En 2017, agentes de Asuntos internos de la Policía Nacional entraron en el domicilio del excomisario José Manuel Villarejo. En ese registro, los agentes se incautaron de catorce discos duros y 47 memorias USB. Información que impulsó varias piezas del caso Tandem y la causa de la Kitchen que se juzga estos días en la Audiencia Nacional.
En sus años de excedencia, Villarejo había realizado todo tipo de encargos valiéndose de las redes de contacto e influencia que le había otorgado el Cuerpo. En muchas ocasiones, estos trabajos fueron para particulares, pero estableció también una red parapolicial. Esto es, altos mandos de la Policía Nacional le encargaban trabajos fuera de la legalidad como fue el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, para arrebatarle la información sensible.
Este martes, fue el turno de los peritos que se dedicaron a analizar este material sensible. Los técnicos del Centro Criptológico Nacional y de la Policía describieron el proceso de desencriptación de los volúmenes como un “trabajo muy tedioso”. Era como “una caja fuerte” de la que tenían que descifrar “la llave” de cada una de sus cabeceras. “Es como recibir la cerradura del almacenamiento pero no todo el dispositivo”, explicaron.
En concreto, estuvieron años realizando esta labor y solo consiguieron acceder al 60% de los archivos del comisario: “Un año después de recibirlo dejamos de trabajar sobre las cabeceras. El último resultado fue en marzo de 2019, y se dejó de trabajar en ellos en la pandemia, un año después”, expusieron.
Los agentes lo dieron por misión imposible y, preguntados por si podrían haber desencriptado todas, uno de los funcionarios aclaró que sí pero que se podría haber tardado “años o siglos”, despertando la estupefacción de la jueza Teresa Palacios, que dijo con ironía: “¿Siglos, ha dicho? Eso ya no lo veo”.
Estas testificales son una evidencia más de que el juicio de la Kitchen solo va a juzgar la punta del iceberg de todo el entramado parapolicial. Deja fuera la implicación que pudo llegar a tener el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Y, por supuesto, ese material incautado a Villarejo que no verá la luz a no ser que el propio excomisario quiera.
El testimonio de García Castaño
En las siguientes jornadas del juicio se van a reproducir las declaraciones del comisario Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’, que quedó fuera de la causa por un ictus que le hizo perder “las facultades mentales precisas para tomar conciencia de su situación procesal y de una hipotética y futura actuación en el juicio oral”, según acordó el juez. De no ser por sus problemas de salud, también estaría sentado en el banquillo.
Si bien, antes de esta afectación que sufre, pudo declarar como investigado en la causa destapando gran parte de las claves del operativo parapolicial. García Castaño dejó claro que la operación Kitchen tenía un objetivo político y “no era una operación policial al uso”. Añadió en sus declaraciones el conocimiento del exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos: “Esto no se hace sin conocimiento del ministro. Había conocimiento en la Secretaría de Estado de Seguridad”, aseveró. También reconoció que se usaron fondos reservados para pagar a los confidentes “con el objetivo de obtener información sobre Luis Bárcenas”.
Con estos mimbres, se procederá a la escucha de los audios de Villarejo que han quedado dentro de la causa, tal y como publicó este periódico. En concreto, uno de los más reveladores es en el que dice a un interlocutor que le han ofrecido “maldades” para “salvar el culo al Barbas”, en referencia a Mariano Rajoy.
Fuentes del caso apuntan a que la semana que viene podría empezar la declaración de los procesados y que “lo lógico” sería que primero hablara el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, seguido de su número dos, Francisco Martínez, porque son los primeros en aparecer en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción. Si bien, la Sala aún no ha especificado las fechas.
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