La frenética noche del 13 de marzo de 2024 agitada por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que movilizó a varios subordinados para dar respuesta a una información que aseguraba que la Fiscalía había ofrecido a Alberto Gómez Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso) un pacto para que admitiera dos delitos fiscales supondrá, con casi total seguridad, la suspensión de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
— Pilar Rodríguez: Hola. ¿A qué correo te mando los correos cruzados de Julián [Julián Salto, fiscal de Delitos Económicos] y el abogado [de González Amador]?
— Álvaro García Ortiz: alvxxxxxx@gmail.com
Al cabo de un rato de aquella misma noche, el Fiscal General del Estado volvió a ponerse contacto con la fiscal jefe provincial de Madrid.
— Álvaro García Ortiz: Hola, nos falta el mail que Julián le manda el 5 del marzo al abogado. Pídeselo, por favor. Es del que habla la prensa comunicándole la presentación de la denuncia.
Lo que dice el reglamento
Estas conversaciones fueron interceptadas por la UCO de la Guardia Civil y acabarán siendo letales para Pilar Rodríguez. Probablemente también para García Ortiz, pero Rodríguez —a diferencia de su superior— debe ser suspendida del cargo de fiscal provincial de Madrid “cuando se dicte auto de apertura de juicio oral o de prisión por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas”.
Fuentes fiscales explican a Artículo14 que “no hay ninguna norma que imponga la dimisión del Fiscal General del Estado ante la apertura de un juicio oral que le afecta, quizá porque nadie pensó que podría ocurrir algo semejante”. “En la práctica, el fiscal general presta unos servicios especiales, no unos servicios propios de un fiscal de carrera”, añaden.
Así que mientras que García Ortiz permanece blindado en el cargo por el reglamento y por la confianza que todavía mantiene del Gobierno, Pilar Rodríguez se perfila como el inevitable chivo expiatorio de una filtración que, tal y como demuestra el informe de la UCO tuvo otros agitadores.
El horizonte de octubre
Este informe reconstruyó con gran detalle los mensajes que García Ortiz intercambió con la fiscal jefe provincial de Madrid para preparar la filtración a los medios del caso de González Amador, así como la elaboración de la nota informativa que publicó la Fiscalía Provincial de Madrid a continuación.
El juez Hurtado del Tribunal Supremo hadictado un auto en el que propone juzgar a García Ortiz y la fiscal de Madrid al considerar que actuaron “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno […]”. El Supremo todavía debe analizar posibles recursos de los encausados y los argumentos de las acusaciones, pero todo hace pensar que el juicio oral es prácticamente seguro. ¿Cuándo? Fuentes jurídicas se atreven a situarlo en octubre, pero lo hacen con la boca pequeña.