La política de vivienda que llevamos padeciendo desde hace mucho tiempo en nuestro país vuelve a no coger los toros por los cuernos. Las autoridades que diseñan los planes confunden la intervención urgente con las soluciones estructurales y como en los grandes asuntos de la vida hay que ser sincero con uno mismo e intentar no parchear. El reciente decreto del Gobierno para prorrogar los contratos de alquiler ha sido presentado como un escudo social frente a la escalada de precios. De momento no ha salido adelante pero prácticamente todos los expertos que han pasado estas semanas por “La Mirada Crítica” coinciden en que lejos de resolver el principal reto que tiene este país, contribuía a agravarlo, lejos de resolver el problema.
A nadie ha llamado la atención la derrota que ha tenido este decreto en el Congreso. Yo creo que el propio gobierno lo sabia aquel martes cuando lo aprobó en Consejo de Ministros. Las cuentas no salían y como ha confirmado Junts de quien dependía en parte que esto saliese adelante ningún miembro socialista lo ha intentado “negociar”. Es decir el Ejecutivo volvió a legislar sin una mayoría amarrada, como en la mayoría de los temas, y confiando en apoyos que ultimamente nunca llegan a consolidarse. El resultado fue que PP, Vox y Junts votaron en contra y el PNV acabó absteniéndose por dudas sobre la seguridad jurídica. Y es verdad lo que dicen los nacionalistas vascos. Intervenir los contratos de forma reiterada erosiona la seguridad jurídica y desincentiva la oferta. Y esta es la clave. En este país como en otros países europeos hay poca oferta, no es suficiente, y con esta base no existe política de vivienda que pueda sostenerse. Esta política busca frenar prácticas especulativas, pero se enfrenta al desafío la escasez estructural de oferta y otro punto que parece que hay veces que al gobierno se le escapa: la competencia autonómica en gestión de vivienda.
La caída de la norma no es un simple revés político. Afecta a más de un millón de contratos y a unos 2,7 millones de inquilinos. A partir de ahora la gran cuestión es qué ocurre con quienes estaban pendientes de renovar, con quienes ya habían pedido la prórroga y con los contratos que vencen en las próximas semanas. La consecuencia inmediata es clara para los contratos que venzan a partir de la no convalidación. Ya no se podrá pedir esa prórroga extraordinaria de dos años. Es decir el alquiler volverá a regirse por el marco general de la Ley de Arrendamientos Urbanos y por lo que recoja el contrato en materia de duración, prórrogas obligatorias y renovaciones. Y ¿qué pasa con las solicitudes ya hechas? Este es punto más delicado porque durante las semanas en las que el decreto estuvo vigente, muchos inquilinos enviaron burofaxes o correos certificados pidiendo acogerse a la prórroga. El ministerio de Consumo sostiene que las solicitudes formuladas mientras la norma estuvo viva tienen que tener validez pero no hay unanimidad jurídica. Algunos abogados y expertos a los que hemos entrevistado apuntan a que al decaer el decreto de prórroga de los alquileres, podría abrirse un escenario de litigios entre arrendadores e inquilinos.
Volviendo otra vez a la naturaleza del decreto el resultado de un exceso de intervencionismo es de sobra conocido. Se retiran viviendas del mercado, se encarecen el resto de los pisos y muchos arrendadores intentan para sacar mayor beneficio económico escapar de esta regulación con fórmulas que van desde el alquiler temporal al turístico. Y esto es exactamente lo contrario a lo que se defiende ¿o no?
Las medidas se están puliendo y vamos a ver si se elimina de alguna forma esta inseguridad jurídica pero lo que se ha puesto sobre la mesa no es la fórmula. Este tipo de propuestas responden más a una lógica política, a la eterna cuestión de que algo tenemos que hacer, que a un diagnóstico riguroso. No se puede optar por decisiones de impacto, mediáticas sin abordar el problema de fondo. Gobernar no es prolongar los contratos de forma obligatoria, sino crear las condiciones para que haya más vivienda en alquiler y a precios asequibles. No se puede invocar el derecho a la vivienda y a la vez desincentivar a todos aquellos caseros que puedan ponerlas en el mercado. La solución no es la intervención. Se trata de ser coherente y establecer normativas que tranquilicen a quienes pueden sacar estos inmuebles al mercado.