José Luis Rodríguez Zapatero llega a esta semana como quien llega al borde de un precipicio sin red. El martes, en la Audiencia Nacional, se juega mucho más que la suerte procesal de un amigo. Se juega su propio relato, el que ha sostenido durante meses con la displicencia de quien cree que la política es todavía un parapeto para eludir la Justicia.
Julio Martínez, «Julito», su hombre de confianza, su alter ego empresarial, comparece mañana martes ante el juez Calama. Durante meses parecía una incógnita si aguantaría en silencio o si optaría por hablar. Hoy, si el silencio de Julito cotizase en bolsa, pocos apostarían un solo euro por él. Si termina hablando y colaborando, no será, desde luego, por convicción, sino porque no le queda otra salida razonable. El precedente del Supremo con Aldama ha dejado un mensaje muy claro para cualquier imputado con información sensible: quien colabora se libra de la cárcel; quien calla se acerca a ella.
Ese cálculo, frío y racional, es el que puede sepultar definitivamente la posición de Zapatero. Porque «Julito» no es un comparsa cualquiera. Es, según la instrucción, el segundo escalón de una presunta organización criminal, el hombre que canalizaba el dinero a través de sociedades pantalla, el que aparece con casi 300.000 euros en efectivo en su domicilio y anotaciones sobre compraventa de oro y petróleo. Si ese hombre empieza a hablar, lo hace desde dentro, no desde fuera. Y lo que diga no será una opinión: será un testimonio directo sobre cómo funcionaba —si funcionaba— el entramado de comisiones en torno al rescate de Plus Ultra.
Zapatero ya no puede escudarse en la ambigüedad. En su declaración como investigado evitó aclarar el estado real de su amistad con Martínez, como si la vaguedad fuera todavía una estrategia viable. Pero la vaguedad se agotaría definitivamente si el propio testaferro decidiera hablar. El escenario empeoraría si, de manera simultánea, el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, se aprestase a reconocer que él y Zapatero estuvieron detrás del rescate público de la aerolínea. Este hipotético escenario, con dos declaraciones convergentes, autoinculpatorias y casi simultáneas, sería letal.
El deterioro de la imagen del expresidente no es nuevo. Del hallazgo de joyas en su despacho a la sospecha de comisiones millonarias —1,95 millones, según el instructor— hay un hilo conductor: la distancia cada vez mayor entre el estadista que quiso ser y el vértice de una organización criminal internacional que la instrucción judicial va perfilando. Y el problema no es solo suyo. Es del PSOE, que no puede permitirse que la sombra de Venezuela y de posibles trasvases de dinero hacia sus propias arcas siga creciendo sin respuesta política, más allá de la judicial.
Zapatero ha vivido de la ambigüedad calculada durante años. Esta semana, esa ambigüedad empieza a tener un precio. Y quien mejor lo sabe es él mismo, que observa cómo su destino procesal ya no depende de lo que diga, sino de lo que decida callar —o no— un empresario con las manos llenas de oro y de preguntas sin responder.