Un avión militar español aterriza a miles de kilómetros de su base habitual. No hay allí mecánicos españoles, vehículos del Ejército, equipos para suministrarle electricidad ni personal encargado de gestionar el combustible, el estacionamiento o las tasas aeroportuarias. Sin todos esos servicios, incluso una aeronave perfectamente operativa puede encontrarse con dificultades para continuar su misión. El Ejército del Aire y del Espacio quiere garantizar precisamente que eso no ocurra.
El Ministerio de Defensa ha sacado a licitación un gran acuerdo marco destinado a proporcionar apoyo operacional a sus aeronaves cuando se encuentren lejos de sus instalaciones habituales. El contrato tendrá un valor estimado máximo de 245 millones de euros y está diseñado para permitir que aviones y helicópteros militares españoles puedan recibir asistencia prácticamente en cualquier parte del mundo.
La operación está gestionada por la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio. El acuerdo tendrá una duración inicial de cuatro años y podrá prolongarse otros tres, por lo que su cobertura podría extenderse hasta un máximo de siete años.
Su entrada en funcionamiento está prevista a partir del 1 de enero de 2027.
Un contrato para que los aviones puedan seguir volando lejos de España
El objetivo del acuerdo no consiste en comprar nuevos aviones ni en modernizar los que actualmente prestan servicio. Tampoco está pensado para realizar las grandes revisiones o reparaciones de las aeronaves.
Su función es mucho más cotidiana y, al mismo tiempo, imprescindible: resolver todo lo que necesita una aeronave militar cuando aterriza en un lugar donde las Fuerzas Armadas españolas carecen de infraestructura propia suficiente.
La referencia aprobada por el Consejo de Ministros define el propósito como proporcionar las asistencias y servicios necesarios para el normal desarrollo de las operaciones aéreas de las flotas registradas en el Ministerio de Defensa o pilotadas por su personal.
Según la documentación de la licitación analizada por Infodefensa, el servicio podrá activarse tanto en aeropuertos civiles españoles y extranjeros como en bases militares propias o de países aliados cuando los medios disponibles no permitan atender directamente las necesidades de la misión.
Eso convierte el contrato en una especie de red logística internacional disponible para las aeronaves de Defensa, capaz de proporcionar servicios diferentes dependiendo del aeropuerto, el país y el tipo de misión.
Desde un A400M hasta un Chinook o un Falcon 900
La variedad de aeronaves que potencialmente pueden necesitar este apoyo explica también la dimensión del acuerdo. El Ejército del Aire y el Ministerio de Defensa operan aparatos con funciones muy diferentes y con necesidades igualmente distintas cuando se desplazan fuera de sus bases.
Entre los modelos contemplados aparecen aviones como los Airbus A310, A400M y A330, los Falcon 900 o los CN-295. El dispositivo puede servir igualmente para helicópteros como los Chinook, Super Puma o NH-90.
No todos desarrollan las mismas misiones. Algunos están destinados fundamentalmente al transporte de personal y material; otros desempeñan cometidos tácticos, institucionales o logísticos. Precisamente por eso el acuerdo debe ser suficientemente flexible para responder a operaciones muy diferentes y en numerosos países.
El Gobierno señala que este apoyo adquiere especial importancia en los destacamentos en los que participa o colabora el Ejército del Aire y del Espacio, además de los ejercicios y despliegues internacionales desarrollados lejos de territorio nacional.
Combustible, escaleras, electricidad y hasta alojamiento
El alcance del contrato permite comprender todo lo que ocurre alrededor de una aeronave después de tocar tierra.
Una de las prestaciones fundamentales será el suministro de combustible. Dependiendo de la aeronave y las exigencias operativas, el adjudicatario deberá gestionar carburantes compatibles con las especificaciones establecidas, incluidos JP-8 y JET-A1.
Pero el catálogo es mucho más amplio. El futuro acuerdo del Ejército del Aire cubrirá equipos de electricidad en tierra, sistemas neumáticos para el arranque de motores, climatización, escaleras, remolque, aparcamiento y utilización de hangares.
También podrán gestionarse las tasas que cobran los aeropuertos por sus servicios.
La cobertura se extiende incluso más allá del propio avión. El adjudicatario deberá poder contratar catering para pasajeros y tripulaciones, encontrar y reservar alojamiento cuando los militares permanezcan en el extranjero y tramitar determinadas tasas necesarias para sobrevolar el espacio aéreo de otros países.
La lógica es que una unidad desplazada pueda solicitar desde un mismo sistema buena parte de los recursos necesarios para desarrollar su misión sin tener que construir una infraestructura española completa en cada destino.
