La nueva prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el recién estrenado 2026 no solo mantiene congeladas las partidas presupuestarias, sino que también deja inmóviles las ayudas sociales más sensibles, aquellas que sostienen a los hogares con menos recursos. En España, según los datos más recientes del Ministerio de Trabajo, cerca de medio millón de mujeres perciben mensualmente un subsidio por desempleo. Se trata de prestaciones asistenciales que dependen directamente del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para fijar su cuantía y determinar los requisitos de acceso.
El IPREM funciona así como un ‘metro’ que mide la capacidad económica de los hogares y decide quién puede acceder a distintos beneficios: subsidios por desempleo asistenciales, bonos sociales de electricidad, ayudas al alquiler, becas y otros programas de apoyo social. Pero tiene un severo problema. A diferencia del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que puede actualizarse mediante Real Decreto, el IPREM solo se modifica con la aprobación de nuevos Presupuestos.
Pese a los esfuerzos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los recientes guiños del presidente Sánchez a Junts para conseguir su apoyo, la aprobación de unas nuevas cuentas anuales sigue más lejos que nunca. Como consecuencia, el IPREM no se ha actualizado desde 2023, año en que se dio luz verde al último plan financiero del Estado, y las ayudas sociales ligadas a este indicador no se han adaptado al aumento del coste de la vida, reduciendo de manera significativa el poder adquisitivo real de quienes dependen de ellas. Además, la congelación del indicador limita el acceso a muchas prestaciones para hogares que, con unos límites actualizados, podrían haber cumplido los requisitos y beneficiarse de un mínimo de protección económica.
Subsidio mayores de 52 años
Entre quienes más precisan de esa ajuste en el índice se encuentran los trabajadores mayores de 55 años. Este colectivo, todavía en edad laboral y que históricamente registraba los niveles más bajos de desempleo, ya supera en tasa de paro a los trabajadores de entre 25 y 54 años. En este sentido, el subsidio para mayores de 52 años ha visto cómo su lista de perceptores no deja de crecer.
Actualmente, lo reciben 459.181 personas, de las cuales 250.539 son mujeres. Es decir, más del 54% del total. Este subsidio está destinado a trabajadores que han agotado la prestación contributiva y no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. La cuantía mensual supone el 80% del IPREM, que en 2026, como en los tres ejercicios anteriores, se sitúa en los 8.400 euros anuales. Lo que equivale a unos 600 euros al mes en 14 pagas. Además, esta ayuda cotiza a la Seguridad Social, con el pretexto de garantizar una jubilación y otras prestaciones reforzadas. Así, la asistencia queda estipulada en los 480 euros brutos mensuales.
Pero no es el único apoyo que languidece tras la elevada inflación. Otros que completan la red de protección son el de agotamiento de la prestación contributiva, con 147.395 perceptores; el de emigrantes retornados, con 2.405 beneficiarios. El de liberados de prisión, con 3.413 perceptores; el de víctimas de violencia de género, con 8.767 beneficiarias. Y el complemento de apoyo al empleo, con 49.709 personas. En estos casos, la cuantía a percibir representa el 95% del IPREM durante los primeros 180 días (570 euros), el 90% hasta completar los 360 (540 euros). Y a partir de entonces el 80% del indicador (480 euros).
Un 50% del SMI
Para entender mejor la dimensión del estancamiento del IPREM, conviene compararlo con la evolución del SMI. En 2004, el IPREM mensual se situaba en 460,5 euros, mientras que el SMI estaba en 490,8 euros. En aquel momento, el IPREM representaba aproximadamente el 94% del salario mínimo, por lo que estaban prácticamente a la par. Esta paridad permitía que los subsidios por desempleo y otras prestaciones garantizaran una protección mínima relativamente adecuada.
Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente. Desde 2023, el IPREM se mantiene en 600 euros al mes, mientras que el SMI alcanza los 1.184 euros mensuales. Esto significa que el actual índice de referencia para calcular muchas ayudas representa apenas el 51% del salario mínimo legal. Y que algunas ayudas vinculadas al mismo, como la cuantía del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, equivalen a poco más del 40% del SMI.
En términos de crecimiento acumulado, entre 2004 y 2026 el IPREM ha aumentado un 30%. El SMI, por su parte, lo ha hecho en un 141% en el mismo periodo. Así, las ayudas sociales que dependen del IPREM no han acompañado el ritmo de los salarios ni de la inflación. Además, este mismo año se espera una subida adicional del SMI, lo que incrementará todavía más la brecha y pondrá de relieve la urgencia de revisar el IPREM para que las prestaciones vuelvan a cumplir su función de protección económica efectiva.