El Gobierno no se quedará de brazos cruzados y busca vías para que los “nietos” puedan votar pese al “no” del Tribunal Supremo. Aunque, según iba pasando el día, Moncloa veía como se reducían sus opciones para conseguir que los nacionalizados por la ley de nietos puedan votar el próximo 29 de noviembre.
Este lunes, festivo nacional, Pedro Sánchez recibía un varapalo por parte del Alto Tribunal, que rechazaba el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado contra el auto que dictaba la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos.
La noticia le llegaba al Gobierno en el Palacio Real, donde presidente y ministros asistía la a la recepción real con motivo de la Fiesta del 12 de octubre. Y no ocultaron su malestar con la resolución del Tribunal Supremo. “Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos”, criticaban fuentes gubernamentales.
Pronto, todos los corrillos acabaron monopolizados por el asunto –en un contexto plenamente electoral- y en el ámbito gubernamental se avisaba del camino a seguir: dar la batalla para conseguir que 160.000 ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española a través de la llamada “ley de nietos” puedan votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.
Tras recibir la resolución, en Moncloa miraban la opción de recurrir a través de la abogacía del Estado en el caso de que la resolución sea definitiva, tal y como explicó el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en conversación informal con los periodistas. Sin embargo, a medida que pasaba la tarde esa opción quedaba descartada. En Moncloa aseguran que la única vía posible es la de que sean los propios afectados los que deban recurrir al Constitucional. “Los servicios jurídicos analizarán todo, pero hay miles de afectados y recurrirán”, confían en Moncloa.
Sobre las elecciones, Pedro Sánchez dijo, en una conversación informal con periodistas, que el PSOE puede quedar “primera fuerza y gobernar”. “No se puede sustraer ese derecho, llevan votando desde el 2023”, señalaba antes de conocer la decisión del Supremo.
Además, el presidente apuntaba como responsables al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y al presidente de Vox, Santiago Abascal. ” Es curioso que vayan a unas elecciones pidiendo que la gente no vote”.
El PSOE lo ve “un atropello”
Fuentes del PSOE tildaban de “atropello” el fallo del Supremo y también señalaban a la derecha: “Feijóo y Abascal no quieren que miles de españoles, descendientes de los exiliados por la Guerra Civil y la dictadura, puedan votar. De nuevo, el PP y Vox se quitan la careta y vuelven a tropezar con la piedra del franquismo. Su único proyecto es el recorte masivo de derechos”.
La sentencia del Supremo es muy dura contra el Gobierno, al que le recuerda el “riesgo de que se constituya irregularmente un censo de electores, en este caso el CERA, sin las exigencias de exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia que exige la celebración de un proceso electoral en una democracia parlamentaria representativa como es la española sigue persistiendo con la misma intensidad”.
Además, el Supremo destaca la necesidad de “limpieza y pulcritud en la relación de electores”, incluidos en el CERA constituye para el tribunal “un valor supremo del que deben despejarse las más mínimas dudas de oscuridad o irregularidad, porque la legitimidad democrática de los representantes elegidos por el voto de los ciudadanos puede ser puesta en entredicho si existe la más mínima duda de irregularidad”.
Al malestar del Gobierno contrastó la alegría en las filas de la oposición. Desde PP a Vox festejaron la resolución del Supremo. Feijóo aseguró que el Alto Tribunal volvía a poner “límite a la irresponsabilidad del Gobierno” y que anteponía “el bien común a sus prisas y a sus chapuzas”. Para Vox, el fallo es una “gigante victoria judicial”.
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