El mantenimiento de los aviones queda fuera
Existe una frontera importante dentro del nuevo acuerdo. Los 245 millones de euros no están destinados al mantenimiento ni a la reparación de los aviones y helicópteros.
Esas tareas se desarrollan mediante otros programas y contratos específicos de sostenimiento de cada flota.
El acuerdo que ahora prepara Defensa se concentra en el apoyo operacional: todo aquello que permite atender a la aeronave, sus pasajeros y su tripulación durante un desplazamiento, pero sin intervenir en los trabajos técnicos de mantenimiento propiamente dichos.
La diferencia resulta especialmente relevante porque el Ministerio mantiene paralelamente contratos multimillonarios para garantizar la disponibilidad mecánica y tecnológica de sus distintas plataformas. Este expediente responde a otra necesidad: que una aeronave que ya está preparada para volar encuentre también los servicios necesarios cuando opera lejos de casa.
El Ala 45, uno de los grandes usuarios del acuerdo
Entre las unidades para las que esta capacidad resulta especialmente importante figura el Ala 45 del Ejército del Aire y del Espacio.
Esta unidad desarrolla, entre otros cometidos, vuelos relacionados con los desplazamientos oficiales internacionales de la Casa Real y de miembros del Gobierno. Sus aeronaves pueden aterrizar en aeropuertos muy diferentes en función de la agenda institucional y necesitan garantizar previamente que dispondrán de todos los servicios necesarios.
Un desplazamiento oficial internacional no termina con la planificación del vuelo. Es necesario coordinar permisos, combustible, atención en tierra, estacionamiento, catering, alojamiento de las tripulaciones y toda una cadena logística que debe funcionar incluso en aeropuertos donde España no tiene presencia permanente.
El nuevo acuerdo pretende convertir esa asistencia en una capacidad disponible las 24 horas y con alcance internacional.
Una oficina en Madrid abierta las 24 horas del día
Las condiciones impuestas al futuro adjudicatario reflejan precisamente ese nivel de disponibilidad.
La empresa deberá disponer de una oficina física de coordinación en Madrid conectada con la estructura de apoyo operacional de las Fuerzas Armadas. En ella tendrá que mantener al menos cuatro trabajadores dedicados exclusivamente al contrato y disponibles durante las 24 horas de los 365 días del año.
El personal deberá hablar español, dominar el inglés y disponer de pasaporte europeo, una exigencia ligada al carácter internacional de las operaciones que deberá gestionar.
Defensa reclama igualmente unas garantías económicas y técnicas elevadas. La empresa tendrá que disponer de un seguro de responsabilidad civil por un importe de 300 millones de euros ante posibles daños relacionados con los servicios prestados sobre las aeronaves.
También deberá acreditar certificaciones de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001.
Un contrato de 245 millones que podría durar siete años
El Consejo de Ministros autorizó formalmente la celebración del acuerdo el pasado 14 de julio. La licitación ha entrado posteriormente en su fase competitiva bajo un procedimiento abierto gestionado por la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico.
El expediente establece un presupuesto base de 140 millones de euros sin impuestos y un valor estimado máximo de 245 millones, cifra esta última que tiene en cuenta el alcance potencial del acuerdo durante toda su vigencia y sus posibles prórrogas.
Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 15 de septiembre de 2026. El procedimiento contempla la selección de varios operadores y establece un peso especialmente elevado para la oferta económica, aunque también valora aspectos operativos como la gestión del despacho o determinadas condiciones ante la cancelación de vuelos.
El acuerdo inicial tendrá cuatro años de duración. Si Defensa ejerce todas las posibilidades previstas, podrá ampliarse durante otros tres.
El Ejército del Aire utiliza este sistema desde 2005
Aunque la cifra llama la atención por su magnitud, el concepto no es nuevo. El Ejército del Aire lleva utilizando acuerdos de apoyo operacional desde 2005 para atender a sus aeronaves cuando trabajan fuera de sus bases habituales o de instalaciones militares aliadas.
En 2020, el Consejo de Ministros autorizó un acuerdo semejante con un valor estimado de 71,8 millones de euros. Tres años después se autorizó otro marco por 95 millones.
La nueva licitación eleva ahora el techo económico hasta los 245 millones y proporciona una cobertura potencial de hasta siete años.
La comparación permite apreciar cómo ha crecido la dimensión económica de una capacidad logística que puede pasar inadvertida frente a las grandes compras de cazas, helicópteros o sistemas de armas, pero que resulta imprescindible para utilizarlos lejos de sus bases.
Porque desplegar una aeronave militar en otro continente no consiste únicamente en disponer de un avión capaz de recorrer miles de kilómetros. También hay que asegurarse de que, cuando aterrice, alguien pueda repostarlo, moverlo, estacionarlo y preparar todo lo necesario para que vuelva a despegar.