La misión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es garantizar el cumplimiento efectivo de la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. Y ayer la entidad que preside Cristina Herrero volvió a sacar los colores a María Jesús Montero, al frente del Ministerio de Hacienda. Durante el tercer trimestre, este organismo emitió 15 recomendaciones a las administraciones públicas dirigidas a la aplicación de la Ley de Estabilidad, la adopción de medidas para asegurar el cumplimiento de la regla de gasto y la mejora de la transparencia.
Teniendo en cuenta que la misma recomendación se puede dirigir a más de una administración, en este periodo se emitieron 42 recomendaciones. Del total, doce correspondieron al Ministerio Hacienda, 18 a las comunidades autónomas y otras doce a las corporaciones locales. Estas recomendaciones se rigen por el principio de cumplir o explicar los motivos por los que se desvían de las mismas. En la práctica, implica que los señalados deben justificar el porqué de su situación. Y así, la posición de Montero quedó retratada.
Rechazo en el Congreso
Una de las advertencias de la AIReF es la ausencia de cuentas públicas. Las orientaciones sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria tenían que haberse aprobado antes del 1 de octubre. Por eso, en el tercer trimestre su recomendación al Gobierno fue que iniciara cuanto antes los procedimientos para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y proponer la senda de déficit y deuda pública. María Jesús Montero volvió a defender en el Congreso de los Diputados su hoja de ruta para reducir progresivamente el déficit del conjunto de las administraciones públicas, pasando del 2,1% del PIB en 2026 hasta el 1,6% en 2028.
Y tal y como estaba previsto fue rechazada por segunda vez en menos de un mes. Ello supondrá como ha advertido Montero un recorte adicional de 1.755 millones de euros para 2026 y de 5.485 millones a lo largo de todo el periodo.
Presupuestos
Sin embargo, para la AIReF estos objetivos, “no son internamente consistentes ni garantizan la compatibilidad con los compromisos europeos”. Y como las recomendaciones exigen una explicación, desde el Ministerio de Hacienda su respuesta fue que la senda fiscal se había visto afectada por factores excepcionales que aconsejaban actuar con prudencia. En este sentido, aludió “a las incertidumbres económicas y fiscales derivadas del impacto de los nuevos aranceles internacionales, el aumento del gasto en defensa, la volatilidad de los precios energéticos y los efectos presupuestarios de fenómenos climáticos extremos”.
Y a esta misma justificación se ciñó también en relación a la presentación de las cuentas públicas para 2026. El Ministerio explicó que trabajaba para hacerlo “lo antes posible”. Una vez que el Gobierno ha tramitado dos veces en el Parlamento los objetivos, en un particular vía crucis como así exige la ley, ya está en condiciones de poder presentarlos. Lo hará como así se ha anunciado reiteradamente, tanto por parte de Montero como del propio Pedro Sánchez, en el primer trimestre de 2026.
Gasto en Defensa
La AIReF afea además falta de transparencia sobre el Plan de Seguridad y Defensa, en términos presupuestarios y de contabilidad nacional para permitir una adecuada supervisión fiscal de este gasto. En este sentido, recuerda que su cuantía resulta especialmente relevante para la evolución del déficit público de la administración central y del conjunto de las administraciones públicas.
Y como en las anteriores, el Departamento de Montero zanjó esta demanda afirmando que este Plan, de carácter público, incluye en su anexo técnico un desglose detallado de las partidas por áreas de actuación y una estimación de su impacto económico agregado. Agregó que la documentación completa del plan está disponible para su consulta pública a través de los canales oficiales del Gobierno de España.
Para la AIReF, como ha venido señalando, esta información es insuficiente para estimar su impacto anual en términos de contabilidad nacional y, por tanto, proyectar sus efectos sobre el déficit, y para el seguimiento presupuestario, lo que dificulta una adecuada supervisión fiscal.
Reforma del marco presupuestario
Además, la AIReF reitera la necesidad de aprovechar la transposición de la Directiva de marcos fiscales nacionales para articular un marco presupuestario de medio plazo coherente, consistente y eficaz. A la autoridad fiscal, el Ministerio trasladó que estaba realizando un análisis en profundidad de los procedimientos y de la normativa nacionales. Sin embargo, como así constata el supervisor, a la Comisión Europea trasladó que no considera necesario reformar la Ley de Estabilidad. Esta postura es rechazada por la entidad que lidera Herrero que considera que, además, que esta transposición brinda la ocasión de eliminar las discrepancias entre el marco nacional y el europeo, especialmente en materia de regla de gasto.
Sobre la regla de gasto, AIReF recomendó al Ministerio de Hacienda activar las medidas preventivas del artículo 19 de la Ley de Estabilidad para Canarias y los Ayuntamientos de Murcia, Palma y Las Palmas de Gran Canaria, ante el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto de estas administraciones en 2025, pero el Ministerio no activó las medidas sugeridas. Las recomendaciones de la AIReF vuelven a dejar patente cómo el Gobierno elude la obligación de seguirlas y opta por justificar los motivos por los que se desvía de las mismas.