El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha precisado que la atención sanitaria queda garantizada por la Ley General de Sanidad para “todos” los ciudadanos en lo relativo al acceso a urgencias, y para menores y embarazadas en todos los supuestos. La aclaración llega tras las dudas generadas por la firma del pacto entre PP y Vox, que incluye el término “urgencia vital” en el apartado dedicado a la inmigración ilegal, según dice Europa Press.
Carriedo ha subrayado que el acuerdo “está firmado y por tanto es elemento de referencia para el gobierno y para la actividad de los próximos años”, y ha resaltado que contempla 324 medidas en ámbitos como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda o empleo, entre ellas la llamada “prioridad nacional”.
Al respecto, ha explicado que “la prioridad nacional inspira el contenido de ayudas públicas” y la ha vinculado a “el arraigo, entendido este como un arraigo real, verificable y duradero”, una filosofía que, según ha indicado, vertebra el pacto y orienta su aplicación en las distintas medidas.
Como ejemplo, ha citado la ayuda al carné de conducir -con cuantías de 900 euros para el permiso general y 1.800 para el profesional-, que exige cinco años de empadronamiento, al igual que las ayudas al alquiler; en el caso de vivienda pública, el requisito temporal asciende a diez años.
El portavoz ha señalado que este criterio de arraigo “se ha venido aplicando en varias ayudas por otras administraciones públicas” y ha añadido que su desarrollo se ha concretado en cada línea de ayudas, que “van a ser públicas, van a ser transparentes y se van a ejercer también con el máximo nivel de información”.
Ha defendido asimismo que el objetivo de estas medidas es que “las personas vengan con el objetivo de integrarse en la sociedad, de buscar ese arraigo y que, en definitiva, vengan a trabajar, a integrarse social, laboral y culturalmente en la sociedad”.
En cuanto a la reducción de las ayudas a la cooperación al desarrollo -otro de los puntos del acuerdo-, ha indicado que la Junta ha mantenido su colaboración con las ONG que cumplen la normativa y ha insistido en que todas las ayudas deben evaluarse según su eficacia. “Los fondos que se gestionan son fondos del conjunto de los ciudadanos y los tenemos que utilizar con el máximo nivel de eficiencia posible”, ha concluido.