La campaña electoral sigue su curso y las formaciones políticas ya despliegan sus propuestas sobre las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la inmigración se mantiene desde 2024 entre los tres principales problemas para los españoles —un 20,9 % de los encuestados la señala como su mayor inquietud—. Ante este escenario, Partido Popular, PSOE, Vox y Frente Amplio concurren a las urnas con modelos profundamente distintos.
PP: Establecimiento de cupos máximos anuales
El Partido Popular ha dotado de mayor importancia el bloque de la inmigración en estas elecciones. En el programa electoral, el PP propone la creación de una Autoridad Única Migratoria encargada de fijar cupos anuales -máximos- siguiendo una serie de criterios: el sector productivo, vacantes y capacidad -de absorción- de los servicios públicos. Además, el PP propone que únicamente podrán emigrar países donde exista un tratado de colaboración de retorno. Por último, el partido de Feijóo exige un compromiso de integración, la prohibición de regularizaciones masivas y un endurecimiento severo en los requisitos de obtención de la nacionalidad española.
PSOE: refuerzo de la cooperación internacional
El PSOE en este aspecto ha optado por marcar ‘’perfil propio’’ y apuesta por un modelo basado en la regularización y alejado de los ‘’discursos xenófobos’’. En su programa electoral, los socialistas apuestan por el refuerzo de la cooperación internacional y la protección de los derechos de los inmigrantes. En concreto, el PSOE propone la creación de una Unidad de Apoyo a la Infancia Migrante que dotarán de equipos multidisciplinares para auxiliar a las comunidades autónomas que más sufren los flujos de inmigracion irregular. Por último, plantea el desarrollo de un itinerario de acompañamiento a jóvenes extutelados -en todo el territorio nacional- para facilitar así su emancipación e integración social y laboral.
Vox: Prioridad nacional y remigración
En materia de inmigración Vox apuesta por la prohibición de las regularizaciones masivas, suprimir el arraigo y endurecer los requisito para obtener la nacionalidad, además de ampliar los supuestos de pérdida de nacionalidad para los españoles de no origen que hayan cometido delitos graves o reiterados. Asimismo incluyen en su programa electoral un plan de ‘’remigración’’ por el que se comprometen a facilitar la vuelta al país de origen a extranjeros que o bien no contribuyan o bien viven de subsidios públicos. Por otro lado, propone eliminar las subvenciones a ONGs vinculados al ‘’efecto llamada’’ y retirar la cooperación al desarrollo con países que no colaboren en la gestión migratoria.
Por último, el eje vertebrador en materia de migración y de la campaña electoral es la prioridad nacional. Los de Abascal llevan imponiendo en los gobiernos autonómicos de coalición de los que forman parte como requisito fundamental. Ésta se basa en dar prioridad a los españoles en ayudas, guarderías o vivienda pública, supresión de toda ayuda social a inmigrantes en situación irregular, un gravamen sobre las remesas al extranjero y un Ingreso Mínimo Vital solo para españoles.
Frente Amplio: Culminación de la regularización de 2026
La formación encabezada por Ada Colau plantea la inmigración desde otro punto de vista diferente. En el programa electoral, Frente Amplio se compromete a culminar la regularización extraordinaria de 2026 y a reformar la Ley de Extranjería para que haya un procedimiento de regularización permanente y reglado. Además pretenden agilizar el empadronamiento de inmigrante y agilizar la homologación de títulos.
En la frontera, propone derogar las llamadas ‘’devoluciones en caliente”, cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros. Por último, plantea además una Agencia de Asilo unificada, resolver la reagrupación familiar en tres meses, una Ley integral contra el racismo y ampliar el voto de los residentes migrantes en las elecciones municipales.
Así pues, los cuatro principales partidos ofrecen respuestas opuestas a un fenómeno que condiciona la agenda política diaria. Con todo, el Ejecutivo que salga de las urnas deberá aplicar su hoja de ruta dentro de los márgenes legales y operativos que marcan las directrices de la Unión Europea.


