El Ayuntamiento de Albacete ha declarado persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. PP y Vox, con mayoría absoluta, piden su dimisión tras aprobar una moción en el pleno municipal presentada por el concejal no adscrito, José Ramón Conesa, y ha contado con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos.
Conesa, quién fue expulsado de VOX en 2024, ha asegurado que el ejecutivo central “se ha convertido en estos siete años en el más corrupto de la historia“. Añade que se ha forjado el gobierno con “pactos contra natura” apoyados “por todos aquellos que quieren destruir España, como los herederos de ETA, que ahora se llaman Bildu, o los separatistas de izquierdas”.
Desde el partido de Santiago Abascal, han justificado su apoyo en base “a los numerosos casos de corrupción por aliarse con traidores a España y hacer de la mentira y el engaño su principal bandera política”. Destacan también que “el entorno familiar del presidente está también salpicado de corruptela, como su hermano o su propia esposa”.
Por su parte, el PP ha decidido votar a favor tras alegar que “Sánchez ha degradado la democracia y ha hecho trizas la división de poderes“. Además, afirman que ha desplegado “políticas erráticas e intervencionistas que nos han llevado a una situación económica dramática” aunque matizan que “hay que derrotarlo en las urnas“.
Respuesta de la izquierda
Desde el PSOE ha criticado a Vox por alinearse con un concejal no adscrito “al que hasta ahora no reconocía”. Los socialistas han defendido algunas medidas del ejecutivo central como la subida de las pensiones o el Salario Mínimo Interprofesional y explican que la figura del presidente engloba “a todos y todas las españolas”. Han insistido en que la moción “es dinamitar las reglas de la democracia y crear una cultura del odio”.
Por su parte, Unidas Podemos ha recordado que Conesa “protagonizó en septiembre un episodio bochornoso de exaltación del franquismo” y ha matizado que Sánchez llegó a la Presidencia “logrando unir una mayoría de votantes”.
La moción sumó un total de 16 votos a favor y 9 en contra pero la declaración de non grata tiene más repercusiones simbólicas que legales. El Tribunal Constitucional considera que dicho repudio no atenta contra el honor de las personas aunque admite que atribuir calificativos tal vez non sea la función de un Ayuntamiento.