Nos acaba de anunciar Pedro Sánchez que no descarta indultar al antiguo fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo, que tuvo que dejar el cargo, aunque no su condición de fiscal, como consecuencia de tal condena. Estupendo, fantástico y fenomenal.
Desde luego, se acogerán a que, al tratarse de una sentencia del Supremo, es firme y, en consecuencia, se puede acceder al indulto porque así lo dispone el artículo 2 (apartado 1.º) de la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de esta medida de gracia. No obstante, el antiguo fiscal general tiene recurrida (no suspendida) en amparo ante el Tribunal Constitucional la sentencia que le condenó. La regulación deriva de una ley decimonónica que precisaría ser reformada y quizás se tendría que prever en una nueva ley, o reformando la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que no se podrá tramitar el indulto si en el caso está pendiente de resolución un recurso de amparo. Pero la ley vigente es la que es y no queda otra que acatar su aplicación formal, siendo conscientes de que ello no se corresponde con la esencia de la institución que se está aplicando. En eso son maestros, de nivel.
Quizás no son muy conscientes, pese a las múltiples advertencias, de que no se puede estar toda una legislatura sin presupuestos. Es más, sin ni tan siquiera presentarlos al Congreso, como exige el art. 134.3 de la Constitución. Ello, además de ser contrario a la Constitución, constituye una ruptura con los principios básicos de la democracia y el parlamentarismo. Como afirma el insigne historiador José Varela Ortega, la ciudadanía tiene derecho a conocer en qué se gastan los impuestos que religiosamente va pagando, y ello es así desde que, en la Inglaterra medieval, se obligó a los reyes a estar autorizados por el parlamento para sufragar sus gastos y los gastos generales del país.
Claro que el pobre parlamento español es el pariente pobre del sanchismo. Ahora resulta que no representa la voluntad de la calle, nos ha dicho el presidente. “Es hora de que el parlamento se parezca a la calle y no a quienes viven en aticazos”, ha afirmado solemnemente a sus amigos de La Sexta. Frase de nivel, ciertamente, habida cuenta de que la mayoría de sus ministros habitan viviendas que, de media, deben tener más de 200 metros cuadrados. Querrá que los ciudadanos habitemos en tiendas de campaña, ocupando espacios públicos. Quizás así la calle llegue a sustituir al mismo parlamento, pues es mucho más sabia, sobre todo cuando no vive en aticazos. Pero no se preocupen ni alarmen, que “en las calles de Madrid no va a haber paz” (diputada Bergerot dixit). ¿Será éste el neoparlamentarismo que viene?
Hace ya tiempo que el presidente afirmó también que no le caían los anillos por prescindir del parlamento para “gobernar”. Así lo proclamó ante el Comité federal de su partido afirmando, en 2024, que gobernaría “con o sin el concurso del poder legislativo”. Y así lo viene haciendo, a golpe de decreto o de decreto-ley, incluso estando cuestionado por los que le auparon en la investidura y a los que necesita en las convalidaciones parlamentarias de la legislación de urgencia. Por eso retira de la circulación los proyectos que sabe van a tener difícil aprobación en las Cortes, ya que aunar las voluntades políticas de sus socios (o ha tenido) es más difícil que cuadrar el círculo. Y por eso exige al Congreso que no tramite prácticamente nada de lo que, cumpliendo con todos los requisitos exigibles, tiene su origen en propuestas o acuerdos del Senado. Rizando el rizo, aumentando el nivel estratégico ahora, con las Cortes disueltas, nos va a obsequiar con una Diputación permanente del Congreso trabajando cum magnibus itineribus, como si de Julio Cesar en las Galias se tratara, porque ahí sí puede tener formalmente las mayorías necesarias que no tenía en el pleno e ir convalidando decreto-ley tras decreto-ley, con indiferencia de si se trata de propuestas legislativas que el pleno de la cámara hubiera rechazado o podido rechazar. Habrá que pensar, para cuando se pueda, en una reforma del Reglamento parlamentario, para que la Diputación permanente refleje realmente la voluntad del pleno, por ejemplo, introduciendo en ella el voto ponderado (como en la Junta de portavoces).
Contiene un tan gran nivel de apreciación la formación del relato “progresista”, que ahora pretende, conjuntamente con varios de sus “allegados” (les da igual que sean “conservadores” o que representen al espectro antisistema) hacer creer que la amnistía es de aplicación automática a todo quisque que haya delinquido por Cataluña. Lo ha ratificado a su vez el triministro Bolaños, al par que reconocido que la Ley de amnistía tiene su origen en la necesidad de los 7 votos de Junts para lograr la investidura. No tienen en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las sentencias ya emitidas, deja el necesario margen de apreciación a los tribunales internos para decidir en qué casos la aplicación de la amnistía es compatible con la regulación UE de la malversación o del terrorismo y que, todavía, falta emitir sentencia en dos cuestiones prejudiciales. Una es la relativa a la compatibilidad de la ley de amnistía con el art. 2 del Tratado de la Unión Europea que configura el Estado de Derecho como valor de la Unión que ha sido presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, la otra, la que envió al TJUE un juzgado de primera instancia de Vilanova y la Geltrú. Tampoco está agotada la vía iniciada ante el Tribunal de Cuentas por Sociedad Civil Catalana quien, según viene manifestando, seguirá todos los pasos judiciales que considere jurídicamente necesarios, ante las instancias pertinentes. Qué prisa tienen en hacer parecer que el tema está cerrado. Faltan no sólo flecos, sino tejido principal, para que el traje esté terminado.
El ejército de asesores de que disponen en Moncloa (incluyendo guionistas de series de televisión nos han dicho últimamente) va a tener que esmerarse un poco más. Ni tan siquiera sabemos cuánto nos cuesta mantenerlo, porque se les paga con nuestros impuestos, esos que no sabemos cómo se los gastan. Tampoco conocemos su “expertise”, que tanto deja que desear vistos los resultados. Aunque deben de ser puestos codiciados. Algunos integrantes del conciliábulo monclovita coronan sus carreras, porque aquí las puertas giratorias están a la orden día pese a las advertencias europeas, en órganos de gran relevancia, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Pasan a formar parte de ese tribunal tan predecible que sabemos que siempre, en los temas “sensibles” van a decidir 7 a 5. De ese tribunal que se extralimita en sus funciones, invadiendo las competencias del Tribunal Supremo en la apreciación de la legalidad ordinaria y que afirma, pretendiendo que nadie le tosa, que es constitucional todo aquello que la Constitución no prohíbe expresamente. Rizando el rizo, su presidente acaba de aseverar en El País que “cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la democracia”. Nivelazo.