Durante décadas, la violencia contra los niños en las escuelas francesas ha permanecido oculta. Un tabú que nadie se ha atrevido a romper hasta ahora. Pero las cifras que emergen resultan difíciles de asimilar.
Las autoridades de Francia investigan alegaciones de abuso físico, psicológico y sexual contra niños de tan solo tres años en más de 100 guarderías y escuelas de primaria de París. Abogados y colectivos de padres lo califican de “catástrofe nacional”.
La magnitud de los abusos
La fiscal jefe de París, Laure Beccuau, confirmó que los investigadores examinan casos en 84 escuelas infantiles, alrededor de 20 colegios de primaria y aproximadamente 10 guarderías, repartidos por los 20 distritos de la capital francesa. La Brigada de Protección de Menores detuvo a 16 personas vinculadas a una guardería en el distrito VII, acusadas de violación, agresión sexual y violencia contra menores.
Las acusaciones afectan al personal del conocido como périscolaire, el sistema de supervisión de niños fuera del horario lectivo: comedores, hora de la siesta y actividades extraescolares. A diferencia de los docentes, contratados por el Ministerio de Educación, estos monitores son reclutados por los ayuntamientos, con frecuencia en contratos temporales y por horas, con escasa formación y sueldos bajos. La certificación exigida, el diploma BAFA, se obtiene en un curso de dos semanas.
Los testimonios recogidos por los colectivos de padres describen que gritan a los niños, los empujan, los privan de comida o al contrario, los obligan a comer hasta vomitar y, en los casos más graves, víctimas de agresión sexual o violación. El abogado Louis Cailliez, que representa a dos familias parisinas, presentó denuncias en febrero por la presunta violación de dos niños de guardería en 2025, ambos de tres años.
Las familias llevan años alertando
Los colectivos de padres aseguran que sus advertencias cayeron en saco roto durante años. Barka Zerouali, cofundadora de #MeTooEcoles, afirma que las familias han sido ignoradas sistemáticamente por las autoridades municipales y la Policía. “No estamos solo enfadadas, estamos indignadas”, declaró Zerouali. “Parece que hemos estado hablando con el viento”, lamentó en la prensa francesa.
El movimiento #MeTooEcoles lleva tiempo documentando una realidad que las instituciones se han negado a ver: la escuela, presentada como un espacio de educación, confianza y seguridad, no ha garantizado en la práctica la protección de los niños. Según la Comisión Independiente sobre el Incesto y los Abusos Sexuales a Menores (Ciivise), 160.000 niños son víctimas de violencia sexual cada año en Francia, y casi la mitad sufre esos abusos en instituciones destinadas a protegerlos. El 40% de la violencia sexual institucional tiene lugar en escuelas, internados o programas extraescolares.
Los datos del Ministerio de Educación, recogidos por la Dirección de Evaluación, Pronóstico y Desempeño (DEPP), no son menos inquietantes: casi uno de cada dos estudiantes de secundaria afirma haber sido víctima de violencia reiterada en la escuela, y uno de cada diez, de violencia física o sexual.
Para #MeTooEcoles, lo inaceptable no es solo la violencia en sí, sino que esta siga siendo negada, encubierta o ignorada con demasiada frecuencia por las instituciones. “La administración se está protegiendo a sí misma. Los adultos permanecen en silencio. Las víctimas quedan solas, enfrentándose a la indiferencia institucional“, denuncian en la página web del movimiento.
El colectivo SOS Périscolaire, que lleva cinco años recogiendo testimonios, ha reunido más de 600 denuncias de familias de toda Francia. Su cofundadora Élisabeth Guthmann subrayó a France24 que el problema va mucho más allá de París: “Esto es claramente sistémico y afecta a toda Francia”, lamentó.
El alcalde de París, Emmanuel Grégoire -quien reveló haber sufrido él mismo abusos por parte de un monitor en su infancia- ha reconocido fallos “sistémicos” y lanzado un plan de 20 millones de euros para abordar lo que calificó de “disfunción grave”. Entre enero y abril, la ciudad suspendió a 78 monitores, 31 de ellos sospechosos de abuso sexual. Grégoire ha puesto en marcha una comisión parlamentaria y una asamblea ciudadana para revisar el sistema del périscolaire, con un informe previsto para junio.
Francia gasta 190.000 millones de euros al año en educación, el 6,7% de su PIB. Sin embargo, los incidentes de agresión sexual, violación y acoso se repiten en escuelas públicas y privadas. En 2025, el Gobierno lanzó el plan “Rompe el Silencio” para los colegios privados concertados, pero las medidas no se aplican a la escuela pública, donde estudia más del 80% de los niños del país.
Establecer los casos resulta enormemente difícil. Muchas víctimas son demasiado pequeñas para articular lo que han vivido, y las investigaciones avanzan con lentitud. La abogada Kathleen Taieb advierte de que los retrasos destruyen pruebas: “Se tarda meses en entrevistar a los niños, hasta un año en registrar locales y teléfonos, y demasiadas investigaciones se archivan”.
La fiscal Beccuau prometió más recursos para la unidad de protección de menores, reconociendo que “un número considerable de denuncias está pendiente de investigación”.
Este 26 de mayo se celebrará en el Tribunal Judicial de París el juicio relacionado con el caso de la guardería Alphonse Baudin. Desde la organización, recuerdan que tras ese caso atroz, en noviembre de 2025, nació el colectivo #MeTooEcole. Por eso, este martes estarán ante el Tribunal Judicial de París. “No para armar jaleo. No para sustituir a la justicia. Estaremos allí para mostrar nuestro apoyo. Por los niños. Por las familias afectadas. Por quienes han encontrado el valor para hablar”, apuntan desde la organización.