A principio de este año, Israel aprobó un plan conforme al cual pretendía ampliar su control territorial sobre Cisjordania. El gabinete de seguridad de Israel aseguró, por aquel entonces, que tomaría medidas para acelerar el desarrollo de los asentamientos sobre el terreno. Esta estrategia sigue sobre la mesa. Es más, el martes pasado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que antes o después las Fuerzas de Defensa de Israel controlarán el norte de Cisjordania. Así lo subrayó tras visitar la “zona de costuras”; la franja donde Israel, desde hace años, ha levantado muros, vallas y todo tipo de obstáculos para separar y fragmentar el espacio palestino. Además, henchido de la firmeza y soberbia que tanto le caracterizan, aprovechó la ocasión para señalar que no habrá ningún ejército árabe al oeste del río Jordán, añadiendo que su país está preparado ante el eventual “giro de armas” que sus enemigos puedan querer emprender.
Para comprender el alcance de lo acordado en estos días y valorar las posibles consecuencias que pueden acarrear para Cisjordania, es necesario prestar atención a algunos de los hechos más relevantes que han marcado la historia de este enclave a lo largo de más de siete décadas. Retrotrayéndonos a un pasado no muy lejano, hay que recordar que este espacio quedó en un principio delimitado por la Línea Verde; una línea trazada en un mapa con un lápiz de dicho color con la intención de reflejar los acuerdos del armisticio que puso punto final a la primera guerra árabe-israelí en 1949. En aquel momento, Cisjordania (junto a Jerusalén Oriental) pasó a formar parte de Transjordania (actual Jordania). Así, el nombre de Cisjordania se consolidó como una denominación geopolítica para designar el territorio situado al oeste del río Jordán. De hecho, el término combina el prefijo latino cis (que significa “de este lado”) con el topónimo derivado del nombre del río Jordán que discurre por la región.
En 1967, tuvo lugar la guerra de los Seis Días. En dicho conflicto bélico, Israel se enfrentó a Egipto, Jordania y Siria. Al principio el desenlace parecía incierto; sin embargo, al cabo de unos días, pudo comprobarse que los acontecimientos evolucionaban en un sentido contrario al esperado: Israel logró alzarse vencedor. Ello trajo consigo consecuencias inmediatas para Cisjordania que, a partir de ese momento, quedó bajo ocupación militar israelí. Aquel fue un momento crucial en la medida en que marcó el inicio de una política de asentamientos que se ha prolongado hasta nuestros días. En definitiva, Tel Aviv dio el pistoletazo de salida a su peculiar e ilícita forma de ocupar suelo palestino; una idea que ha sido confirmada por la propia Corte Internacional de Justicia.
Sea como fuere, este modus operandi ha ido adquiriendo nuevas dimensiones con el paso del tiempo. Concretamente, en 1981, la Administración Civil israelí quedó establecida mediante una orden militar con el objeto de desplegar su actuación tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. El objetivo consistía, supuestamente, en velar por los asuntos civiles de ambos territorios. No obstante, su denominación no debe llevarnos a confusión, puesto que en realidad se trata de un órgano integrado en la estructura de la autoridad militar israelí. De hecho, depende del ministerio de defensa israelí. Y, en todo caso, lo más importante es que su controvertida labor abarca, entre otros, la planificación territorial, la concesión de permisos y la gestión de numerosos aspectos de la vida cotidiana de la población palestina. De este modo, a principios de los años ochenta, Israel consolidó un entramado administrativo que tenía por objeto favorecer el arraigo y expansión de colonos en territorio ocupado.
Pero las ilegalidades no terminaron aquí. Avanzando en el tiempo hasta 1993, hay que poner el foco en los Acuerdos de Oslo que condujeron a la división de Cisjordania en tres zonas. La A pasó a estar bajo la autoridad civil y de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). En la zona B, la ANP asumió la gestión civil mientras que Israel mantuvo las competencias más importantes en materia de seguridad. Finalmente, la zona C permaneció bajo control civil y militar israelí. Se generó, claramente, un auténtico galimatías en un espacio relativamente reducido. Además, los asentamientos siguieron expandiéndose al tiempo que su estatus quedaba pendiente de una determinación final. Esta situación favoreció la consolidación de hechos consumados sobre el terreno, puesto que quienes se mostraban a favor de la colonización trataron de afianzar la presencia de los colonos antes de que se alcanzara un eventual acuerdo sobre el futuro del territorio.
Las cifras, en la actualidad, son abrumadoras. Se estima que alrededor de 700.000 colonos residen en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Su presencia no ha dejado de crecer, especialmente desde que Benjamin Netanyahu tomó las riendas del poder junto a dos partidos ultranacionalistas. Uno es Poder Judío, liderado por Itamar Ben Gvir, quien ocupa el cargo de ministro de seguridad nacional. El otro es Sionismo Religioso, encabezado por Bezalel Smotrich, ministro de finanzas y miembro del gabinete de seguridad a quien se le atribuye, por ejemplo, el haber impulsado la anulación de la ley jordana de 1952 que impedía a los no árabes comprar tierras a título personal o el establecimiento de 34 nuevos asentamientos.
Pero, en realidad, poco deben sorprender estas medidas si se examinan algunas de las máximas recogidas en los acuerdos de coalición de este escalofriante triunvirato. Así, por ejemplo, sus integrantes –en perfecta sintonía– han proclamado que Cisjordania es parte de la “Tierra de Israel” y han reconocido “el derecho exclusivo e indiscutible del pueblo judío sobre las zonas de la Tierra de Israel”. Organizaciones como Amnistía Internacional no han dejado de movilizarse para denunciar que, bajo este gobierno, la construcción de edificaciones ilegales ha alcanzado récords históricos. En 2025, fueron aprobadas la construcción de 27.941 nuevas viviendas.
Los mapas, como no puede ser de otro modo, dan cuenta de esta penosa realidad en la que Israel está modificando, a marchas forzadas, la configuración territorial de Cisjordania. Es verdaderamente desolador que, pese a las reiteradas vulneraciones del Derecho Internacional, sus políticas de ocupación no sólo siguen intactas, sino que se intensifican. Los preceptos legales internacionales violentados se acumulan en una suerte de inventario interminable mientras los hechos consumados se afianzan sobre el terreno y el mapa se fragmenta de forma irreversible. La pregunta, en este punto, es inevitable: ¿hasta cuándo?
Bob Dylan se preguntaba cuántos años debía vivir una persona antes de que se le permitiera ser libre. En Cisjordania, el viento sopla cada vez con más fuerza, cargado de ira y sin que sea posible atisbar –bajo un intenso vendaval– cuándo llegará la respuesta a una pregunta menos ambiciosa: ¿hasta cuándo habrá que esperar para poder, simplemente, vivir en Cisjordania?