Donald Trump elaboró un plan de veinte puntos conforme al cual pretende poner fin a la guerra desatada en la Franja de Gaza. Este conflicto bélico –iniciado tras los atentados de Hamás que ocurrieron el 7 de octubre del año 2023– se ha recrudecido con el tiempo como consecuencia de la intensificación y brutalidad de los ataques perpetrados por el gobierno israelí. Las cifras así lo demuestran: más de 66.000 palestinos han muerto y alrededor de 167.000 han resultado heridos en este periodo. Conviene recordar, además, que algunas de las operaciones orquestadas por Israel han sido calificadas de genocidas por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se trata de una crisis humanitaria que desborda lo estrictamente militar y político hasta el punto de plantear a la comunidad internacional el reto de encontrar opciones/vías de paz para no sólo detener la violencia, sino también asegurar justicia, reparación y dignidad para las víctimas. El desafío es, sin duda, mayúsculo.
Y, cual paloma salida de una chistera, el máximo dirigente de Estados Unidos parece haber dado con “la fórmula”: veinte condiciones que deben aceptar las partes implicadas. La propuesta incluye la devolución de todos los rehenes israelíes, seguida de la liberación de 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y de 1.700 personas detenidas en el contexto de los ataques ocurridos en el año 2023. Asimismo, se prevé el envío inmediato de ayuda humanitaria por la ONU y la creación de un comité temporal, integrado por palestinos y expertos internacionales, que administrará Gaza bajo la supervisión de un organismo presidido por Donald Trump. Hamás quedaría excluido de este esquema y, a su vez, Israel se comprometería a no anexionar Gaza.
Esta hoja de ruta, sumamente ambiciosa, fue presentada en la Casa Blanca el lunes pasado en presencia de Benjamin Netanyahu. Y si bien muchos de sus puntos resultan controvertidos al –entre otras cuestiones– ofrecer escasas garantías en favor de los palestinos, se advierte en la parte final un tibio propósito: fomentar el diálogo entre Israel y los palestinos con la idea de iniciar un marco de convivencia pacífica y próspera. En esta línea, el documento en cuestión aboga por un “diálogo interreligioso” y subraya que en el caso de que se den los progresos adecuados, podría abrirse el camino “hacia la autodeterminación y la constitución de un Estado palestino”. Esta débil y condicionada mención al Estado palestino, dentro del plan trazado para la consecución de la paz en Gaza, vuelve a dejar en el aire el reclamo histórico principal del pueblo palestino: el derecho a constituirse como Estado soberano.
La solución de los Estados no está sobre la mesa
En un momento clave como el actual, resulta desconcertante que se haya trazado un itinerario de paz en el que la solución de los dos Estados no figure realmente sobre la mesa de negociación. La paradoja es aún mayor si se tiene en cuenta que, en los últimos meses, numerosos países han reconocido a Palestina como Estado y que, además, la propia Asamblea General de la ONU adoptó el pasado 12 de septiembre una resolución en favor de esa salida. Entonces, ¿ahora qué? ¿Se dará próximamente un paso que consolide el derecho de los palestinos a un Estado? Esta es la gran incógnita que sobrevuela ante un escenario en el que abundan las declaraciones, pero escasean los compromisos reales. Y es que, tristemente, pocos actores están reclamando una propuesta más ambiciosa. De hecho, los Estados europeos –inclinados a aceptar los designios de Washington– se han limitado a alabar a Trump en su papel de mediador y, de un modo muy similar, los países árabes han agradecido su intervención. Así pues, la estrategia anunciada en Washington parece recibir un respaldo generalizado, pese a que con ello se ignoran las demandas históricas y de justicia del pueblo palestino.
Netanyahu ha declarado que frustrará todo intento de crear un Estado palestino. Más allá de sus duras palabras, conviene situar el debate bajo una perspectiva histórica que trasciende la opinión de un dirigente concreto y refuerza la idea de que Israel difícilmente respaldará la existencia de una nación palestina. Así pues, es necesario remontarse a la fundación oficial del Estado de Israel. Fue el 14 de mayo de 1948 cuando David Ben Gurión proclamó la Declaración de Independencia en Tel Aviv. El nuevo Estado se apoyaba en la resolución 181 de la ONU de1947 en virtud de la cual se aprobó un plan de partición del territorio en dos Estados: uno árabe y otro judío (junto a un régimen internacional especial para Jerusalén).
De la guerra a la Nakba
No obstante, los acontecimientos avanzaron vertiginosamente y tomaron otro rumbo. De forma inmediata, estalló una guerra con varios países de la zona cuyo desenlace alteró las fronteras previstas por la ONU. La nueva demarcación resultante del armisticio de 1949 (también conocida como la Línea Verde) tenía un carácter provisional, pero en la práctica consolidó un mapa muy distinto al plan original. Israel amplió su territorio hasta controlar una parte significativa de lo que se pensó que podría llegar a ser el Estado de Palestina. Paralelamente, centenares de miles de palestinos fueron expulsados de sus hogares y decenas de aldeas árabes quedaron arrasadas. A este episodio se le conoce como la Nakba (“catástrofe”) y sus consecuencias de desposesión se prolongan hasta nuestros días.
De lo anteriormente se desprende una idea clara: la solución de los dos Estados nació prácticamente condenada al fracaso desde sus orígenes. Como recuerda el historiador judío Shlomo Sand, el movimiento sionista de mediados de los años cuarenta aceptó la idea de partición, pero –y ello no es un detalle menor– las fronteras no quedaron delimitadas en la Declaración de 1948. Más que un compromiso con la coexistencia, aquello fue una declaración –valga la redundancia– de intenciones sobre lo que estaba por venir: la expansión territorial y la negación sistemática de un Estado palestino viable. Así lo reflejó el propio Menámen Beguin –líder de la organización responsable del atentado en el Hotel Rey David en 1946 y, décadas después, primer ministro de Israel– cuando afirmó: “si una línea divisoria pasa o se hace que pase entre un Estado-nación y su patria, esa línea artificial está destinada a desvanecerse”. Estas palabras pronunciadas en 1948 confirman la tesis anterior relativa a que la práctica israelí del momento combinó la aceptación formal de la partición con su negación material mediante la ocupación y su expansión territorial. Esta lógica fundacional sigue vigente y explica por qué las palabras de Netanyahu no son un mero posicionamiento coyuntural, sino la prolongación de una política histórica: la negativa a reconocer la existencia de un Estado palestino viable.
Trump y su Nobel de la Paz
Consecuentemente, el artificio sacado a última hora de la chistera de Trump –con el que, por cierto, aspira a ser premiado con el Nobel de la Paz– encaja con la propia idiosincrasia del Estado de Israel. Es más, este giro inesperado de guion nos devuelve al peor legado europeo, cuando las potencias, entre finales del siglo XIX y buena parte del XX, trazaban con regla y compás el destino de continentes enteros, ignorando a los pueblos que los habitaban. Aquella lógica colonial, que sembró catástrofes y generó heridas todavía abiertas, vuelve a asomar disfrazada de mediación y de paz. La Historia debería habernos aleccionado contra tales imposturas, pero –una vez más– parece que sus advertencias han caído en saco roto y que estamos condenados a repetirla con –y eso quizá sea lo más grave– la aquiescencia de buena parte de la comunidad internacional.