El caso de los conocidos como los “siete de Cornell” cambia de manos. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha apartado de la investigación al fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, y ha encargado el procedimiento a la fiscal general del Estado, Letitia James. Una decisión extraordinaria que llega después de que nuevas informaciones hayan puesto en duda cómo se investigó inicialmente la denuncia de una estudiante que asegura haber sido drogada y violada por varios miembros de una fraternidad en 2024.
James, de 67 años, ocupa desde 2019 la Fiscalía General de Nueva York. Fue la primera mujer elegida para el cargo y la primera persona negra en desempeñarlo en la historia del Estado. Antes había ejercido como defensora pública, concejal de Nueva York y public advocate de la ciudad. Ahora tendrá capacidad para revisar las pruebas del caso Cornell, ampliar la investigación y, si considera que existen indicios suficientes, llevar las evidencias ante un gran jurado.
Su nombramiento como fiscal especial supone, sobre todo, retirar la causa de las manos de Van Houten. Apenas unos días antes, el fiscal local había anunciado que reabriría el procedimiento después de que la joven, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, presentara una demanda civil contra siete miembros de la fraternidad Chi Phi, la universidad y otras partes. Pero para Hochul ya no era suficiente. La gobernadora aseguró que las últimas revelaciones habían debilitado su confianza y la del público en la capacidad de la Fiscalía del condado para encargarse del caso.
Las dudas sobre la primera investigación
El centro de la polémica está en lo que ocurrió después de que Doe acudiera a la Policía de Cornell en noviembre de 2024. La Fiscalía del condado decidió entonces no presentar cargos al considerar que las pruebas que había recibido no alcanzaban el umbral necesario para iniciar un procedimiento penal.
Sin embargo, la publicación posterior de documentos y partes de la entrevista de la estudiante ha abierto interrogantes sobre la información que llegó realmente a manos de los fiscales. Según las informaciones conocidas esta semana, durante aquella declaración la joven afirmó de manera explícita que había sido violada, una afirmación que no habría quedado reflejada en el informe remitido posteriormente a la Fiscalía. Van Houten ha reconocido además que su oficina se apoyó en el trabajo realizado por la Policía de Cornell y no desarrolló una investigación independiente.
Hochul elevó este viernes el tono contra la gestión inicial del caso. La gobernadora afirmó que la denunciante había sido “fallada” por algunas de las instituciones y personas encargadas de protegerla, entre ellas la policía universitaria y la Fiscalía local.
Una investigación desde cero
La llegada de James abre ahora una nueva etapa. Su oficina no estará limitada a revisar la decisión adoptada hace dos años, sino que podrá investigar las acusaciones y determinar si existen delitos susceptibles de ser perseguidos penalmente. La fiscal general también ha señalado que examinará la actuación de Cornell y estudiará si la universidad debe modificar sus protocolos para proteger a los estudiantes, especialmente a las víctimas de agresiones sexuales.
“Todo neoyorquino merece saber que cuando denuncia un delito, será investigado de forma completa y justa”, señaló James al aceptar el encargo. La fiscal aseguró que dirigirá un proceso basado “en los hechos y la ley”.