El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Barcelona ha estimado el recurso presentado por M.S., mano derecha del líder del desaparecido grupo de investigación CREA, fundado en la Universidad de Barcelona (UB), quien está siendo investigado por la fiscalía por presuntas prácticas coercitivas y en algunos casos coerción sexual, denunciadas por 14 mujeres y 2 hombres. El juzgado estima que la UB incurrió en un defecto de procedimiento al no darle a M.S. audiencia previa a la adopción de la medida cautelar de suspensión de empleo durante 6 meses.
La sentencia no cuestiona la gravedad de los hechos investigados ni lo procedente de la medida, sino la forma en que ha sido adoptada, puesto que no se motiva la urgencia para su adopción sin escuchar a una de las partes. El ministerio fiscal consideró, sin embargo, la medida plenamente legal y desestimó el recurso en su totalidad.
M.S. fue la directora del grupo de investigación CREA hasta su desaparición en diciembre de 2025. Previamente lo había dirigido el catedrático emérito acusado, quien durante más de 20 años habría llevado a cabo presuntamente prácticas coercitivas sobre becarias, estudiantes y doctorandas vinculadas al grupo y bajo la dependencia del catedrático. Durante aquellos años, M.S. habría actuado como su persona de confianza y la UB investiga qué conocimiento podría haber tenido de las prácticas del catedrático denunciadas y su grado de implicación.
11 mujeres denunciaron en septiembre de 2025
11 mujeres decidieron denunciar los hechos a la UB en septiembre de 2025, quien abrió una comisión de investigación. Buena parte de las denunciantes relataron relaciones sexuales con el catedrático, horarios de trabajo interminables, de lunes a domingo, coerción psicológica para atender a las exigencias del grupo, intromisión en sus vidas personales, exigencias de tareas domésticas como limpiar y cocinar, peticiones de masajes, comentarios sexuales y propuestas inapropiadas. También relataron la creación de un clima de miedo y presión psicológica que dificultaba la denuncia.
Una comisión compuesta por tres especialistas en psicología y violencia fueron los encargados de tomar testimonio a las denunciantes. Tres meses después, en diciembre de 2025, como resultado de la investigación de la comisión, la UB elevó el caso a Fiscalía Provincial de Barcelona, que está investigando desde entonces.
La decisión llegó después de que la comisión de investigación concluyera en un informe preliminar que los hechos relatados por las personas denunciantes “podrían ser constitutivos” de conductas muy graves. Entre ellas, la comisión señaló posibles delitos o faltas de coerción sexual, coerción psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias. El informe apuntó incluso a que estas prácticas podrían encajar en la existencia de un “grupo coercitivo de alto control”.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Barcelona ha sido jaleada en redes sociales por parte de la afectada y exmiembros del grupo CREA. La propia M.S. ha asegurado que el juzgado “restablece los derechos que me quitaron por apoyar siempre las víctimas (SIC), por liderar transformaciones como la elaboración del primer protocolo contra el acoso sexual en las universidades españolas, y por liderar ámbitos científicos internacionales”. También asegura que “algunas periodistas que intentan inútilmente afear el feminismo lo que consiguen es afear a los medios y las personas que les dan cobertura”.
La Universidad de Barcelona dispone de un plazo de 15 días para presentar recurso. Si lo hiciera y el TSJC las concediera, la reincorporación de M.S. a su puesto quedaría paralizada mientras se resuelve la apelación. La UB también podría iniciar el proceso de nuevo, dando audiencia en esta ocasión a la afectada, previa a la toma de decisiones. Fuentes universitarias aseguran que la UB tiene intención de actuar cuanto antes para dirimir el futuro inmediato de la afectada.
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