Fue en Radio Nacional de España donde Pedro Sánchez pronunció, con toda la naturalidad del mundo, la frase que mejor define el problema: “¿De quién depende la Fiscalía?”. No era una pregunta retórica, sino un recordatorio. Pocas veces un presidente ha sintetizado tan abiertamente su visión del Estado. Años después los documentos policiales, las agendas manuscritas y los registros de reuniones sin acta han ido acumulando desde entonces, es la evidencia de que aquella frase no era retórica: era un programa que está quedando al descubierto con la documentación intervenida.
En los últimos días hemos sabido que la UDEF ha localizado mensajes personales que demuestran la relación de cercanía entre Pilar Rodríguez, exfiscal jefa provincial de Madrid, y Miguel Palomero, abogado de la red Plus Ultra: felicitaciones de cumpleaños, trato de confianza. Esa cercanía adquiere otra dimensión cuando se lee lo que Palomero escribió al dueño de Plus Ultra en mensajes facilitados por Estados Unidos: “La fiscal jefa es amiga y hay que cortar esto”. El letrado de una empresa investigada afirmaba tener acceso privilegiado a la jefa de la Fiscalía que supervisaba el caso.
La jugada de la Fiscalía: enterrar el caso en vacaciones
Lo que vino después no desmiente esa impresión. En julio de 2021, la Fiscalía solicitó el levantamiento del bloqueo de los 34 millones del rescate aprovechando las vacaciones de la jueza instructora. El juez sustituto accedió y el dinero fluyó. Sin embargo las sospechas condujeron, dos años más tarde, a una denuncia que fue objeto de investigación. La jugada de la Fiscalía urdida por Pilar Rodríguez y Pilar Llop fue inédita y sorprendente, pues solicitó el sobreseimiento libre del caso, un cierre definitivo que, de haberse producido, habría impedido investigaciones posteriores y, por ejemplo, la imputación de Zapatero en esta vertiente. Solo la revisión del caso por parte de la Audiencia Provincial frustró el intento.
La reciente lluvia de evidencias es tan elocuente que lo extraño sería pensar que elementos tan distintos y tan distantes no guardan relación, puesto que curiosamente todos estos casos beneficiaban siempre, de un modo u otro, a los intereses del presidente, tapando episodios de corrupción que dañaban y erosionaban su posición al frente del Gobierno. El rescate de Plus Ultra era uno de ellos. Pero había más.
El 12 de septiembre de 2024, Leire Díez Castro, la Fontanera del PSOE, escribió en su agenda: “Estrategia: presentar querellas simultáneas en Badajoz al hermano y a la juez para que no se visibilice. Luis pone la querella, que el fiscal hace el escrito y se persona”. El 27 de noviembre, horas después de que la jueza Biedma imputara al hermano del presidente, una denuncia recauchutada contra la propia jueza llegaba por burofax a la Fiscalía General. García Ortiz la tramitó en menos de 48 horas, ignorando a su subordinada, que semanas antes había rechazado ese mismo escrito por carecer de fundamento, y reenvió además la denuncia ya archivada. La UCO concluyó que el documento había sido revisado por Leire y, aparentemente, por Santos Cerdán. La agenda de Leire describió el plan y curiosamente la Fiscalía lo ejecutó.
Además sabemos que el número dos de la Fiscalía General, Diego Villafañe, mantuvo al menos dos reuniones sin registro con Leire Díez y el abogado Teijelo, ambos investigados por la Audiencia Nacional. Los encuentros no figuran en el libro de registros, no se levantó acta ni se abrió expediente. La Fiscalía Anticorrupción no fue informada en ningún momento.
Un patrón de ascensos: quien sirve al poder, prospera
A todo ello se suma un patrón de incentivo sdifícil de ignorar. Pilar Rodríguez fue designada para la Fiscalía del Tribunal Supremo en la misma sección a la que fue a parar García Ortiz tras su inhabilitación. La fiscal Llop, que ejecutó en sala la estrategia favorable a Plus Ultra, obtuvo plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el aval del Gobierno. Quien actúa en beneficio de la causa asciende. Quien se interpone -como la Fiscalía Anticorrupción- recibe expedientes.
Un Estado democrático necesita una Fiscalía que persiga el delito con independencia de quién lo cometa. Lo que los documentos en poder del juez Santiago Pedraz describen es otra cosa: un órgano que, en demasiados casos y demasiadas causas, ha actuado como cortafuegos del poder, como herramienta de presión contra jueces incómodos y como cámara de compensación de favores entre investigados y altos cargos. No es una acusación: es lo que la UCO, la UDEF y los propios registros internos de la Fiscalía permiten inferir.
Pedro Sánchez preguntó retóricamente de quién depende la Fiscalía. La respuesta que ofrecen los hechos investigados no habla de independencia constitucional ni de autonomía funcional. Habla de agendas manuscritas que se convierten en instrucciones, de órdenes que llegan de noche y se tramitan de madrugada, de reuniones que no constan en ningún registro y de promociones que llegan justo después de hacer trabajos bajo sospecha. La cuestión es si un país que aspira a ser un Estado de derecho puede permitirse sospechas sobre un órgano encargado de perseguir la corrupción que se dedica a protegerla.
Esta es la pregunta. Y urge que alguien, más allá de los jueces, empiece a responderla.