Las imágenes de los disturbios del 17 de octubre han recorrido Francia y buena parte de Europa: contenedores ardiendo, escaparates destrozados, enfrentamientos con la policía y miles de jóvenes en las calles. Pero detrás de la violencia visible se esconde una realidad mucho más inquietante. No estamos únicamente ante una crisis de orden público. Estamos ante una crisis política que la mayoría de los actores nacionales parece más interesada en explotar que en resolver.
A seis meses de las elecciones presidenciales de 2027, la pregunta ya no es qué ha llevado a los franceses a protestar. La pregunta es quién está sacando provecho de su malestar.
Porque mientras estudiantes, trabajadores y familias denuncian el deterioro de la educación pública, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de las desigualdades, la clase política ha convertido estas reivindicaciones en material de campaña electoral. Francia se enfrenta a una paradoja cada vez más evidente: cuanto más se agrava la crisis social, más rentable resulta para algunos dirigentes.
La gran víctima de esta dinámica no es el Gobierno, ni la izquierda radical, ni la derecha. Es el propio debate público.
Las reivindicaciones iniciales han desaparecido prácticamente de la conversación nacional. Los problemas que llevaron a miles de personas a las calles han sido sustituidos por una guerra de relatos sobre quién es responsable de los disturbios. Como sucede cada vez con más frecuencia, el espectáculo de la violencia ha devorado las razones de la protesta.
Mélenchon o la tentación permanente de la agitación
Jean-Luc Mélenchon lleva años construyendo una estrategia política basada en la confrontación. Su fuerza no reside tanto en ofrecer soluciones concretas como en encarnar la indignación. Para el líder de La Francia Insumisa, toda crisis es una oportunidad para demostrar que el sistema está agotado y que él representa la única alternativa posible.
Por ello, las manifestaciones del 17 de octubre llegan en el momento perfecto. La movilización le permite reconectar con una juventud desencantada, con sectores populares golpeados por la inflación y con quienes perciben las instituciones como estructuras alejadas de la realidad.
Pero existe un problema evidente: cuanto más se intensifica la tensión social, más útil resulta para su estrategia política. Mélenchon condena la violencia cuando esta se vuelve imposible de justificar. Sin embargo, evita cualquier ruptura clara con los sectores más radicales de la protesta. Su discurso desplaza sistemáticamente la atención hacia las actuaciones policiales, las decisiones gubernamentales o las supuestas provocaciones del Estado. El mensaje implícito es claro: la violencia sería, ante todo, una consecuencia del sistema y no una responsabilidad de quienes la ejercen.
Esta posición le permite mantener un pie en la legalidad institucional y otro en la movilización permanente. Es una fórmula políticamente rentable, pero profundamente problemática para una democracia que necesita dirigentes capaces de desactivar conflictos, no de administrarlos electoralmente. Mélenchon afirma canalizar la ira popular. Sin embargo, cada vez da más la impresión de que su supervivencia política depende precisamente de que esa ira nunca desaparezca.
Macron y Lecornu, o la factura de una década de desconexión
Sería cómodo atribuir toda la responsabilidad a la izquierda radical. También sería falso. La crisis actual representa, en buena medida, la factura política acumulada por años de desconexión entre las élites gobernantes y una parte creciente de la sociedad francesa.
El macronismo llegó al poder prometiendo modernizar Francia y superar las viejas divisiones ideológicas. Nueve años después, deja un país más polarizado, más desconfiado hacia sus instituciones y más receptivo a los discursos antisistema. La respuesta del Ejecutivo a las movilizaciones revela precisamente esta desconexión. Ante un movimiento que expresa frustraciones educativas, económicas y sociales, el reflejo gubernamental ha sido volver a insistir en el mantenimiento del orden.
Por supuesto, garantizar la seguridad es una obligación del Estado. Pero reducir una crisis social a una cuestión de seguridad constituye también una forma de eludir responsabilidades.
Cuando Sébastien Lecornu acusa a La Francia Insumisa de alimentar el caos, no deja de señalar una parte del problema. Lo que evita mencionar es que el terreno sobre el que prosperan los extremismos ha sido abonado durante años por gobiernos incapaces de responder a las inquietudes de amplios sectores de la población. Los disturbios son condenables. Pero también son el síntoma de un fracaso político más profundo.
Marine Le Pen espera mientras los demás se hunden
Sin embargo, si existe una dirigente que observa esta situación con satisfacción apenas disimulada, esa es Marine Le Pen. La líder del Reagrupamiento Nacional ha comprendido algo fundamental: no necesita participar en el conflicto para beneficiarse de él. Le basta con esperar. Cada autobús incendiado, cada enfrentamiento con la policía, cada intervención polémica de Mélenchon fortalece su principal argumento electoral: la idea de que Francia está perdiendo el control.
Mientras la izquierda radical intenta apropiarse de la protesta y el Gobierno intenta contenerla, Le Pen se presenta como la única figura que parece situada por encima del caos. Es una posición cómoda y políticamente eficaz.
Lo más llamativo es que la extrema derecha no necesita ofrecer respuestas detalladas a los problemas que originaron la movilización. La crisis educativa, las desigualdades territoriales o la pérdida de poder adquisitivo pasan a un segundo plano. La seguridad vuelve a ocupar el centro del escenario, exactamente donde el RN quiere que esté. Así, la violencia termina reforzando a quienes menos han contribuido a resolver las causas que la produjeron.
La verdadera tragedia política no reside únicamente en los disturbios. Reside en la perversa convergencia de intereses que estos generan. Mélenchon necesita una sociedad enfadada para mantener viva su narrativa de ruptura. Le Pen necesita una sociedad asustada para justificar su promesa de autoridad. El macronismo necesita denunciar a ambos para intentar preservar un espacio político que se reduce cada vez más. Todos encuentran una utilidad electoral en la crisis.
Mientras tanto, los ciudadanos que salieron a la calle para denunciar problemas concretos observan cómo sus reivindicaciones desaparecen bajo una avalancha de cálculos partidistas. La educación, los salarios, la precariedad juvenil o el coste de la vida han sido desplazados por una interminable batalla de acusaciones cruzadas. La conclusión resulta incómoda, pero difícil de evitar: la crisis del 17 de octubre ha dejado de pertenecer a los manifestantes. Ahora pertenece a los candidatos.
Y quizás ahí radica el problema más grave. Francia no se enfrenta únicamente a una crisis social ni a una crisis de orden público. Se enfrenta a una clase política que parece haber descubierto que la polarización produce más réditos electorales que las soluciones. En ese contexto, la pregunta ya no es quién ganará las elecciones gracias a esta crisis. La verdadera pregunta es quién tiene todavía interés en ponerle fin.