En el año 2015, la Comunidad Valenciana vio la creación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Este tuvo una vigencia de 5 años, quedando con 5 miembros. Así pues, tras unos años de cambios y renuncias, hasta hace poco hubo 3 miembros en funciones.
Con la llegada de la Ley 1/2022, de de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, se rediseñó y estableció el Consejo Valenciano de Transparencia. Este organismo se encuentra constituido desde hace pocas semanas, y se encarga principalmente del tratamiento de la transparencia por parte de la Administración valenciana y de las organizaciones privadas obligadas a cumplirla.
Esta institución cuenta con 3 vocales con dedicación exclusiva. Una de ellas es la propia presidenta del Consejo Valenciano de Transparencia, Sonia Margarita Barriga.
La titular del Consejo ha hablado con Artículo 14 acerca de los diferentes retos que afronta como presidenta de Consejo. Además, ha abordado el papel de la población femenina en lo que a la transparencia se refiere, así como los problemas habituales de las ciudadanas en este sentido.
Sonia Margarita Barriga presidenta del Consejo Valenciano de Transparencia: “La información pública debe ser transparente”
De una manera sencilla, ¿cómo describe usted al ciudadano de a pie el Consejo Valenciano de Transparencia y la utilidad que tiene?
El Consejo Valenciano de Transparencia es una autoridad que se encarga de que se garantice el ejercicio del derecho de información pública por la ciudadanía. También, de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en la Comunidad Valenciana. Actúa de forma autónoma e independiente, funcionalmente, sin someterse a instrucciones jerárquicas de naturaleza alguna.
Cuando una persona (física o jurídica) solicita a la Administración una información pública y ésta no se la proporciona, o solo se la da en parte, pero considera que tiene derecho a obtenerla (pues hay límites legales al derecho de información), puede presentar una reclamación ante el Consejo Valenciano de Transparencia.
La institución dicta una resolución al respecto, y tras analizar y estudiar su caso, si el Consejo le reconoce el derecho a obtener esa información que solicita, instará a la Administración para que la proporcione al reclamante.
Para ello, se pedirá que le informe del cumplimiento de dicha obligación. Así, se invitará al reclamante a que informe de si la obligación ha sido cumplida, o si hay alguna incidencia al respecto de su cumplimiento.
¿Cuál es su diagnóstico real sobre la salud de la transparencia en las instituciones valencianas actualmente?
El diagnóstico actual, según se desprende de los resultados de la Memoria de actividades de 2025, de las 424 resoluciones adoptadas durante el año 2025, se han resuelto casi la mitad, 200.
Es decir, un 47,18% se resuelven obteniendo la información antes de que se dicte la resolución. De esto se puede deducir que en dicho porcentaje, se da cumplimiento a la obligación antes incluso de la resolución del caso.
¿Por qué cree que el ciudadano siente que la administración le “oculta” datos (o dificulta el acceso a estos) a través del silencio administrativo? ¿Cómo pretende el Consejo mejorar la percepción de la ciudadanía?
La Administración tiene un plazo de un mes para responder a la ciudadanía, y es cierto que hay Administraciones que cumplen fuera de este plazo y también las hay que no responden.
Esas malas prácticas por parte de algunas Administraciones públicas pueden hacer pensar que ocultan información, pero no siempre es ese el motivo. A veces, contar con escaso personal para el volumen de solicitudes, puede dificultar cumplir los plazos legalmente establecidos.
Por su parte, el Consejo, en sus resoluciones, recuerda a las Administraciones Públicas que han de resolver en plazo y que deben cumplir sus obligaciones. Estas son las que establece la Ley, y las contenidas en las resoluciones que dicte el Consejo Valenciano de Transparencia.
Un incumplimiento del contenido de las resoluciones del Consejo puede llegar a tener consecuencias. Se puede instar por este a que se incoe expediente disciplinario o sancionador.
Otro aspecto distinto e igualmente importante es que la información pública sea comprensible y accesible, además de reutilizable para la ciudadanía, lo cual incide directamente en una mejora de la comunicación con la Administración Pública. Eso es lo que hace que una información pública sea transparente.
Este nuevo Consejo Valenciano de Transparencia tiene como uno de sus retos mejorar la comunicación entre la Administración Pública y la ciudadanía. Que esta última sea la protagonista de la información que recibe al publicarse.
¿Es posible ser transparente sin ser burocrático o abrumador con términos complejos? ¿Cómo se puede hacer que la información pública sea comprensible para una persona sin estudios avanzados?
