El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia penal contra el exdelegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín (PSOE), por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva. Lo ha anunciado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, que ha justificado la vía penal por la “dejación de funciones” del entonces delegado durante la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, una concentración que, según el Ayuntamiento, fue “tolerada” desde su instalación el 26 de septiembre y hasta el desalojo del 3 de noviembre.
Según Sanz, la “inacción continuada” de Martín permitió, “aun sabiendo que no era ajustada a derecho”, que la concentración se prolongara desde el 26 de septiembre hasta su dimisión, un mes después. El escrito, de 30 páginas, relata cronológicamente lo ocurrido y recoge los requerimientos que el Consistorio dirigió a la Delegación del Gobierno, además de informes de la Policía Municipal y de otros servicios sobre los altercados de orden público, el riesgo en caso de una evacuación, los daños en la plaza y los problemas de insalubridad. Entre los hechos que recoge figuran “objetos prohibidos”, “graves alteraciones del orden público” e “incidentes y agresiones”.
El Ayuntamiento sostiene que Martín tenía la competencia exclusiva para velar por la seguridad y proteger los derechos y libertades de la ciudadanía. Recuerda además que el artículo 5 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión le facultaba para disolver la concentración si había personas con objetos contundentes que pudieran usarse como armas, algo de lo que, afirma, se le advirtió por escrito.
La prevaricación administrativa se castiga con inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el sufragio pasivo de entre nueve y 15 años.
Unos 40.000 euros, y la cifra subirá
Sanz ha ofrecido una primera estimación del coste en 8.500 euros por los toldos, 11.000 por la reposición de mobiliario urbano y unos 12.000 euros “de momento” por la limpieza de monumentos. A ello se suman los dispositivos de Policía Municipal y del servicio de limpieza. El total ronda los 40.000 euros, pero no es una cifra cerrada: la estatua de Carlos III, entre otros elementos, requerirá una intervención de mayor complejidad, ya que la limpieza “no ha servido” en todos los casos. Según la denuncia, los daños afectaron también a la Mariblanca y a la propia plaza.
La Policía Municipal impuso en ese mes unas 300 multas por falta de limpieza y por consumo de alcohol y drogas. El Ayuntamiento intenta además identificar a quienes “vandalizaron” monumentos como el Oso y el Madroño o la propia estatua de Carlos III; las investigaciones, ha dicho Sanz, siguen en curso.
La respuesta de la Delegación y el contexto político
Fuentes de la Delegación del Gobierno han indicado que desconocen el contenido de la denuncia y que no pueden valorarla, pero han defendido que todas las decisiones desde el inicio de la acampada se tomaron “con pleno respeto a la legalidad vigente”.
Martín, delegado desde marzo de 2023, dimitió hace poco más de 20 días alegando que no se daban las condiciones para seguir en el cargo. En sus últimas semanas estuvo en el centro del debate político por su gestión de la acampada y por sus enfrentamientos con el Ayuntamiento y con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que en varias ocasiones le acusó de actuar de forma ilegal al no disolver el campamento.
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), calificó a Martín en el último pleno de “comisario del sanchismo” y de persona “sectaria”. Con su sucesora, Pilar Trinidad Núñez, hasta ahora subdelegada, el tono es otro. Una semana después de que asumiera el cargo, la acampada fue desalojada de madrugada. Antes, una de las últimas comunicaciones de Martín a los acampados les decía que “podría resultar legítimo ponerle fin” porque “habían cambiado las circunstancias”.
El Ayuntamiento defiende, en cambio, que el único cambio de criterio fue la dimisión: entre el 26 de octubre y el desalojo del 3 de noviembre, sostiene Sanz, no ocurrió ningún hecho relevante que justificara levantar la acampada. Sanz ha defendido que los datos de la denuncia son “objetivos, suficientes y fundados” y que ya lo eran durante la acampada, por lo que, a su juicio, se habría podido ponerle fin “mucho antes”.
Más Madrid: “un anuncio de campaña electoral”
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha calificado la denuncia de “anuncio de campaña electoral” equivalente a “una medida de programa”. Lo ha dicho durante la presentación de una web de su grupo para denunciar problemas de mantenimiento en los colegios públicos, y ha pedido a Sanz que se dedique a su trabajo como vicealcaldesa y a garantizar los servicios públicos.
Maestre ha reprochado al Gobierno municipal del PP haber tenido “más tiempo de desglosar los daños supuestos de Sol” que de detallar los desperfectos de los colegios, y ha ironizado con el “interés” por “los adoquines de Sol” frente al “desinterés” por “los 294 colegios públicos de la ciudad”.
Queda por ver si el juzgado admite a trámite la denuncia y si aprecia indicios de delito.

