El camino político de Rosario Murillo parece tener cada vez menos obstáculos dentro de Nicaragua. Mientras la copresidenta gana protagonismo al lado de Daniel Ortega, el oficialismo continúa modificando las reglas del país y estrechando todavía más el espacio disponible para cualquier posible alternativa. El último movimiento ha llegado desde una Asamblea Nacional controlada por el sandinismo: una nueva reforma constitucional que permitirá excluir expresamente de los cargos electos a quienes sean considerados “traidores a la patria”.
La modificación fue respaldada este martes por unanimidad y a mano alzada durante una sesión especial celebrada en León. Todavía deberá superar una segunda aprobación en la próxima legislatura para incorporarse definitivamente a la Constitución, pero anticipa un escenario en el que numerosos opositores quedarían legalmente apartados de cualquier competición política.
La categoría utilizada por el régimen no resulta precisamente minoritaria. Al menos 452 críticos y opositores han sido privados de la nacionalidad nicaragüense bajo esa consideración, entre ellos figuras internacionalmente conocidas como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
El veto va mucho más allá. La reforma contempla impedir el acceso a puestos públicos a quienes las autoridades relacionen con intentos de golpe de Estado, pero también a quienes consideren responsables de perjudicar la soberanía o la independencia nacional. Dentro de ese amplio abanico entran desde solicitar sanciones internacionales hasta recibir financiación extranjera o respaldar bloqueos económicos contra Nicaragua. Los afectados tampoco podrán formar parte de las direcciones de partidos políticos.
En la práctica, el Gobierno se reserva un amplio margen para determinar quién puede participar en política y quién queda fuera.
De cinco años a siete
La reforma incorpora además otro cambio fundamental: los mandatos pasarán a durar siete años. La ampliación afectará a la copresidencia, pero también a diputados, alcaldes y diferentes autoridades judiciales, electorales y estatales, además de alcanzar a las jefaturas del Ejército y la Policía.
El calendario electoral nicaragüense ya había sido alterado anteriormente. Las elecciones generales que inicialmente debían celebrarse en noviembre de 2026 fueron desplazadas hasta 2027 después de que otra modificación constitucional extendiera el periodo presidencial. Ahora, el nuevo texto vuelve a ampliar su duración.
Todo ello ocurre después de una declaración especialmente significativa de Ortega. Durante los actos del aniversario de la revolución sandinista, el pasado 19 de julio, el mandatario aseguró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” para que la oposición pudiera intentar hacerse con el Gobierno.
Sus palabras provocaron preocupación fuera del país. Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Chile, Brasil, Perú y varios gobiernos latinoamericanos, además de la Unión Europea, la ONU y la Organización de los Estados Americanos, reaccionaron ante unas declaraciones que ponían directamente en cuestión el futuro electoral nicaragüense.
Una oposición fuera del país
Murillo ha mantenido entretanto el mismo tono frente a sus adversarios. A principios de agosto arremetió contra los opositores exiliados y desnacionalizados, a quienes calificó de “vándalos, traidores y cobardes”, y aseguró que “no son nadie, ni nada”. También proclamó que lo que ella denomina la “dictadura” de los “vende patria” no regresará jamás a Nicaragua.
El país ya llegó a las elecciones de 2021 con buena parte de la competencia neutralizada. Los principales aspirantes opositores a la Presidencia fueron detenidos antes de aquellos comicios, en los que Ortega obtuvo un nuevo mandato.
A sus 80 años, el antiguo guerrillero acumula tres décadas en el poder sumando sus diferentes etapas de gobierno. Regresó a la Presidencia en 2007 y desde entonces ha consolidado progresivamente su control institucional. Desde 2017 gobierna acompañado políticamente por Murillo, primero como vicepresidenta. La reforma constitucional de 2025 creó después la figura de la copresidencia y la colocó formalmente al mismo nivel que su marido.
Ese ascenso alimenta desde hace tiempo las especulaciones sobre la continuidad del poder cuando Ortega ya no pueda ejercerlo. Y cada modificación institucional reduce un poco más las incertidumbres para Murillo. La última reforma no anuncia formalmente quién gobernará Nicaragua en el futuro, pero sí determina quiénes tendrán muy difícil disputárselo: una oposición perseguida, desnacionalizada, en buena medida exiliada y, ahora, camino de quedar constitucionalmente inhabilitada para competir.