Alicia del Río se ha convertido en la cara más visible de la acampada que desde la noche del 26 de septiembre ocupa la Puerta del Sol, nacida tras la manifestación ‘Ni una Maricarmen más’ por la vecina del Retiro de 87 años desahuciada el pasado miércoles. Así, se ha convertido en un foco de presión en materia de vivienda.
Junto a Valeria Racu, comparte la portavocía mediática del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, aunque la organización insiste en que su representación es amplia y colectiva.
Su trayectoria activista arranca en el 15M, cuando se le empezó a vincular en movimientos sociales. Durante cuatro años trabajó como orientadora de Secundaria en la educación pública madrileña y fue portavoz de Menos Lectivas, la asamblea de docentes surgida en 2023 para recuperar la jornada lectiva previa a los recortes de 2011. Aquel movimiento reclamaba 18 horas lectivas semanales en Secundaria y FP, bajar las ratios, reducir la burocracia, subir salarios e invertir en la escuela pública.
Fue precisamente en los institutos donde, según su trayectoria, se topó de frente con la otra crisis: el impacto de los desahucios en el alumnado. De ahí dio el paso a la portavocía del sindicato.
“No vamos a consentir que se nos den migajas”
Del Río atribuye a la movilización un primer resultado. “Gracias a esta acampada, gracias a esta fuerza que hemos demostrado, donde antes no había nada y estaba todo en un cajón, ahora hay un Real Decreto que tiene medidas que efectivamente vienen a mejorar las vidas inquilinas”, afirmó este lunes. Y enseguida matizó: “No vamos a consentir que se nos den migajas ni medidas vacías”.
Defiende que, mientras el inquilino cumpla, el propietario no pueda rescindir el alquiler. “Necesitamos renovación de contratos automática, porque las vidas inquilinas deben ser estables”, insiste. Y lo explica con el caso que más repite quien llega al sindicato: “Se ha acabado el contrato y nos vamos a la calle o nos hacen una subida que significa lo mismo que decirte que te vas a la calle”.
Rechaza además que el texto incorpore bonificaciones fiscales para propietarios, porque a su juicio “va en contra de la ciudadanía”, y considera sus demandas unas medidas “de mínimos”. Tampoco compra el argumento de que construir más resolverá el problema sin regular antes los precios: “¿Cómo vamos a ponernos a construir si no hay un tope de precios? Eso es como si tú quieres llenar una bañera de agua y no le pones el tapón”.
Mantiene su presión sobre el Consejo de Ministros de este martes, y se ha dirigido directamente a Pedro Sánchez: “¿Va a legislar a favor de las vidas inquilinas o va a colocarse del lado de los fondos buitre y del rentismo?”. Y ha advertido de que aprobar el decreto será solo “la primera batalla”, porque después llegará su convalidación en el Congreso.
La portavoz del sindicato también ha aclarado ante los medios que tienen “fuerza suficiente” para continuar en Sol si el decreto no sale como piden.
El Sindicato
La organización que representa nació en mayo de 2017. Está registrada como asociación, funciona sin órgano ejecutivo, y decide a través de una asamblea anual de afiliadas, plenarias bimestrales y un grupo de coordinación. Su trabajo diario se organiza en secciones por territorio y por gran propietario, y combina asesoría legal, negociación colectiva, vía judicial y movilización.
Supera los 4.000 afiliados en la Comunidad de Madrid. Las cuotas, de 10 euros al mes o 100 al año, suponen el 87% de su presupuesto; el resto procede de charlas y talleres y de donaciones. Asegura no recibir subvenciones públicas ni dinero de partidos, y destina el 10% de sus ingresos a una caja de resistencia.
En su historial figuran las protestas ante la feria inmobiliaria SIMA, la primera manifestación estatal por la vivienda de abril de 2025, una huelga de alquileres contra empresas como Alquiler Seguro y una negociación con Blackstone que, según el sindicato, terminó con más de 80 contratos nuevos.
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