El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado su rechazo frontal a la propuesta de financiación autonómica impulsada por el Ejecutivo central, al considerar que se trata de un modelo diseñado al margen del conjunto de las comunidades autónomas, basado en el principio de ordinalidad y orientado a consolidar privilegios territoriales incompatibles con la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas.
Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión bilateral que ha mantenido con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón y con la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Mónica García, para abordar la futura reforma del modelo de financiación autonómica, y en la que ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.
Durante su comparecencia, Ruiz Molina ha cuestionado la utilidad de un encuentro que, a su juicio, ha sido “tardía”, ya que se produce cuando las principales decisiones ya han sido adoptadas. En este sentido, ha señalado que las reuniones bilaterales con las comunidades autónomas deberían haberse celebrado “antes” de que el Gobierno central cerrara una propuesta de financiación con una Comunidad Autónoma concreta y antes de su presentación pública, ha informado la Junta en nota de prensa.
Porque, y así lo ha remarcado, si el objetivo era conocer la posición de las comunidades autónomas, estas reuniones tendrían que haberse celebrado previamente, y el Consejo de Política Fiscal y Financiera debería haber sido el espacio para debatir y contrastar las distintas “sensibilidades territoriales”.
Lealtad institucional
En este mismo contexto, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha explicado que Castilla-La Mancha ha acudido a la reunión por “lealtad institucional y por educación”, cosa que no ha tenido el Gobierno de la nación; y ha lamentado que la misma se produzca una vez alcanzados acuerdos previos que condicionan el resultado final.
Durante el encuentro, el consejero ha reiterado nuevamente “su oposición al principio de ordinalidad”, un criterio que considera presente en la propuesta planteada por el Ejecutivo central, y que supone que aquellas comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria mantengan una posición privilegiada en términos de financiación, lo que contradice los principios de igualdad y solidaridad que deben regir el sistema.
A juicio de Ruiz Molina, trasladar ese criterio al funcionamiento de los servicios públicos equivaldría a asumir que los ciudadanos que residen en territorios con mayores niveles de renta tienen derecho a recibir mejores servicios públicos o que las comunidades con una mayor concentración de rentas altas merecen una financiación superior.
En definitiva, ha dicho, supone defender que “quien más tiene debe recibir más”, y por ello, resulta difícil comprender cómo “un Gobierno que se define como progresista abogue por este planteamiento”, ha señalado.
Igualdad
Frente a esa propuesta, el responsable de Hacienda ha defendido nuevamente un modelo de financiación sustentado “en el principio de igualdad y en el coste real que nos supone a las comunidades autónomas para prestar los servicios públicos de nuestra competencia”, es decir, que el sistema tenga en cuenta factores que incrementan el coste de los servicios públicos, como la extensión territorial, la dispersión de la población o el envejecimiento demográfico.
Como ejemplo, el consejero ha recordado que en una ciudad como Fuenlabrada, que tiene una población similar a la de toda la provincia de Cuenca, la prestación de la Atención Primaria se realiza con siete centros de salud, mientras que en la provincia conquense son necesarios 32.
Por ello, Castilla-La Mancha defiende que el nuevo modelo garantice recursos suficientes para cubrir el coste efectivo de los servicios públicos fundamentales y asegurar que “todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica o de la capacidad económica de la región en la que vivan, tienen derecho al mismo nivel de calidad en la prestación de los servicios públicos”.