Existe un gran trecho en estos momentos entre “el apoyo total” que el Gobierno expresa en público al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y la convicción monclovita (en privado) respecto a que habrá que dejarlo caer una vez se abra el juicio oral contra él por el presunto delito de revelación de secretos. Cabe recordar que el Tribunal Supremo investiga a García Ortiz a raíz de la filtración de datos sensibles relacionados con Alberto Gómez Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Mientras la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dio ayer, tras el Consejo de Ministros, la enésima muestra de respaldo a García Ortiz, apenas 24 horas después del auto de procedimiento abreviado en el que proponía juzgar a García Ortiz y a la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, los estrategas de Moncloa asumen que habrá que cambiar el paso cuando madure el procesamiento del fiscal general del Estado.
El juez Hurtado considera que tanto García Ortiz como Pilar Rodríguez realizaron filtraciones a los medios “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno […] con la finalidad de ganar el relato”, lo cual deja a ambos fiscales al borde del banquillo. Falta todavía que el Supremo analice los recursos de los encausados y los argumentos de las acusaciones. Así que la instrucción de Moncloa, entra tanto, es clara: apoyo cerrado al Fiscal General del Estado.
A lo largo de los próximos días, ningún ministro del Gobierno -ni del PSOE ni de Sumar- fallará al guion de defender la continuidad de García Ortiz y de señalar, en todo caso, al juez Hurtado. En privado, sin embargo, Moncloa asume que la apertura de un juicio oral hará insostenible la situación. “No es lo mismo defender la continuidad de un político que la del responsable de una institución. A un político lo puedes aguantar el tiempo que te convenga. Pero en la Fiscalía no puedes hacer lo mismo en ese extremo”, dicen las fuentes consultadas.
El ofrecimiento de hace 8 meses
Moncloa, de hecho, ya está buscando opciones para una sustitución nada sencilla. Hace ocho meses, cuando comenzó la investigación del Fiscal General del Estado, el propio García Ortiz ofreció su salida. Pero en aquel momento la idea de Moncloa era que nadie debía caer, que no debía darse pie a la descomposición de las estructuras creadas por el PSOE.
Ahora el asunto es cada vez más complicado y la tribu judicial de la que forman parte García Ortiz y su antecesora, Dolores Delgado, tampoco es tan amplia como para elegir a sus anchas el relevo.
Un adiós con honores
Pese a la compleja sustitución, la lectura en Moncloa es que, llegado el juicio oral, sería inconcebible que los fiscales de carrera tuvieran a un superior en semejante situación, ya que ahí los riesgos internos serían incontrolables. El Gobierno va sorteando como puede las quejas que van lanzando asociaciones de la carrera fiscal y judicial (hoy mismo habrá un parón de protesta) y tratando de desprestigiar el “acoso orquestado”, a su juicio, por la derecha político-mediática-judicial.
Pero, en realidad, la conclusión de las fuentes consultadas en el complejo presidencial es que habrá que pactar una salida honrosa para García Ortiz que realce su tarea como servidor público y sus sacrificios (una vez dimita) para preservar la estabilidad del Ministerio Público. “Se irá para no hacer daño a la institución”, avanzan las fuentes consultadas.