Los últimos diez años de la política peruana se parecen más al guion de una película con muchos giros que a la vida institucional de un país aparentemente democrático. En los últimos diez años, por la Casa de Pizarro (la sede presidencial) han pasado hasta ocho presidentes. Artículos de lujo, corrupción a mansalva o un presidente detenido y más tarde encarcelado han sido sólo algunos de los últimos episodios que ha atravesado el país sudamericano.
Pedro Pablo Kucynski apenas estuvo dos años en el poder (2016-2018). Su reemplazo lo asumió Martin Vizcarra por el mismo tiempo (2018-2020). Manuel Merino, hasta entonces presidente del Congreso, fue el tercero y su mandato se convirtió en el más corto de la historia (del 10 al 15 de noviembre de 2020). Francisco Sagasti duró algo más aunque tampoco consiguió llegar al año de mandato (de noviembre de 2020 a julio del 2021).
Al siguiente presidente electo, Pedro Castillo, los rumores de corrupción le acosaron desde que llegó al Gobierno (2021-2022). Y por fin, una mujer: Dina Boluarte consiguió salir indemne de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones que le imputaron por su gestión sobre las protestas ciudadanas. Fue la adquisición de varios relojes Rolex y una cirugía plástica de la nariz durante sus horas de trabajo lo que le hizo caer de la presidencia. Turno entonces para el joven José Jerí en 2025, que duró apenas cuatro meses en el cargo. En su reemplazo asumió José María Balcazar su puesto hasta día de hoy, que termina la legislatura que comenzó en su día Castillo.
Con esta crisis institucional, prolongada durante más de una década, más de 27 millones de peruanos acuden hoy a las urnas. Por un lado, la derechista Fujimori; por el otro, el izquierdista Sánchez. En este contexto hablamos con Trilce Escurra: la politóloga de la Asociación Peruana de Politólogas, atiende la llamada de Artículo14.
Sobre la confianza de los peruanos
– ¿En qué estado llega la democracia peruana a estas elecciones y qué nivel de confianza tiene la ciudadanía en sus instituciones electorales?
– Perú llega a esta segunda vuelta con una democracia que funciona en términos procedimentales pero que acumula un déficit de legitimidad difícil de disimular. Ocho presidentes en diez años no es solo una estadística llamativa: es la evidencia de que el sistema político ha sido incapaz de producir gobiernos con autoridad suficiente para gobernar. Los fallos logísticos de la primera vuelta no constituyen fraude, pero alimentan una desconfianza que ya era estructural.
Lo más preocupante no es el nivel de confianza (históricamente bajo y predecible), sino la proporción del electorado que llega a este balotaje sin identificarse con ninguna de las dos opciones. Según el Área de Opinión del Instituto de Estudios Peruanos, al 30 de mayo, un 6% votaría en blanco o viciado y un 26% aún no define su voto: casi un tercio del padrón que formalmente participará pero que no reconoce representación en ninguno de los dos candidatos. Eso no es abstención pasiva; es un rechazo activo a una oferta política percibida como el menor de dos males.
Sobre las encuestas y las quinielas
– Las encuestas dan ventaja a Keiko Fujimori, pero Roberto Sánchez le pisa los talones. ¿Qué perfil de votante se decanta por cada candidato y qué puede inclinar la balanza el domingo?
– Según la última encuesta del IEP, el votante de Fujimori es sobre todo de territorio limeño, de nivel socioeconómico A/B, con educación superior, y en un 32% su razón principal de voto es que no gane la izquierda (no una apuesta por ella, sino un rechazo al otro o lo que puede representar el otro). Solo el 6% de sus votantes dice identificarse con la candidata. El votante de Sánchez tiene el perfil espejado: concentrado en el Perú rural de las macrozonas centro y sur, y también en un 35% vota contra el fujimorismo antes que a favor de algo. Ambos electorados son, en buena medida, votos negativos sostenidos por el miedo al adversario.
Lo que puede mover el domingo es ese 26% que aún no decide o no precisa su voto, y entre ellos, el 67% tiene el voto absolutamente abierto. Cabe destacar que el voto decidido de Fujimori creció de manera estadísticamente significativa entre abril y mayo, pero solo en Lima Metropolitana; en el resto del país, los intervalos de confianza de ambos candidatos se solapan ampliamente. Una elección reñida en el interior, y una Lima que vote masivamente, puede inclinar la balanza.
Sobre el “fraude electoral”
– Rafael López Aliaga lleva semanas insistiendo en un fraude que ninguna auditoría ha confirmado. ¿Hasta qué punto esa narrativa puede deslegitimar el resultado del domingo, venga quien venga?
– La narrativa del fraude de López Aliaga no es nueva ni improvisada, la anunció días antes del 12 de abril, cuando todavía no había resultado que cuestionar. Eso revela su naturaleza real: no es una denuncia ciudadana construida sobre evidencia, sino una estrategia de posicionamiento político para conservar capital electoral después de la derrota.
Lo que puede deslegitimar el resultado del domingo no es que López Aliaga tenga razón, sino que su narrativa encuentre un terreno donde la desconfianza institucional es preexistente y profunda. En el Perú de los últimos años, la impugnación poselectoral se ha vuelto casi un ritual. En 2021 lo hizo Fujimori, ahora lo hace López Aliaga, y cada ciclo que se repite normaliza un poco más la idea de que el perdedor legítimo no existe. El daño acumulado de esa normalización es más serio que cualquier denuncia puntual sin pruebas.
Sobre la misión de la UE
– La Unión Europea ha desplegado más de 150 observadores y presentará conclusiones el 9 de junio. ¿Qué peso real tienen estas misiones internacionales para blindar un proceso electoral en un país con la fragilidad institucional de Perú?
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ya cumplió esa función en primera vuelta al descartar el fraude, y la cumplirá de nuevo el 9 de junio. Ese aval tiene peso real en términos de estabilidad macroeconómica y reconocimiento diplomático del resultado. Hacia adentro, sin embargo, su capacidad es estructuralmente limitada por una razón simple: la observación internacional certifica procedimientos, no reconstruye confianza. Y la crisis peruana no es procedimental, es de representación. Un electorado que llega a estas elecciones con “decepción” y “fraude” como palabras dominantes no va a revisar su percepción porque 150 observadores digan que los votos se contaron bien.
La legitimidad democrática en el Perú de 2026 es un problema político de largo plazo que no tiene solución técnica de corto plazo, y sería un error, de analistas y de actores políticos, confundir la ausencia de fraude observable con la presencia de confianza ciudadana.