Con el regreso de los talibanes al poder en 2021, gran parte de los mecanismos que se habían creado para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia desaparecieron.
Durante las dos décadas anteriores a 2021, después de la caída del primer régimen talibán, las mujeres comenzaron a incorporarse al sistema judicial afgano. En los tribunales de primera instancia, de apelación y en el Tribunal Supremo, y especialmente en los tribunales de familia, las juezas atendían casos como el divorcio, la separación por causa de daño, la ausencia del esposo, la impotencia o incapacidad sexual, el incumplimiento por parte del esposo de la obligación de mantener económicamente a la esposa, la custodia de los hijos y muchas otras cuestiones relacionadas con el derecho de familia.
La presencia de juezas en los tribunales de familia y en los tribunales especializados en casos de violencia contra las mujeres constituía una de las garantías de acceso de las mujeres a la justicia. En una sociedad tradicional como la afgana, una mujer podía explicar ante una jueza, con mayor seguridad y confianza, cuestiones íntimas, situaciones de violencia y problemas familiares. Durante nueve años fui jueza en un tribunal de familia y pude comprobar personalmente cómo la presencia de una mujer al frente del tribunal proporcionaba a las mujeres víctimas confianza, tranquilidad y la valentía necesaria para hablar y ser escuchadas.
Asimismo, para atender los casos de violencia contra las mujeres existían tribunales especializados en las tres instancias judiciales. Afganistán había aprobado una Ley para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, considerada una de las leyes más avanzadas de la región y entre los países asiáticos. Esta ley establecía sanciones penales para diferentes formas de violencia, desde el acoso y la violencia verbal hasta las formas más graves de violencia.
Durante tres años fui presidenta de un tribunal especializado en casos de violencia contra las mujeres. Sé de primera mano que, cuando las mujeres se encontraban ante un tribunal especializado y seguro, podían hablar con tranquilidad y valentía y revelar todas las formas de violencia que habían sufrido.
Asimismo, la presencia de cerca de trescientas juezas en Afganistán constituía un logro histórico para las mujeres y un importante avance dentro del mundo islámico.
Existían también la policía, la Fiscalía, abogados defensores, las estructuras de asuntos de la mujer, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y casas de acogida. Estas últimas eran especialmente importantes: para las mujeres cuya vida y seguridad estaban en peligro, las casas de acogida constituían el último refugio y un puente entre la víctima y el sistema de justicia.
Pero después del 15 de agosto de 2021, esta cadena de justicia se desmoronó.
Ya no existe aquella estructura especializada, ni la red de apoyo anterior, ni las casas de acogida donde una mujer pudiera refugiarse sin miedo. Muchas mujeres que antes tenían derecho a acudir al sistema judicial para reclamar el divorcio, la manutención, la custodia de sus hijos, protección frente a la violencia y otros derechos legales, hoy se enfrentan a un vacío de justicia y al miedo ante la propia autoridad.
Incluso acudir a un tribunal talibán para presentar una denuncia no significa necesariamente encontrar justicia. Una mujer que denuncia la violencia de su esposo puede encontrarse ella misma acusada de ser «nasheza» y, en lugar de ser reconocida como víctima de violencia, puede ser sometida a interrogatorio, castigo o privación de libertad.
En esta situación, la mujer queda atrapada entre dos opciones aterradoras: acudir a una autoridad que puede poner en peligro su libertad y su seguridad, o aceptar la prisión de los talibanes; o regresar a la casa de su esposo, que ya no es realmente un «hogar», sino un espacio en el que se espera que la mujer obedezca, sea sumisa, trabaje, prepare la comida y tenga hijos, pero sin derecho a protestar, elegir o reclamar justicia.
Esto puede describirse como una «prisión sin techo y sin ventanas». Con una diferencia: la prisión de los talibanes tiene paredes de ladrillo; la prisión dentro del hogar no necesita ladrillos: sus paredes están construidas con miedo, coerción y obligación.
Desde una perspectiva jurídica, aquí reside el principal peligro: cuando una víctima no tiene acceso a una autoridad independiente e imparcial, el derecho de acceso a la justicia se convierte, en la práctica, en un derecho escrito sobre el papel.
La justicia sin una jueza o un juez independiente, sin un juicio justo, sin derecho a la defensa, sin protección para la víctima y sin garantías para su seguridad, no es justicia.
La justicia para una mujer solo tiene sentido cuando puede denunciar sin miedo a ser castigada, sin ser obligada a obedecer y sin tener que elegir entre la violencia y la prisión; cuando puede ser escuchada y ejercer sus derechos.
Cinco años después del regreso de los talibanes, la pregunta no es únicamente: ¿dónde están las juezas? La pregunta fundamental es: ¿Adónde puede acudir hoy una mujer en Afganistán que sea víctima de violencia, discriminación o injusticia? ¿Qué autoridad examina su denuncia de manera independiente e imparcial? ¿Qué institución garantiza su seguridad?
La eliminación de las mujeres del sistema judicial no fue simplemente la desaparición de unas profesionales. Fue el derrumbe de un sistema jurídico construido también para garantizar justicia a las mujeres.
Hoy, si prácticamente todas las juezas han sido apartadas, expulsadas del sistema o han tenido que emigrar, surge otra pregunta. Si algún día cambia el sistema, ¿cuántos años harán falta para formar nuevamente a mujeres capaces de ocupar los tribunales y ejercer como juezas?
¿Y si cambia el sistema, podrán las mujeres volver a acceder realmente a la justicia? Es una pregunta que hoy no tiene respuesta. El paso del tiempo será quien nos dé esa respuesta.
*Fariba Quraishi es jueza, refugiada en España desde el regreso del Talibán a Afganistán.