España vive el mayor ciclo inversor en defensa de su historia reciente, pero el dinero no llega por igual a toda la cadena industrial. Esa fue la conclusión más repetida en el Foro Anual de AESMIDE, celebrado el 14 de octubre en Madrid bajo el lema “De la inversión a la capacidad real”, que reunió a empresas, Fuerzas Armadas y representantes de Defensa e Industria para analizar cómo transformar los recursos presupuestarios en capacidad productiva y sistemas operativos. El diagnóstico fue compartido: el esfuerzo inversor es histórico, pero su impacto industrial está demasiado concentrado en los grandes contratistas.
Los datos lo confirman. La factura prevista para 2026 de los 35 Programas Especiales de Modernización lanzados en 2025 asciende a 2.272,7 millones de euros. De esa cifra, los proyectos liderados por Indra acaparan el 60,1% del total. Una concentración que no es necesariamente anómala en programas de alta complejidad, donde se necesita una empresa tractora con capacidad de integración y soporte a largo plazo, pero que preocupa a las pequeñas y medianas empresas del sector. Según estimaciones del propio sector, alrededor de un 5% de los fondos llegaría a las pymes.
Las pymes reclaman financiación desde el primer día
El presidente de AESMIDE, Gerardo Sánchez Revenga, fue directo: “El verdadero reto consiste en transformar los recursos disponibles en capacidades operativas sostenibles y tecnológicamente avanzadas”. Para lograrlo, las empresas reclamaron tres cosas: estabilidad en la planificación, previsibilidad contractual y financiación desde las primeras fases de los proyectos, no solo cuando comienza la producción.
La Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, reconoció el problema y defendió que los grandes contratistas ejerzan un papel tractor sobre las pymes, considerando esta cooperación “la única vía para garantizar la resiliencia de nuestro suministro”. El general Vicente Torres, por su parte, anunció que próximamente se oficializarán nuevos Programas Especiales de Modernización para 2026, adicionales a los 35 ya conocidos, situando al sector ante “el inicio de un ciclo inversor tecnológico industrial de largo recorrido”.
El adelanto electoral complica el calendario
El foro se celebró en un momento especialmente delicado. El anuncio de elecciones generales para el 29 de noviembre introduce incertidumbre sobre el ritmo de los programas pendientes de decisiones administrativas. Los contratos ya adjudicados y formalizados seguirán su curso, pero los expedientes en fase de definición, los que requieren nuevas autorizaciones presupuestarias o los que aún no tienen contrato firmado pueden verse afectados por la transición institucional.
El caso más expuesto es el Vehículo de Apoyo de Cadenas, con 245 millones previstos para 2026, cuyo contrato estaba pendiente de firma al cierre de septiembre. En cambio, programas como la modernización de las fragatas F-100, con 349 millones en 2026 y 421 millones previstos para 2027, tienen una programación de mayor continuidad al estar ya adjudicados.
Talento, velocidad y Ucrania
El foro abordó también la necesidad de captar profesionales cualificados para responder al crecimiento de la inversión, con Valcarce reclamando una relación más estrecha con universidades y centros tecnológicos. La rapidez del cambio tecnológico, especialmente en drones e inteligencia artificial, fue otro tema central, con voces que reclamaron mayor agilidad para probar soluciones con las Fuerzas Armadas antes de incorporarlas a los grandes programas.
La embajadora de Ucrania en España, Yuliia Sokolovska, también presente en el evento, expresó el interés de su país por colaborar industrialmente con España y compartir la experiencia acumulada durante la guerra, especialmente en el desarrollo de drones, municiones y defensa aérea.
El Ministerio de Defensa sostiene que los 35 programas cuentan con un techo de gasto de 34.000 millones de euros hasta 2042 y podrían generar más de 155.000 empleos. Para que ese impacto se materialice, los grandes contratos tendrán que convertirse en carga de trabajo real y sostenida para toda la cadena industrial, no solo para los principales integradores.