Giorgia Meloni ha sido una de los principales artífices de una política de “retornos” de migrantes en situación irregular. La crisis de Ceuta ha generado una reacción en cadena de una veintena de Estados miembros de la UE que van en la misma dirección que la jefa de gobierno italiana y su homóloga danesa Frederiksen —a pesar de ser esta última socialdemócrata.
Sin embargo, mientras un número creciente de países de la UE presionan a Roma para que readmita a los migrantes que entraron en la Unión a través de Italia, ella se encuentra confrontada a su propia estrategia. Es el efecto «boomerang». Así, Alemania, Suiza, Austria, Finlandia, Suecia, los Países Bajos e Irlanda, entre otros, han pedido a Italia, como país de primera entrada en la UE, que readmita a los solicitantes de asilo. Estas peticiones se derivan del nuevo pacto europeo sobre asilo y migración, que reafirma un principio clave del sistema de Dublín instaurado en 1997: el país de la UE por donde un nacional de un tercer país entra por primera vez en la Unión y solicita protección debe tramitar su solicitud de asilo.
Pocas semanas después de la llegada al poder de Meloni en 2022, Italia suspendió unilateralmente la acogida de los traslados de Dublín, alegando limitaciones prácticas y de capacidad.
Tras el fracaso de la reforma del sistema de asilo de la UE durante la legislatura 2014-2019, los legisladores europeos finalmente lo lograron en la siguiente, implementando un nuevo sistema de gestión de asilo y fronteras: el pacto sobre migración y asilo de la UE, que entró en vigor en junio de 2026. Este pacto reafirma el principio de los retornos, imponiendo el traslado de los solicitantes de asilo que continúan su ruta hacia otro país de vuelta a su Estado miembro de primera entrada.
En particular, el nuevo pacto prevé un mecanismo obligatorio de solidaridad entre los países de la UE, pero el número anual de reubicaciones sigue siendo demasiado bajo para garantizar una redistribución realmente significativa.
En 2026, solo 8.878 personas migrantes serán reubicadas desde los países considerados “bajo presión migratoria” (Italia, España, Grecia, Chipre y Malta) hacia otros Estados miembros. El año pasado, más de 66.000 migrantes en situación irregular llegaron a Italia por mar y Frontex registró cerca de 178.000 cruces irregulares de las fronteras de la UE.
A pesar del bajo número de reubicaciones dentro de la UE, el gobierno italiano apoyó las nuevas reglas sobre migración. Un elemento clave del paquete migratorio europeo es el reglamento sobre retornos, finalizado el pasado mes de junio. Este mecanismo busca aumentar el número de solicitantes de asilo rechazados que son efectivamente devueltos, ya que hoy en día muy pocas personas cuya solicitud es denegada son realmente expulsadas a su país de origen.
Los gobiernos de la UE también han explorado otras vías para acelerar los retornos, en particular la creación de “centros de retorno” en terceros países. Estos permitirían a los Estados miembros enviar a los migrantes a un país con el que no tienen ningún vínculo directo o indirecto.
Pero devolver a un migrante a su país de origen, o a un tercer país, presupone un acuerdo bilateral. Italia abrió el camino con un centro de retorno en Albania, aunque los jueces italianos han invalidado el mecanismo en repetidas ocasiones. Alemania, Austria, Grecia, los Países Bajos y Dinamarca trabajan conjuntamente en la creación de centros de retorno fuera de la UE. Por otra parte, las negociaciones para una instalación en Uganda se encuentran en una fase avanzada, con el objetivo de que entre en funcionamiento en 2027.
No obstante, los obstáculos jurídicos y prácticos vinculados a la creación de centros de retorno en terceros países hacen improbable que aporten una respuesta inmediata a las llegadas irregulares. Por el momento, resulta más sencillo para los países de la UE devolver, dentro del propio bloque, a los migrantes a su país de primera llegada, de conformidad con el principio de Dublín.
Irónicamente, los dos únicos países que han excluido explícitamente los retornos a Italia basados en Dublín son España y Francia, los mismos Estados miembros que calificaron los centros de retorno de Meloni de “ineficaces” y se opusieron a su financiación con fondos europeos. Los retornos dominan ahora el debate europeo sobre la migración; la mayoría de los países de la UE, independientemente de su color político, presionan para endurecer la línea, una evolución que se ha visto acentuada por la crisis en el enclave español de Ceuta.
La crisis de Ceuta desató una grave crisis diplomática entre Roma y Madrid, después de que Meloni rompiera con la costumbre de solidaridad entre los Estados miembros de primera línea al suspender la libre circulación en el espacio Schengen y restablecer los controles fronterizos con España. Hoy en día, el auge de los retornos basados en Dublín reaviva una fractura más tradicional entre los Estados miembros de la frontera y los países de destino, un pulso particularmente visible entre Italia y Alemania.
Si Italia mantiene esta postura, puede destruir el nuevo sistema europeo de asilo. Por su parte, el gobierno italiano considera que esta cuestión está estrechamente ligada a la actividad de las organizaciones no gubernamentales con sede en Alemania que rescatan a personas en el mar, a las que considera un “factor de llamada” para los migrantes en situación irregular.
Al erigir el endurecimiento migratorio como un dogma europeo, Giorgia Meloni pensaba imponer su agenda en Bruselas. Pero el nuevo Pacte sobre migración y asilo, combinado con las recientes crisis diplomáticas, se vuelve hoy en contra de Roma, atrapada en sus propias paradojas. Giorgia Meloni ha logrado sin duda su apuesta de carácter ideológico: universalizar la política de «retornos». Desde la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen hasta una veintena de Estados miembros sacudidos por la reciente crisis de Ceuta, Europa se ha alineado con el nivel de firmeza italiano. Sin embargo, este triunfo político de fachada esconde un fracaso estructural. A fuerza de exigir el respeto estricto de las fronteras y de los procedimientos de retorno, la primera ministra italiana se enfrenta ahora al efecto boomerang de su propia retórica.
El barniz de la solidaridad europea se ha quebrado definitivamente con la crisis de Ceuta. Al suspender Schengen para restablecer los controles con España, Meloni rompió el pacto implícito entre los países de primera línea, desencadenando una crisis diplomática mayor con Madrid. Solo París y España excluyen hoy en día devolver migrantes a Italia, al tiempo que critican la ineficacia de los centros albaneses.
Esta escalada no se debe al azar. El horizonte electoral de 2027 dinamita el debate. En Italia, Meloni se ve ahora desbordada por su derecha ante el ascenso de una facción ultranacionalista liderada por el eurodiputado Roberto Vannacci. En Alemania, la coalición tiembla ante el empuje de la AfD, que se sitúa a la cabeza de los sondeos. Al transformar la gestión migratoria en un juego de suma cero, los líderes europeos, con Meloni a la cabeza, han creado un engranaje jurídico y político que amenaza ahora con paralizar la Unión.