La última vez que la politóloga peruana Trilce Escurra atendió a este periódico, Perú no había acudido a las urnas. Fue el 7 de junio y ya entonces la politóloga analizaba un escenario complicado para los peruanos, obligados a elegir entre dos recetas completamente distintas después de haber visto desfilar a ocho presidentes en los últimos diez años.
Hoy Escurra vuelve atender la llamada de Artículo14. Lo hace apenas 24 horas después de que Fujimori, la candidata de ultraderecha que ha conseguido el poder a la cuarta, haya tomado posesión. Fujimori ganó gracias al voto en el extranjero. Dentro, el resultado avalaba el programa del izquierdista Roberto Sánchez. “Ganó menos por conquista propia que por implosión ajena”, resume Escurra sobre un resultado que, según analiza, le otorga una legitimidad “jurídicamente inobjetable pero políticamente frágil”.
-¿Qué significa este resultado tan ajustado (apenas 49.641 votos) para la legitimidad y gobernabilidad de Fujimori de cara a los próximos cinco años? ¿Es viable?
-El margen de votos es el tercer balotaje consecutivo de Fujimori definido por décimas, y eso no es anecdótico; lo anecdótico es que esta vez la candidata termina como ganadora. Llega a Palacio con una legitimidad de origen jurídicamente inobjetable pero políticamente frágil, porque más de nueve millones de peruanos votaron explícitamente contra ella y porque perdió el voto emitido dentro del territorio nacional. Y ese 50% engaña, el voto de balotaje es un voto de descarte, no de convicción. Su respaldo real se mide en primera vuelta, donde ganó con apenas el 17% en un campo atomizado (un núcleo duro estrecho, estancado en la banda baja); la mitad de quienes la eligieron en junio lo hicieron contra Sánchez, no por ella. Gobernar cinco años con esa aritmética es viable, pero no por adhesión sino por contención. La estabilidad dependerá menos de un mandato popular robusto (que no tiene) que de su capacidad de administrar un país fracturado sin activar los mecanismos de vacancia que han derribado a la mayoría de sus antecesores. La viabilidad, en otras palabras, es institucional antes que social.
-¿Por qué el voto de los peruanos en el extranjero fue tan decisivo, si ella solo ganó en 9 de las 25 regiones del país? ¿Qué ha cambiado en los peruanos para que, después de varias derrotas, haya conseguido ganar?
-Fujimori ganó en apenas 9 de 25 regiones y perdió el voto interno, pero se impuso porque el voto en el extranjero le dio una ventaja de 81.655 sufragios (concentró el 63% de ese padrón, sobre todo en Estados Unidos, España, Argentina, Chile y Japón) que revirtió el resultado nacional. Sobre qué cambió tras tres derrotas, conviene precisar que no es que el fujimorismo haya crecido, sino que el tablero se degradó a su favor. La atomización extrema de la primera vuelta (35 candidaturas), el desgaste de las alternativas y una segunda vuelta contra un rival de izquierda con techo electoral bajo reprodujeron el mismo mecanismo de 2016 y 2021 (Fujimori como opción de la derecha en un balotaje polarizado), pero esta vez sin un único adversario capaz de consolidar el voto anti-fujimorista. Ganó menos por conquista propia que por implosión ajena.
-¿Qué papel jugará su relación con el Congreso -donde Fuerza Popular no tiene mayoría propia- para sacar adelante su plan de gobierno?
-Fuerza Popular es la primera minoría (22 senadores y 41 diputados) pero está lejos de la mayoría absoluta en un Parlamento Bicameral fragmentado en al menos seis bloques. Eso los obliga a gobernar por coalición permanente, y ahí Fujimori parte con una ventaja estructural respecto a sus antecesores. El bloque de derecha afín (con Renovación Popular como socio anunciado) le da un comodín que, según los analistas, blindaría al Ejecutivo frente a los votos necesarios para una vacancia por “incapacidad moral” en el Senado (como ha sucedido antes). El dato revelador es que su segundo vicepresidente, Miguel Torres, preside ya el Senado, por lo tanto el fujimorismo controla la agenda de la cámara que tiene la decisión final sobre la remoción presidencial. El riesgo entonces es conocido (el propio fujimorismo obstruccionista de 2016-2019 muestra que una primera minoría disciplinada puede paralizar tanto como gobernar), la diferencia es que ahora esa maquinaria juega a favor del Ejecutivo y no en su contra.
-¿Cómo puede afectar su antecedente judicial a la estabilidad de su mandato?
-Hay que destacar que el juicio por lavado de activos del Caso Cócteles ya no está en curso. Fue anulado en octubre de 2025 tras una resolución del Tribunal Constitucional y archivado en enero de 2026; la Fiscalía había pedido más de 30 años de prisión, pero esa causa quedó sin efecto antes de la elección. Lo que sobrevive son cargos menores como falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, de un peso jurídico y político incomparablemente menor. En cierto sentido, redefine el escenario pues Fujimori no llega a la Presidencia con una amenaza judicial pendiente sobre el mandato, sino desimputada de lo grave, y además con la inmunidad presidencial que suspende cualquier proceso ordinario durante su periodo en el Ejecutivo. El costo, más que jurídico, es simbólico y de gobernabilidad futura en tanto la forma en que se cerró el caso (vía un Tribunal Constitucional cuestionado por su cercanía al fujimorismo) alimenta la narrativa de una justicia capturada, y esa deuda de legitimidad puede reactivarse políticamente si su gobierno se debilita.