Dejen ya de mentirnos, Sres. Ministros y correspondientes voceros. Nacionalidad y voto son dos instituciones jurídicas que, a veces, van unidas y otras no. Lo saben perfectamente, pero insisten en confundir a la ciudadanía, vaya Vd. a saber con qué intenciones. Incluso da qué pensar tanta insistencia cuando, jurídicamente, la cosa está más que meridianamente clara. Vayamos por partes.
Que toda persona tiene derecho a una nacionalidad es un principio general del Derecho Internacional que se plasma en normas como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 15) o la Convención de Nueva York sobre la reducción de la apatridia. Incluso la Convención interamericana de derechos humanos otorga el derecho a obtener la nacionalidad de sus estados miembros a quienes hayan nacido en uno de ellos y no tenga la posibilidad de obtener otra.
En Derecho interno, cada Estado regula la forma de obtener la nacionalidad, ya sea con técnicas de ius sanguinis, de ius soli o mixtas. En España la regulación constitucional es muy parca, limitándose a establecer que: “Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad” (artículo 11.2 Constitución Española). Son las leyes de desarrollo, como el Código Civil básicamente, pero también otras, como la Ley de Memoria Democrática, quienes regulan la forma de acceder a la nacionalidad española. Nada que objetar al respecto, salvo que no se puede, por ser nulo de pleno derecho, extender el ámbito personal de aplicación de una ley mediante una Instrucción, como se ha hecho recientemente en el controvertido caso de lo que se denomina ley de nietos. La jerarquía normativa es un principio básico de todo sistema jurídico. Y lo que se establece por ley no puede ser modificado por normas inferiores a la ley. No se extrañen, pues, señores de la mentira, de que el caso esté judicializado.
El problema al que ahora nos enfrentamos es a la populista pretendida identificación absoluta entre obtención de la nacionalidad y titularidad del derecho al voto. Los tratados internacionales permiten que los estados regulen las condiciones de ejercicio del derecho al voto. Así lo hacen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando atribuye el derecho al voto, sin restricciones indebidas, a los nacionales de un Estado, vinculando los derechos políticos a la concepción de ciudadano. Ojo al dato: sin restricciones indebidas, lo que significa que pueden darse restricciones admisibles.
También la Constitución española, en el artículo 23.1, reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y al sufragio; además el artículo 13.2 afirma que: “Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23”. La única excepción que permite la Constitución (tras su reforma de 1992 por el Tratado de Maastricht) es que los extranjeros residentes voten en las elecciones municipales y europeas bajo criterios de reciprocidad.

Pero no todas las personas que tienen nacionalidad española pueden votar en todo tipo de elecciones. Porque el derecho al voto, como todo derecho fundamental, puede estar sometido a condiciones de ejercicio y a límites, siempre que estén establecidos por una ley pertinente y adecuada, sean necesarios en una sociedad democrática y cumplan con el principio de proporcionalidad (es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien establece estas condiciones).
Es la Ley electoral la que regula en España con todo detalle el ejercicio del derecho al voto y, conforme con la Constitución, exige que se sea mayor de edad para poder hacerlo efectivo, lo que implica que los españoles menores de edad no lo pueden ejercitar. No todos los españoles pueden, pues, votar sin más.
Además, en las elecciones locales, es necesario estar en el censo de electores justificando residencia legal, efectiva y habitual en la localidad en la que se está censado (el empadronamiento ficticio es delito en España). Por ejemplo, durante el tiempo en que fui residente legal en Bélgica, inscrita en el padrón de Bruselas y con DNI belga (allí te lo atribuyen con la inscripción), pude votar en las elecciones generales que se realizaron en España, pero no en las municipales puesto que mi empadronamiento legal estaba en Bélgica, no en España. Ello es así para múltiples personas de nacionalidad española residentes en el extranjero, personal diplomático y consular, trabajadores en empresas extranjeras, etc. Lo que significa que, aún siendo españoles, la falta de residencia legal efectiva y habitual en España, impide que se pueda votar en las elecciones locales. No todos los españoles pueden votar sin más.
También cabe señalar que existen excepciones para quienes tengan restringido el derecho al voto por resolución judicial firme (no basta con estar en prisión). Evidentemente, hay que poder demostrar la identidad en el momento de votar, sino tampoco se puede depositar el voto en la urna. No todos los españoles pueden votar sin más.
Con lo que, Sres. maestros de la mentira, no intoxiquen tanto. Es necesario ser español para poder votar, pero no todos los españoles pueden hacerlo. Se precisa cumplir con los requisitos establecidos en las leyes vigentes para ello.

Respecto del voto expatriado, es decir, de los nacionales de un país que residan en el extranjero, existen muchas y muy diversas regulaciones. No todos los países atribuyen automáticamente el derecho al voto a todos sus nacionales, residan donde residan. Son soberanos para ello y tienen en cuenta su historia, sus precedentes y sus peculiaridades actuales. Así, por ejemplo, los alemanes que viven fuera de la Unión Europea pueden votar solo si han residido en Alemania de manera continuada durante al menos tres meses después de haber cumplido los 14 años, y siempre que no hayan pasado más de 25 años desde que salieran del país.
Una técnica bastante utilizada para dar representación a los nacionales ausentes es la asignación de circunscripciones electorales propias para el voto expatriado, como sucede en Italia o en Francia. Es algo que nosotros no tenemos contemplado legalmente ni en la Constitución, pero que podría ser de interés dada la movilidad existente en el mundo globalizado en el que vivimos.
También existen, por supuesto, países que no restringen de ningún modo el voto a los nacionales residentes en el extranjero, como es el caso de Estonia, que reconoce incluso el voto digital, con certificación del ID efectuado a través del ordenador o del móvil, sin tener que acudir a ningún consulado u oficina. Lástima que estén, ahí, en Estonia, privados de este derecho más del 20 por ciento de su población, apátridas que, por razones nativistas e identitarias, están privados de nacionalidad por las leyes estonias… y tampoco pueden adquirir otra.
Ya ven, pues, queridos lectores, que no se puede identificar con carácter absoluto el voto con la nacionalidad. Ello lo ha visto también muy claro el antiguo presidente del Parlamento Europeo, que también ha sido vicepresidente de la Comisión Europea y Alto representante para la política exterior y de defensa de la UE, mi apreciado colega Jean Monnet, Josep Borrell, quien se preguntaba lúcidamente no hace mucho en una entrevista: “¿Por qué alguien que nunca ha pisado España va a tener derecho a votar?”.

