La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha resuelto este martes un asunto que estaba sobre la mesa desde hace un tiempo y que se encuentra relacionado con la cruda e intensa ofensiva militar desplegada por Israel en la Franja de Gaza, tras los sangrientos ataques perpetrados por Hamás a principios de octubre del año 2023. Casi dos años después de las brutales operaciones orquestadas por el gobierno de Netanyahu, la referida organización ha declarado que el Estado israelí ha cometido y está cometiendo actos genocidas de acuerdo con la definición que proporcionan tanto la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio del año 1948 como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
El informe, elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, analiza las actuaciones de Israel desde una perspectiva jurídica. En él se concluye –de forma clara y contundente– que la estrategia israelí ha conllevado no sólo la muerte y daño de un número elevado de gazatíes, sino que además ha impuesto unas condiciones de vida extremas que está llevando a la destrucción de facto del pueblo palestino. Asimismo, pone de relieve que se han aplicado medidas claras y evidentes para impedir su reproducción. Todo ello encaja con los actos ilícitos que prescriben las citadas herramientas jurídicas, las cuales exigen además una intención específica (o dolus specialis) consistente en la destrucción de un determinado grupo.
Como cabía esperar, la Comisión ha considerado que esta condición también ha sido satisfecha. A su modo de ver, las declaraciones de las autoridades israelíes y sus acciones evidencian una intención en el sentido referido. Es más, argumenta que las autoridades y fuerzas de seguridad de Israel han buscado –y siguen buscando– la destrucción total o parcial de los palestinos ubicados en Gaza. A raíz de todo ello, el documento finaliza con una frase categórica: “el Estado de Israel es responsable de no prevenir el genocidio, de cometer genocidio y de no castigar el genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza”.
Vulnera la normativa internacional
Así pues, la controversia sobre si en Gaza se están produciendo actos genocidas o no, ha quedado zanjada de un plumazo por la ONU. El informe en cuestión no deja lugar a dudas: Israel está vulnerando la normativa internacional que suscribió largas décadas atrás. Fue, de hecho, el 9 de marzo de 1950 cuando ratificó la Convención de 1948, convirtiéndose en ese momento en un Estado comprometido –al menos en la teoría– con las obligaciones que ésta establece. Cobra interés mencionar que los preceptos legales que lo integran fueron concebidos para tipificar y perseguir el tipo de conductas despiadadas y devastadoras que la Alemania nazi cometió y que resultó en la muerte de más de seis millones de judíos. Ocho décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial, la paradoja histórica resulta amarga: la ONU acusa de genocidio al Estado surgido precisamente del trauma histórico que dio origen a dicha convención.
Manteniendo un ojo en el pasado, cabe indicar que la adopción de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio tuvo lugar el 9 de diciembre de 1948, un día antes de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este instrumento, el primer tratado de derechos humanos adoptado por la Asamblea General de la ONU, fue impulsado por el jurista Raphael Lemkin quien, siendo testigo de las calamidades que sufrió su pueblo bajo el régimen nazi, no solo acuñó el término “genocidio”, sino que también convenció a la comunidad internacional –mediante prolongadas negociaciones– de adoptar el acuerdo oportuno. A su juicio, “era esencial adoptar una ley que abarcara asesinatos raciales y religiosos y que fuera respaldada por la comunidad internacional”. Con una dedicación incansable, negoció con delegaciones de distintos países para lograrlo. Su interés en dicho proyecto fue tal que, pocos años después, aquejado de una gran fatiga sufrió un colapso –en la calle 42 de Nueva York– que puso fin a su vida. Sea como fuere, su impronta ha permanecido en el tiempo y sus palabras no deberían dejar de resonar: “la Convención sobre Genocidio es un punto de encuentro para pensar y actuar. ¡Un punto de partida para una nueva conciencia!”.
Israel continúa la ofensiva
No obstante, Israel parece hacer caso omiso del informe recientemente emitido por la ONU en virtud del cual acusa –como ya ha quedado explicado– a sus principales dirigentes de cometer uno de los crímenes más graves que la comunidad internacional reconoce. Los ataques y las incursiones militares continúan. La toma de la ciudad de Gaza se ha convertido en un objetivo prioritario. Declaraciones como las atribuidas al ministro de defensa –“¡Arde Gaza!”– muestran de manera dramática la ausencia de conciencia y respeto por la normativa internacional.
Décadas después de que terminara la Segunda Guerra Mundial y de la entrada en vigor de la Convención de 1948, se advierte una inquietante realidad: los padecimientos del pueblo judío que motivaron la aparición de dicho tratado se repiten hoy a través del Estado que lo representa. Los sucesos históricos deben proporcionar prudencia, reflexión y memoria histórica, especialmente ante los episodios más siniestros. Sin embargo, parece que el pasado no ha dejado huella en los líderes de Israel que hoy reproducen, desde el poder, el mismo sufrimiento que en otro tiempo padeció su propio pueblo.
Sea como fuere, más allá de la terminología jurídica aplicable a este caso, los gazatíes sufren las consecuencias directas de una política estatal consistente en su exterminio. Llegados a este punto, la población en Gaza hoy parece depender de que la comunidad internacional implemente medidas contundentes que pongan fin –de una vez por todas– a una de las atrocidades más significativas del siglo XXI.