La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, ha defendido este martes en el Parlamento balear la necesidad de mantener la atención sanitaria universal, incluyendo a personas sin residencia legal, al considerar que se trata de una cuestión tanto de “humanidad” como de salud pública para evitar la propagación de enfermedades.
Durante la sesión de control, Prohens ha subrayado que este tipo de asistencia tiene un impacto limitado en el sistema sanitario, señalando que la atención a personas en situación irregular representa “el uno por ciento del total“.
Choque con Vox por el coste del sistema
El debate se ha producido a raíz de una pregunta de la portavoz de Vox en Baleares, Manuela Cañadas, quien ha cuestionado el coste que supone para las arcas públicas la atención a inmigrantes irregulares.
Cañadas ha asegurado que este colectivo genera “300 citas diarias” en Atención Primaria, lo que, según ha indicado, supone unas 100.000 consultas al año. En este sentido, ha criticado que esta situación “cierra las puertas” a quienes contribuyen al sistema con sus impuestos.
“La atención sanitaria a invasores no es solidaridad, es un saqueo“, ha afirmado la portavoz de Vox, que ha instado a la presidenta a elegir entre “estar con las familias o financiar el colapso de los servicios públicos”
Prohens defiende el modelo y marca límites
Frente a estas críticas, Prohens ha insistido en la necesidad de diferenciar entre la atención sanitaria universal y otros fenómenos como el denominado “turismo sanitario“.
“La atención sanitaria universal es una cosa, y otra distinta es el turismo sanitario que abre el proceso de regularización de migrantes“, ha señalado.
La presidenta balear ha reconocido, no obstante, que el crecimiento demográfico está ejerciendo presión sobre los servicios públicos, especialmente en el ámbito sanitario, y ha defendido las políticas orientadas a combatir la inmigración irregular y las mafias, así como a evitar posibles “efectos llamada“.
Con este posicionamiento, el Gobierno balear trata de equilibrar la defensa de un sistema sanitario accesible con la necesidad de garantizar su sostenibilidad en un contexto de creciente demanda