El fraude telefónico vuelve a situarse en el centro de la preocupación de los consumidores tras la última advertencia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La asociación ha denunciado un aumento de anuncios patrocinados en buscadores que conducen a números de tarificación adicional 807, presentados de forma engañosa como supuestos servicios de atención al cliente.
Según la OCU, este fraude telefónico puede suponer un coste de hasta 50 euros por llamada, una cifra que muchos usuarios descubren solo cuando reciben la factura. El problema no es nuevo, pero la organización alerta de que el uso de estrategias digitales cada vez más sofisticadas está multiplicando el número de afectados.
Cómo funciona el fraude telefónico de los números 807
El mecanismo del fraude telefónico es sencillo y, precisamente por eso, eficaz. Las empresas implicadas compran anuncios que aparecen en las primeras posiciones de los motores de búsqueda cuando el usuario intenta contactar con un servicio de atención al cliente. En esos anuncios se muestra un número geográfico, lo que genera la falsa impresión de que la llamada está incluida en la tarifa plana.
Sin embargo, al marcar ese número, el consumidor es redirigido automáticamente a una numeración 807, asociada a servicios de tarificación adicional. Es en ese momento cuando el fraude telefónico se consuma, ya que la llamada comienza a generar cargos elevados por minuto sin que el usuario sea plenamente consciente de ello.
Las empresas señaladas por la OCU
En todos los casos analizados, la numeración 807 utilizada en este fraude telefónico está operada por Phone Renove S.L.. Además, aparecen como prestadoras del servicio distintas mercantiles, entre ellas:
- Servicios Telefónicos de Atención al Cliente S.L.
- Xalana Business S.L.
- Proactiva Dos Aguas S.L.
- Sumando Servicios Inteligentes S.L.
La OCU subraya que este fraude telefónico se apoya en la confusión deliberada del consumidor, que cree estar llamando a un número oficial cuando en realidad accede a un servicio de pago que no ha solicitado de forma expresa.
Un fraude telefónico que vulnera la normativa
La organización de consumidores recuerda que la normativa vigente prohíbe utilizar numeraciones 807 como líneas de atención al cliente, precisamente para evitar abusos como este fraude telefónico. Por ese motivo, la OCU ha solicitado la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El objetivo es que el regulador investigue los hechos y adopte medidas para garantizar la protección de los usuarios. La OCU considera que este tipo de fraude telefónico no solo genera perjuicios económicos directos, sino que erosiona la confianza de los consumidores en los servicios de atención al cliente.
Qué pide la OCU para frenar el fraude telefónico
Más allá de la investigación, la OCU reclama cambios normativos y de control para poner freno a este fraude telefónico. Entre sus propuestas figura que los servicios de tarificación adicional requieran siempre una autorización expresa y verificable del consumidor, evitando activaciones automáticas o redirecciones engañosas.
La organización también pide una normativa que permita identificar con claridad al titular empresarial de cada número telefónico, algo que facilitaría detectar rápidamente prácticas irregulares. A ello se suma la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión para impedir que numeraciones 807 se utilicen como falsas líneas de atención al cliente.
Cómo protegerse ante este fraude telefónico
Mientras se adoptan medidas, la OCU recomienda extremar la precaución para no caer en este fraude telefónico. Desconfíar de anuncios patrocinados que prometen atención inmediata, comprobar siempre en la web oficial de la empresa cuál es su número real de contacto y evitar llamadas a numeraciones 807 son algunas de las claves para evitar sustos en la factura.
El fraude telefónico ligado a los números de tarificación adicional sigue evolucionando y adaptándose a los hábitos digitales de los usuarios. Por eso, la OCU insiste en la importancia de la información y la vigilancia como primeras líneas de defensa frente a prácticas que, aunque legales en apariencia, esconden un elevado coste para el consumidor.