Francia lleva al Parlamento una de sus reformas más ambiciosas contra las violencias sexuales y sexistas. La Asamblea Nacional comenzó este jueves 1 de octubre el debate de la conocida como “ley integral”, una propuesta que aborda desde la protección de los menores y la respuesta judicial hasta la situación de las víctimas extranjeras.
El proyecto fue registrado el pasado 11 de agosto y el Gobierno decidió tramitarlo mediante procedimiento acelerado el 25 de septiembre. Antes de llegar al hemiciclo, una comisión especial lo examinó durante tres jornadas y aprobó una versión modificada del texto.
Uno de los puntos que más discusión ha generado es el artículo 62, dedicado a las víctimas extranjeras. La propuesta establece que una persona que haya presentado una denuncia por determinados delitos sexuales no pueda recibir una orden de expulsión de Francia mientras se resuelve definitivamente su solicitud de residencia y durante el procedimiento penal. La medida se aplicaría independientemente de que la víctima estuviera inicialmente en situación administrativa regular o irregular.
La reforma también amplía la protección migratoria existente. Entre otras modificaciones, eleva de uno a dos años la duración de la tarjeta temporal de residencia contemplada para determinadas víctimas y extiende su ámbito a delitos como las violencias sexuales, las mutilaciones sexuales, el incesto o determinados actos de tortura. Mientras se estudia la petición de esa tarjeta, la persona solicitante recibiría una autorización provisional de estancia.
Los detractores
Precisamente ahí se concentra parte de la oposición al artículo. Sus críticos cuestionan que la presentación de una denuncia pueda desencadenar protecciones migratorias antes de que exista una resolución judicial sobre los hechos. Durante la tramitación en comisión se llegó a presentar una enmienda para eliminar por completo el artículo 62. Sus autores argumentaban, entre otras cuestiones, que el sistema podía generar un “riesgo de efecto llamada” y plantear problemas jurídicos respecto a las normas europeas de retorno. La propuesta de supresión fue retirada.
Dos diputados de la UDR, Alexandre Allegret-Pilot y Christelle d’Intorni, han presentado enmiendas para retirar del proyecto términos como “feminicidio” y “sexista”. Su argumento es que el primero no constituye una categoría específica del Código Penal francés y que la legislación debería recurrir a las calificaciones penales ya existentes.
Como alternativa, los dos parlamentarios han propuesto incorporar al texto conceptos como “masculinicidio” para contabilizar también los asesinatos de hombres cometidos en determinadas circunstancias.
Las discrepancias llegan también desde la izquierda. La France Insoumise ha participado en la tramitación, pero algunos de sus diputados reclaman cambios antes de decidir su posición definitiva. Entre sus objeciones figuran el peso que consideran excesivo de las medidas punitivas y la necesidad de dedicar más recursos a prevención y protección. El debate parlamentario será, por tanto, decisivo para determinar hasta dónde llega finalmente la reforma.
La propuesta es mucho más extensa que estas controversias. Contempla cambios relacionados con la justicia, la protección de menores, la atención a las víctimas y la actuación de las instituciones frente a las violencias sexuales e intrafamiliares. La comisión especial ya aprobó el texto el 23 de septiembre y ahora corresponde al pleno decidir qué disposiciones sobreviven a la nueva oleada de enmiendas.
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