Convocadas las elecciones generales, quien tenga la responsabilidad de formar gobierno asume una pesadísima carga de tareas de muy diversa índole. Permítaseme poner sobre la mesa la que, a mi juicio, es prioritaria y que se limitaría a que ésta fuese una legislatura en la que el ciudadano, en general, y el justiciable, en particular, recuperase su capacidad de asombro.
Admirarse, pasmarse o sorprenderse ante lo jurídicamente aberrante es la reacción lógica de una sociedad cuando una norma contradice su propia exposición de motivos, una reforma se aprueba precipitadamente y sin haber evacuado las consultas necesarias y sus efectos no previstos obligan a corregirla en meses o cuando se legisla para un caso concreto con apariencia de generalidad. Esa reacción es una forma de control social del poder, tan necesaria como la que ejercen los tribunales.
En los últimos años el ciudadano ha perdido esa saludable rebeldía, y no por falta de motivos, sino por exceso. Años de decretos-leyes utilizados como mecanismo legislativo ordinario, de leyes ómnibus que hibridan materias sin conexión material ni lógica, de enmiendas introducidas subrepticiamente para sortear los informes preceptivos, de disposiciones transitorias que desmienten el texto que dicen completar, de retroactividades disfrazadas y de excepcionalidades que se perpetúan, han producido un efecto perverso, el de la habituación. Lo que en otro tiempo habría provocado una reacción ciudadana, un debate doctrinal o, incluso, una severa crisis política, hogaño genera un mero encogimiento de hombros. El ciudadano ya no es capaz de distinguir lo grave de lo simplemente habitual, y quien no diferencia no reacciona.
Esta fatiga no es neutra. Una sociedad agotada es una ciudadanía que delega, y el poder que no teme la reacción crítica tiene incentivos para seguir abusando del procedimiento, de la técnica y de la anomía inoculada. El deterioro de la calidad normativa se retroalimenta con la esclerosis de quienes deberían denunciarlo.
El enjuiciador y quienes litigan se ven así obligados a interpretar normas redactadas sin rigor, a reconstruir la incierta voluntad del legislador, a conciliar preceptos incompatibles y a explicar al justiciable desorientado y al cliente perplejo por qué lo que ayer era blanco hoy es negro, y viceversa. La seguridad jurídica, que el artículo 9.3 de la Constitución proclama como principio estructural de nuestro ordenamiento, se convierte así en una previsión formal vacía de contenido. Y cuando el juez tiene que hacer de legislador subsidiario para que el sistema funcione, algo se ha roto en el reparto constitucional de papeles.
Esta petición inaplazable no es ni mucho menos retórica. El próximo gobierno debería fijarse como prioridad absoluta no tanto el diseño de un ambicioso programa político como la adopción de una actitud moral que se traduzca en medidas concretas en la gobernanza general y en lo normativo en particular, verbigracia, que el decreto-ley vuelva a ser lo que la Constitución dice que es, un instrumento para la extraordinaria y urgente necesidad y no un atajo para eludir el debate parlamentario. Que las leyes se tramiten con los informes que la ley contempla y con el tiempo que la técnica requiere, y que el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y los demás órganos consultivos dejen de ser un trámite que se salva con una mención de cortesía. Que las enmiendas guarden relación con el texto que corrigen o que el reproche de un tribunal no se perciba como un ilegítimo dogal judicial, sino como el natural, motivado e independiente ejercicio de uno de los tres poderes del Estado.
Nada de esto exige una ideología determinada. Un gobierno de cualquier signo puede legislar bien o mal, y la mala técnica no tiene color, no en vano, la calidad legislativa debería ser un bien común cuya transversalidad favorezca tanto al que gobierna como al administrado.
Se dirá que es una aspiración modesta. Ni mucho menos. Demandar que el justiciable o el administrado pueda volver a asombrarse equivale a recuperar que lo anómalo vuelva a parecerlo, que el benéfico sobresalto sea de nuevo posible y que la crítica no necesite una energía de la que el ciudadano, exhausto, ya carece. Supone, en el fondo, devolver a la norma su condición de expectativa posible y cierta.
Un gobierno que consiga eso, aunque no logre nada más, habrá hecho un servicio impagable por el Estado de Derecho. Y los ciudadanos, víctimas de un cuadro claro de indefensión aprendida, podrían descubrir con sorpresa que todavía es posible anhelar algo de sus representantes políticos.
Esa sería la mejor de las extrañezas, que la ley vuelva a merecer el respeto que se le debe, y que, cuando no lo merezca, haya alguien dispuesto a denunciarla, otro a ponderar el reproche y un último, en nombre de todos, se encargue de mejorarla.