Hoy, después de casi dos años en el limbo, vuelve a manos de los fiscales el caso de la presunta violación en grupo en la Universidad de Cornell. La Fiscalía del condado de Tompkins, en el Estado de Nueva York, ha decidido reabrir la investigación sobre la presunta violación de una estudiante de Cornell en una casa de la fraternidad Chi Phi en octubre de 2024. La decisión llega menos de dos semanas después de que la joven, identificada en la demanda civil como Jane Doe, presentara una demanda contra Cornell, la fraternidad y siete de sus miembros. La denuncia desencadenó una oleada de indignación pública en las redes sociales por la manera en que se había tratado el caso.
El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, ha anunciado este lunes que su oficina volverá a examinar las pruebas y que pretende presentar el caso ante un gran jurado con la cooperación de la denunciante. El objetivo, ha explicado, es determinar si existen nuevas evidencias que no estaban disponibles, o no fueron consideradas, cuando el caso fue examinado en noviembre de 2024 que pudieran justificar la presentación de cargos criminales.
La demanda civil, presentada el 14 de septiembre, describe una noche de octubre de 2024 en la que la joven habría sido drogada y agredida sexualmente por siete miembros de la fraternidad Chi Phi. Según la denuncia, fue obligada a consumir ketamina y posteriormente sufrió agresiones sexuales durante horas. El escrito identifica a los siete acusados como Matthew Ingalls, Jonathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar.
Uno de los elementos que más ha contribuido a la indignación es un mensaje de Snapchat que, según la demanda, circuló aquella noche en un grupo denominado “Chi Phi Actives”. La denuncia sostiene que uno de los miembros de la fraternidad invitó a otros hombres a subir a una habitación donde se encontraba la joven. El contenido del mensaje forma parte ahora de la controversia entre la Fiscalía y el abogado de Jane Doe sobre qué pruebas fueron entregadas a las autoridades y cuáles llegaron a ser examinadas.
Ese punto es especialmente relevante porque Van Houten ha admitido que su oficina no realizó una investigación independiente del caso en 2024 y que se apoyó en la investigación llevada a cabo por la policía de Cornell. El fiscal afirma además que su oficina no recibió entonces una captura del supuesto chat de Snapchat incluida ahora en la demanda. El abogado de Jane Doe, Thomas P. Giuffra, sostiene lo contrario y asegura que el material fue entregado a las autoridades porque constituía una prueba fundamental que debía haber sido investigada.
La explicación de por qué no hubo cargos en 2024 es otro de los puntos en disputa. Van Houten ha hecho pública parte de la declaración que Jane Doe prestó entonces ante la policía universitaria. Según el resumen difundido por la Fiscalía, la joven relató que había consumido alcohol y drogas voluntariamente y describió inicialmente determinadas relaciones sexuales como consentidas. El fiscal sostiene que en aquella declaración no afirmó haber sido drogada sin su conocimiento, ni dijo estar inconsciente o incapacitada durante su estancia en la fraternidad. Por eso, según su versión, no se presentaron cargos.
El abogado de la joven cuestiona esa interpretación. Giuffra sostiene que las autoridades nunca volvieron a entrevistarla con personal especializado en investigar agresiones sexuales y que la investigación policial no permitió esclarecer adecuadamente lo ocurrido. La discrepancia entre ambas versiones será ahora parte del examen que preceda a una eventual decisión del gran jurado.
Mientras tanto, Cornell asegura que sí investigó el caso por su propia vía. La universidad afirma que su Oficina de Derechos Civiles y su Oficina de Conducta Estudiantil llevaron a cabo una investigación bajo las normas internas y que el procedimiento fue independiente del proceso penal. En un comunicado difundido la semana pasada, Cornell señaló que la fraternidad Chi Phi permanece vetada del campus.
La universidad ha reaccionado también a una de las acusaciones que más indignación han generado: que algunos de los estudiantes implicados tuvieron la posibilidad de reducir las consecuencias de su conducta escribiendo ensayos. Cornell niega que esa fuera la sanción y argumenta que, después de una audiencia de varios días ante un panel formado por profesores y miembros del personal, se impusieron distintas medidas disciplinarias, entre ellas expulsiones y suspensiones. La universidad sostiene que ninguno de los estudiantes recibió la posibilidad de escribir ensayos como única consecuencia de su participación.
Cornell explica que las leyes federales de privacidad le impiden revelar públicamente las sanciones individuales. Esa reserva legal dificulta reconstruir desde fuera qué ocurrió durante el procedimiento disciplinario universitario y qué consecuencias tuvo para cada uno de los acusados. La universidad sostiene que cualquier infracción de sus normas puede acarrear desde una suspensión hasta la expulsión.
El caso se produce en un momento en que Cornell ha reconocido la necesidad de revisar su respuesta a la violencia sexual en el campus. En febrero de 2025, el presidente Michael Kotlikoff y la rectora Kavita Bala crearon un grupo de trabajo presidencial sobre agresiones sexuales. Su informe final, publicado en marzo de 2026, recomendó mejorar la información que reciben los estudiantes, hacer más accesibles los mecanismos de denuncia y apoyo, reforzar la educación sobre consentimiento y desarrollar nuevas iniciativas sobre “ciudadanía sexual”.
La reapertura de la investigación no significa que los siete hombres hayan sido declarados culpables de un delito. Tampoco determina el resultado del proceso civil iniciado por Jane Doe. Por ahora, significa que vuelve a abrirse una investigación que se cerró sin cargos en 2024 después de que una nueva demanda haya sacado a la luz otras acusaciones y pruebas que las autoridades quieren revisar.
Van Houten ha defendido que las decisiones de la justicia penal deben descansar en las pruebas y no en la presión pública. Pero también ha reconocido que la reacción provocada por el caso ha llevado a su oficina a volver sobre él. “Queremos reexaminar” si existe evidencia adicional, ha explicado a ABC News, para determinar si puede sostenerse que hubo una conducta criminal.
Dos años después de aquella noche en Cornell, seguimos cuestionando qué ocurrió en la habitación de una fraternidad, qué investigó la Universidad y qué pruebas recibió o quedaron fuera de la investigación. Será un gran jurado quien, con las nuevas evidencias que la Fiscalía pretende revisar, determine si existen fundamentos para avanzar hacia cargos criminales de los implicados aquella noche.
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