Las principales organizaciones representativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil han decidido mantener un frente común en la negociación abierta con el Ministerio del Interior para reformar las condiciones de jubilación de ambos cuerpos. El objetivo es conseguir un modelo que reconozca el riesgo asociado a su profesión y que no excluya a ningún agente por el régimen de cotización al que pertenezca.
La última reunión con la Secretaría de Estado de Seguridad ha permitido a sindicatos policiales y asociaciones profesionales trasladar una posición conjunta después de varias semanas analizando las alternativas planteadas. El encuentro se desarrolló, según el comunicado difundido por las organizaciones, en un clima de diálogo y responsabilidad.
El próximo paso llegará en septiembre. Interior se ha comprometido a presentar entonces una propuesta definitiva sobre la situación de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil incluidos en el régimen de Clases Pasivas, uno de los principales obstáculos pendientes dentro de la negociación.
Una propuesta definitiva para los agentes de Clases Pasivas
Las organizaciones consideran prioritario que el futuro modelo proteja tanto a quienes cotizan a la Seguridad Social como a quienes continúan adscritos a Clases Pasivas. La diferencia entre ambos sistemas ha complicado la búsqueda de una fórmula única que permita adelantar la jubilación sin provocar una pérdida significativa de la pensión.
Por ese motivo, los representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han advertido de que examinarán con especial atención la propuesta que la Secretaría de Estado de Seguridad presente después del verano. El compromiso de septiembre supone un avance en el calendario, pero todavía no garantiza que el resultado responda a todas sus reclamaciones.
“Ante este compromiso, permanecemos expectantes y vigilantes”, han señalado las organizaciones. También aseguran que afrontarán la siguiente fase de la negociación con “la máxima responsabilidad y firmeza”, defendiendo una solución común para todos los integrantes de ambos cuerpos.
La principal exigencia es que ningún colectivo quede excluido por su fecha de ingreso o por el sistema en el que cotiza. Los representantes temen que una regulación limitada únicamente a la Seguridad Social genere nuevas desigualdades internas entre agentes que realizan funciones semejantes y afrontan los mismos riesgos profesionales.
El reconocimiento como profesión de riesgo
La negociación se encuentra vinculada a una reivindicación histórica: el reconocimiento de la actividad desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo. Este paso permitiría estudiar la aplicación de coeficientes reductores sobre la edad ordinaria de jubilación.
Los coeficientes reductores permiten anticipar el retiro en determinadas profesiones especialmente peligrosas, penosas o sometidas a condiciones físicas exigentes. Ya existen mecanismos similares para colectivos como los bomberos, los trabajadores de la minería o algunos cuerpos policiales autonómicos y locales.
Policías nacionales y guardias civiles reclaman una regulación equiparable que tenga en cuenta la exposición a agresiones, el trabajo nocturno, los turnos, la disponibilidad permanente y el desgaste acumulado durante décadas de servicio.
La creación de una mesa técnica en abril abrió por primera vez un calendario formal de trabajo entre Interior y las organizaciones. Desde entonces se han celebrado reuniones para estudiar las posibles fórmulas jurídicas, económicas y administrativas que permitirían aplicar el nuevo sistema.
Una unidad de acción para evitar diferencias
La Policía Nacional y la Guardia Civil cuentan con estructuras laborales diferentes. Los policías disponen de sindicatos, mientras que los guardias civiles se organizan mediante asociaciones profesionales debido a la naturaleza militar del instituto armado. Pese a esas diferencias, ambas partes han optado por coordinar su estrategia.
“No vamos a dejar a nadie atrás”, sostienen las organizaciones en su comunicado. Su intención es impedir que la futura reforma beneficie únicamente a una parte de las plantillas o que establezca condiciones distintas entre agentes sometidos a riesgos similares.
La unidad se ha convertido en la principal herramienta de presión ante el Ministerio del Interior. Los representantes consideran que una postura fragmentada debilitaría la negociación y permitiría aprobar soluciones parciales que no resolvieran el problema de fondo.
La reivindicación no se limita a adelantar la edad de retiro. También pretende evitar que la jubilación anticipada implique una reducción desproporcionada de los ingresos después de toda una carrera profesional dedicada al servicio público.
Septiembre marcará el futuro de la negociación
La propuesta de Interior deberá concretar qué agentes podrán acogerse al nuevo modelo, qué coeficientes se aplicarán, cómo se financiará la medida y de qué manera se integrará a los funcionarios pertenecientes a Clases Pasivas.
Hasta que ese documento sea presentado, no existe todavía un acuerdo cerrado. Las organizaciones mantienen un tono prudente y reconocen el avance del diálogo, pero aseguran que seguirán vigilantes para comprobar que el compromiso político se traduce en una regulación efectiva.
“Una jubilación digna debe ser una realidad para todos, sin excepciones”, concluyen. La Policía Nacional y la Guardia Civil llegan así unidas a una negociación que puede modificar las condiciones de retiro de miles de agentes y resolver una reclamación mantenida durante años.