Recuento agónico en Perú. 24 horas después de cerrar las urnas en la segunda vuelta de las elecciones, los peruanos aún no saben quién será su próximo presidente. El escrutinio está marcado por la extrema igualdad entre los dos candidatos. El futuro jefe del Estado peruano se decidirá por apenas unos votos.
La contienda electoral es una de las más ajustadas de la historia reciente del país. Durante gran parte del recuento, las diferencias entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, fueron mínimas, lo que impidió conocer un ganador con claridad hasta el final del recuento.
Con más del 95,7% de las actas contabilizadas, Sánchez mantenía una ligera ventaja de apenas 0,15 puntos porcentuales. Según los datos oficiales difundidos al cierre de esta edición, la candidata conservadora obtenía el 49,925% de los votos frente al 50,075% de Sánchez, una distancia de poco más de 25.000 sufragios.
La tensión se trasladó también a las calles. Miles de simpatizantes de ambos candidatos se concentraron en distintos puntos de Lima para seguir la evolución de los resultados.
Es la cuarta vez que Keiko Fujimori pasa a la segunda vuelta tras varios años de intentos fallidos por alcanzar la presidencia. Durante la campaña, Fujimori defendió propuestas centradas en el orden público, la estabilidad económica y la atracción de inversiones.
Mientras que Sánchez, el candidato de Juntos por el Perú, centró su discurso en la necesidad de combatir la corrupción, reforzar el papel del Estado y atender las demandas de los sectores más desfavorecidos, especialmente en las zonas rurales del país.
¿Podrá el vencedor sobrevivir al Congreso?
Uno de los principales desafíos para quien asumirá la presidencia no estará únicamente en el Ejecutivo, sino también en su relación con el Congreso. En la última década, Perú ha vivido una sucesión constante de enfrentamientos entre ambos poderes, una dinámica que ha contribuido a la caída de varios gobiernos y ha convertido al país en uno de los más inestables de la región en términos políticos.
Así, el próximo presidente peruano no sólo tendrá que gobernar con medio país en contra, también deberá gobernar además con un Parlamento fragmentado y sin mayorías claras. Ninguna de las principales fuerzas políticas cuenta con los apoyos suficientes para imponer por sí sola su agenda legislativa, lo que obligará a negociar permanentemente para sacar adelante reformas, presupuestos y proyectos de gobierno. La construcción de alianzas será, por tanto, una condición indispensable para garantizar la gobernabilidad.
A esto se suma una particularidad del sistema político peruano: la facultad del Congreso para declarar la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, una figura constitucional cuya interpretación ha generado controversia y que ha sido utilizada en repetidas ocasiones durante los últimos años. Esta herramienta ha contribuido a la fragilidad de los gobiernos y seguirá siendo un factor determinante en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El Congreso tampoco escapa al desgaste institucional que afecta a buena parte de la clase política peruana. La cámara llega a este nuevo periodo marcada por una fuerte desaprobación ciudadana y por diversos escándalos que han alimentado el malestar social. En este contexto, quien salga finalmente vencedor deberá afrontar no solo las demandas económicas y sociales del país, sino también el reto de reconstruir la confianza en unas instituciones cuya credibilidad se ha visto seriamente afectada.