Transparencia y burocracia son cosas distintas. La transparencia comporta promover las acciones necesarias para la apertura efectiva de datos públicos que obren en su poder y favorecer su reutilización, respetando las restricciones legales existentes de privacidad, seguridad o propiedad que puedan existir.
Se entiende por apertura de datos: poner a disposición, en formato digital, accesible vía web, estandarizado y abierto, con una estructura que posibilite por su claridad y concreción. Es decir, que sea comprensible y se pueda reutilizar.
La publicación de datos públicos, en cumplimiento de la Ley, debe realizarse de forma clara y ordenada, con la información necesaria para su comprensión y reutilización por la ciudadanía.
En cuanto a la burocracia, no es un campo dentro del ámbito competencial del Consejo Valenciano de Transparencia, pero señalar que se han puesto medidas en marcha como el Plan Simplifica. El objetivo de este es agilizar los trámites administrativos mediante la simplificación administrativa y rediseñar procesos, para hacerlos más sencillos.
Se está avanzando en este sentido, desarrollando metodologías de organización del trabajo orientadas a la reducción de cargas tanto internas como externas.
¿Puede compartir algún dato o estadística sobre el número de expedientes que gestionan en estos momentos? ¿Inician más expedientes los hombres que las mujeres?
En el año 2025, recibimos un total de 724 reclamaciones, de las cuales 467 fueron presentadas por hombres y 169, por mujeres. En los restantes expedientes, las reclamantes son personas jurídicas. De las citadas 724 reclamaciones, se han resuelto 356. Quedan, por tanto, pendientes de resolución 368.
En lo que llevamos de este año 2026, hemos recibido 430 reclamaciones, de las cuales 245 han sido presentadas por hombres y 74, por mujeres. En los restantes expedientes, las reclamantes son personas jurídicas. De las indicadas 430 reclamaciones, se han resuelto 100. Quedan, por tanto, 330 pendientes de resolución.
¿Suele haber unanimidad en las peticiones? ¿Hay temas comunes en estas? ¿Algún expediente particular que recuerda haber tratado?
Las solicitudes de información de la ciudadanía a la Administración y su sector público son muy variadas, y por tanto, las reclamaciones que recibe el Consejo son de temática muy diversa.
A modo ejemplificativo, información sobre cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal es lo más solicitado, así como información municipal (subvenciones, listados de ocupación del personal, registro de control horario del personal, contratación, asignación de presupuestos a programas concretos, etc.). También se pide información acerca de empleo público.
Por otra parte, el Consejo también recibe reclamaciones acerca de materias que no están dentro de sus competencias, como asuntos relacionados con hechos presuntamente delictivos. O incluso sobre proyectos de obra, por ejemplo.
En general, asuntos sobre los cuales no podemos resolver, al no estar dentro de nuestro ámbito competencial.
Sonia Margarita Barriga: “La llegada de las mujeres a liderar órganos de control es un hecho constatable”
¿Puede la transparencia ser una herramienta clave para cerrar brechas de género? Por ejemplo, a la hora de auditar la brecha salarial en las entidades públicas o el acceso de mujeres a puestos directivos….
Conocer información pública pone de relieve la actuación administrativa y por tanto el estado de situación existente. Eso creo que es bueno siempre. Aunque, desde mi experiencia profesional, las brechas de género las he visto, sobre todo, en el ámbito privado.
¿Diría que existe el techo de cristal en la administración, o ha tenido algún “reto adicional” por ser mujer y presidenta del Consejo Valenciano de Transparencia? ¿Cómo se puede luchar por la igualdad desde su organismo?
En la etapa en la que trabajé para la empresa privada, sí pude comprobar ese techo de cristal. En el ámbito público, en mi caso, no lo he experimentado.
Lo que sí puedo afirmar es que el Consejo, da el mismo tratamiento y tramitación a una reclamación presentada por una mujer que por un hombre. De hecho, en su composición, lo formamos 3 vocales, dos de ellos son hombres y yo, mujer, tengo el honor de ser la presidenta del Consejo Valenciano de Transparencia.
¿Considera importante que las niñas y jóvenes vean a mujeres liderando órganos de control y fiscalización como el Consejo Valenciano de Transparencia?
Sí que lo es, como manifestación concreta en la práctica de que la llegada de las mujeres a liderar órganos de control es un hecho constatable y que, si en sus sueños está alcanzar esa meta, es una realidad factible.
Aunque lo deseable sería que, con respecto a liderar órganos de control, no fuese noticia en sí el hecho de que quien lidera sea mujer. Más bien, que la noticia estuviera en lo que cada profesional aporta en el desempeño de su cometido.
Sería deseable que, en todos los ámbitos, la igualdad de oportunidades no distinguiera entre hombres y mujeres.