“Siempre parece imposible… hasta que se hace. Nelson Mandela”. Esta frase encabeza la agenda del mes de marzo de 2025 de Leire Díez y, a la vista de hasta donde llegaron sus movimientos, resulta paradójica. Así, en la página del 3 de marzo de 2025 de una de las agendas intervenidas por la UCO, figura una anotación que alcanza directamente al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a quien entonces era su mano derecha, el fiscal Diego Villafañe. En concreto, la fontanera del PSOE escribe la palabra “Acción” relacionada con tres nombres: “Álvaro”, “Villafañe” y “DAO”.
Esta anotación está fechada tres días antes de la primera reunión del abogado de Santos Cerdán con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, cargo que ocupaba entonces. Se trataba de un puesto de máxima confianza de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado en aquel momento. Posteriormente, en una fecha indeterminada, hubo una segunda reunión y en ambas participó Leire Díez, en calidad de “compañera de despacho” del letrado del ex secretario general de organización del PSOE.
Así lo reconoció ayer, 10 de junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investiga el ‘caso Leire Díez’. No obstante, según la información remitida, de ambos encuentros entre Villafañe y Díez no tuvo conocimiento el fiscal general del Estado hasta tiempo después.
Aclaración de la Fiscalía General del Estado
El magistrado Santiago Pedraz requirió a la Fiscalía General del Estado el pasado 8 de junio información sobre las visitas a la sede por parte de Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo, el también abogado Ismael Oliver y el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos investigados en el ‘caso fontanera’, así como del abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, José García Cabrera, citado como testigo en la causa.
En respuesta al citado requerimiento de información, la Fiscalía envió ayer la información solicitada. En este sentido, según fuentes fiscales, sobre los encuentros celebrados en la sede de la Fiscalía General del Estado entre 2024 y 2025, se informó de que “no existen registros de visitas en la sede sita en la calle Fortuny nº 4″. No obstante, “en el espíritu de total colaboración institucional y transparencia que anima a la Fiscalía General del Estado”, se trasladó por parte de los fiscales concernidos más información.
Reunión de Villafañe con el abogado de Santos Cerdán
En concreto, la Fiscalía confirmó a Pedraz que Diego Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López Pesquera, mantuvieron el 6 de marzo de 2025 “una reunión” con Jacobo Teijelo “en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante”.
A su vez, en una fecha no determinada, entre finales de marzo y principios de abril, Villafañe volvió a reunirse con el abogado de Cerdán, quien informó de su voluntad de “interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos”.
Según las fuentes, en ambos encuentros, el abogado Jacobo Teijelo “estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado y que sería posteriormente identificada a través de los medios de comunicación como L. D. C.”, en alusión a Leire Díez.
García Ortiz fue informado posteriormente
En su respuesta, la Fiscalía reconoció que Álvaro García Ortiz fue informado a posteriori de ambas reuniones. “Ninguno de los dos fiscales recibió indicación alguna de quien en esa fecha era Fiscal General del Estado, y ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente por la Fiscalía, ya que se entendió por los fiscales que la narración efectuada por J. T. C. se limitaba a contener una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto”, explicaron ayer fuentes fiscales.
En este contexto, las anotaciones de la agenda de Leire Díez cobran relevancia al involucrar directamente no sólo a Villafañe sino a García Ortiz. La cita del 3 de marzo de 2025 no es la única que figura en la documentación incautada por la UCO. Unas páginas más adelante, con fecha del 12 marzo, la fontanera del PSOE escribe: “Fortuny. base de Fiscalía. Todas las actuaciones las tiene que autorizar y en todo caso están los ’emei’ [podría ser una alusión a email]”.
Efectivamente, en el número 4 de la citada calle madrileña se encuentra la sede de la Fiscalía General del Estado. Un día después, en su agenda vuelve a señalar “Reunión con F”, junto con el nombre de la fiscal Marisa Llop.
Fiscal General del Estado – SLAPP
El fiscal general del estado vuelve a figurar el 25 de marzo, junto con la abreviatura SLAPP. En el ámbito legal, la abreviatura SLAPP hace referencia a Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública (por sus siglas en inglés, Strategic Lawsuits Against Public Participation). En este contexto, puede interpretarse como una acción legal para intimidar mediante querellas infundadas.
Paradójicamente, España está en proceso de transponer la Directiva Anti-SLAPP, que según define la Fundación Internacional Baltasar Garzón tiene como objetivo “proteger a las personas que participan públicamente contra procedimientos judiciales civiles manifiestamente infundados o abusivos, incluso con implicaciones transfronterizas”.
La UCO identifica las reuniones
Cinco días antes, según constata la investigación de la UCO, el abogado Ismael Oliver comentó a Leire que le remitiría las cuatro denuncias propuestas a su cliente – Koldo García Izaguirre- y que las mismas no serían presentadas en la Fiscalía General, sino que serían enviadas al Fiscal General: “Querida amiga, te voy a mandar las cuatro denuncias que voy a proponer a mi cliente enviar al fiscal general, no a la fiscalía general al fiscal General“.
El 25 de marzo, fecha de la anotación en la agenda, Oliver le remite a Leire una solicitud de información dirigida a la Fiscalía General del Estado en el que requiere la identificación de un alto cargo de la UCO, en relación al posible acuerdo en el que habría participado Aldama y el fiscal Jefe Anticorrupción en el marco de las diligencias de investigación a Koldo.
Tres días después, el 28 de marzo, en una nueva conversación entre Leire y Oliver sobre este asunto, éste finaliza su mensaje exponiendo que si “el fiscal general apoya un mínimo creo que podemos empezar a recoger cosecha”. Por su parte, Leire menciona “ayer se lo llevó norte de deberes”.
En relación con esta estrategia con la presentación del cuarto y último escrito, la UCO identifica un mensaje el 8 de abril de 2025 en el que Leire le comenta a Oliver: “El jueves te cuento cosas, ¿te parece? Parece que la Fiscalía ha arrancado a hacer cosas”.
En este sentido, la investigación de la Guardia Civil llama la atención: “Resulta relevante señalar que con fecha 4 de abril de 2025, es decir, cuatro días antes de estos mensajes, se habría celebrado una reunión en la Fiscalía General del Estado, en la que habrían intervenido, al menos, Leire y Teijelo”.
“Capacidad de acceder incluso, aparentemente al propio Fiscal General del Estado”
En relación con la vinculación de Leire con la Fiscalía, la UCO señala en su investigación que desde el punto de vista de la posición estratégica y capacidades de esta supuesta organización, un elemento que se considera fundamental es la capacidad demostrada por la misma para acceder a esta Fiscalía e incluso, aparentemente, al propio Fiscal General del Estado, en ese momento Álvaro García Ortiz.
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