento de la base de cotización desde el 100 al 125% del SMI, lo que afecta tanto a los antiguos perceptores como a los adicionales. Además, esto también afecta de manera negativa en las cuotas sociales por el menor número de personas que realizan aportaciones a través del trabajo (Fedea lo cifra en 8.479 millones).
Así, la sima de ambos cambios implica un coste adicional para la Seguridad Social en el periodo 2019-2030 de 17.935 millones.